El presidente Fernando de la Rúa advirtió hoy (miércoles 21) que no está aceptará una reestructuración de Aerolíneas Argentinas que implique despidos de personal, en tanto el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez consideró que la situación de la empresa debería ser tratada “a nivel político” el Presidente y su par español, José María Aznar.
“Es indudable que un plan para perder puestos de trabajo no nos gusta”, aseveró De la Rúa en una conferencia de prensa que brindó en la residencia de Olivos.
El Presidente aseguró que la Alianza criticó “desde el primer momento” la venta de Aerolíneas Argentinas al sector privado, porque consideraba que “era la peor privatización” que se llevó a cabo durante el gobierno de Carlos Menem.
Con un pasivo superior a US$ 800 millones y un déficit operativo mensual de por lo menos US$ 20 millones, Aerolíneas (de cuya propiedad el Estado argentino participa con 5% de las acciones) es operada desde febrero por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), un organismo del gobierno español que, a la vez, es uno de los principales accionistas.
La Sepi elaboró un plan de salvataje que, entre otras medidas, contempla capitalizar a la empresa en alrededor de US$ 650 millones, un fuerte ajuste de los gastos, una rebaja de 20% en los sueldos de los empleados, el abandono de rutas no rentables y el despido de 1.200 de los 6.700 trabajadores.
El próximo 24 de julio, la asamblea de accionistas de Aerolíneas deberá decidir si aprueba o no el plan de la Sepi.
El presidente de la Sepi, Pedro Ferreras, advirtió días atrás que si ese plan no fuera aprobado, Aerolíneas podría quebrar.
Por su condición de accionista, pero también por el impacto político que la cuestión tiene por ser Aerolíneas la empresa aerocomercial de bandera argentina, el gobierno encargó cuatro análisis técnicos para decidir luego qué posición adoptará.
Uno de esos análisis, elaborado por especialistas de la Secretaría de Transporte, cuestionó “severamente” el plan de la Sepi, según trascendió en los últimos días.
Según publicó días atrás el diario La Nación, las objeciones “van desde la evaluación del origen de la deuda de Aerolíneas hasta la pretensión de los españoles de responsabilizar al Estado argentino por cuestiones referidas a las negociaciones colectivas de trabajo o a las tasas que se cobran en los aeropuertos privatizados”.
El ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, manifestó en las últimas horas su convicción de que “vale la pena hacer el esfuerzo” para salvar a la compañía, pero advirtió que no ve con buenos ojos la reducción de la planta de personal.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, señaló ayer que, dado que Aerolíneas es una empresa privada, no le corresponde al gobierno aprobar o rechazar el plan de la Sepi.
Hoy, Alvarez sostuvo que la Sepi “tiene que hacerse cargo y hacer un plan de salvataje que no tenga los costos sociales que está proponiendo”, porque “nosotros (por el gobierno) no vamos a ir a salvar los negocios privados”.
No obstante, señaló que el de Aerolíneas es “un tema que hay que hablar inclusive con las autoridades españolas, que el propio Presidente tiene que hablar con el jefe del gobierno español”.
Fuentes gubernamentales citadas por la agencia DYN revelaron que tanto los jefes de gobierno como los cancilleres, Adalberto Rodríguez Giavarini y Josep Piqué, iniciaron contactos telefónicos para tratar el tema.
El presidente Fernando de la Rúa advirtió hoy (miércoles 21) que no está aceptará una reestructuración de Aerolíneas Argentinas que implique despidos de personal, en tanto el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez consideró que la situación de la empresa debería ser tratada “a nivel político” el Presidente y su par español, José María Aznar.
“Es indudable que un plan para perder puestos de trabajo no nos gusta”, aseveró De la Rúa en una conferencia de prensa que brindó en la residencia de Olivos.
El Presidente aseguró que la Alianza criticó “desde el primer momento” la venta de Aerolíneas Argentinas al sector privado, porque consideraba que “era la peor privatización” que se llevó a cabo durante el gobierno de Carlos Menem.
Con un pasivo superior a US$ 800 millones y un déficit operativo mensual de por lo menos US$ 20 millones, Aerolíneas (de cuya propiedad el Estado argentino participa con 5% de las acciones) es operada desde febrero por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), un organismo del gobierno español que, a la vez, es uno de los principales accionistas.
La Sepi elaboró un plan de salvataje que, entre otras medidas, contempla capitalizar a la empresa en alrededor de US$ 650 millones, un fuerte ajuste de los gastos, una rebaja de 20% en los sueldos de los empleados, el abandono de rutas no rentables y el despido de 1.200 de los 6.700 trabajadores.
El próximo 24 de julio, la asamblea de accionistas de Aerolíneas deberá decidir si aprueba o no el plan de la Sepi.
El presidente de la Sepi, Pedro Ferreras, advirtió días atrás que si ese plan no fuera aprobado, Aerolíneas podría quebrar.
Por su condición de accionista, pero también por el impacto político que la cuestión tiene por ser Aerolíneas la empresa aerocomercial de bandera argentina, el gobierno encargó cuatro análisis técnicos para decidir luego qué posición adoptará.
Uno de esos análisis, elaborado por especialistas de la Secretaría de Transporte, cuestionó “severamente” el plan de la Sepi, según trascendió en los últimos días.
Según publicó días atrás el diario La Nación, las objeciones “van desde la evaluación del origen de la deuda de Aerolíneas hasta la pretensión de los españoles de responsabilizar al Estado argentino por cuestiones referidas a las negociaciones colectivas de trabajo o a las tasas que se cobran en los aeropuertos privatizados”.
El ministro de Infraestructura y Vivienda, Nicolás Gallo, manifestó en las últimas horas su convicción de que “vale la pena hacer el esfuerzo” para salvar a la compañía, pero advirtió que no ve con buenos ojos la reducción de la planta de personal.
El ministro de Economía, José Luis Machinea, señaló ayer que, dado que Aerolíneas es una empresa privada, no le corresponde al gobierno aprobar o rechazar el plan de la Sepi.
Hoy, Alvarez sostuvo que la Sepi “tiene que hacerse cargo y hacer un plan de salvataje que no tenga los costos sociales que está proponiendo”, porque “nosotros (por el gobierno) no vamos a ir a salvar los negocios privados”.
No obstante, señaló que el de Aerolíneas es “un tema que hay que hablar inclusive con las autoridades españolas, que el propio Presidente tiene que hablar con el jefe del gobierno español”.
Fuentes gubernamentales citadas por la agencia DYN revelaron que tanto los jefes de gobierno como los cancilleres, Adalberto Rodríguez Giavarini y Josep Piqué, iniciaron contactos telefónicos para tratar el tema.
