Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y los directivos de la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que controla Aerolíneas Argentinas, volvieron a reunirse, a fin de discutir la posibilidad, ya planteada con anterioridad por la administración española, de reducir el personal de la compañía.
Ambas partes acordaron una nueva reunión para hoy (lunes 21), lo que fue interpretado por los funcionarios argentinos como un avance en las negociaciones tras la huelga de 9 días que hicieron los sindicatos aeronáuticos por el despido de trabajadores.
De la reunión participaron la ministra y el secretario de Trabajo, Patricia Bulrrich y Anselmo Riva, respectivamente, el presidente de la Sepi en la Argentina, Emilio Cabrera, y el abogado de Aerolíneas Argentinas, Daniel Funes de Rioja.
Fuentes del Gobierno argentino dijeron extraoficialmente que “se están haciendo grandes esfuerzos, y hay un avance para tratar de no agravar la situación” surgida en la aerolínea por el plan para reducir el personal.
Antes de participar en la reunión, Bullrich admitió, en declaraciones a Radio Mitre, que su Gobierno “ya no cuenta con mecanismos legales para obligar” a la empresa y a los sindicatos a conciliar intereses.
Y no descartó que cuando venza la conciliación obligatoria vuelva a recrudecer el conflicto.
Cuando le preguntaron si los sindicatos podrían convocar otra huelga o si la Sepi podría despedir a más trabajadores, la Ministra dijo que “eso era posible”.
El viernes los técnicos de Aerolíneas Argentinas se negaron a firmar un acuerdo, al que sí accedieron los otros seis gremios aeronáuticos, para que el conflicto pase a una etapa de negociación de nuevas pautas laborales entre sindicatos y la empresa, con el arbitraje del Ministerio de Trabajo.
El secretario general del sindicato de trabajadores técnicos, Ricardo Cirielli, pidió un nuevo plazo hasta el martes para estudiar la propuesta de negociar nuevas pautas laborales, aunque condicionó toda eventual negociación al pago de los salarios de abril pasado.
El secretario de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta), sostuvo que “nada garantiza” que Aerolíneas Argentinas “esté volando en los próximos dos años” en caso de que se resuelva el conflicto, en tanto que el secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo, reclamó “una intervención del Estado clara” para “revisar la política aérea”.
Cirielli aseveró que “nada garantiza” que Aerolíneas “esté volando en los próximos dos años”, en respuesta a la propuesta elevada por esa compañía para terminar con el conflicto planteado con los diferentes gremios del sector.
El dirigente afirmó que esta oferta “no prevé inversiones ni crecimiento de la compañía aérea” y reclamó “que nos digan cuántos aviones nuevos van a traer este año, donde se va a hacer el mantenimiento” y aseguró que “están preparando los aviones para llevarlos a Chile y Brasil”.
La Apta contestaría el próximo martes si acepta o no que el conflicto sea resuelto mediante un arbitraje voluntario organizado por el ministerio de Trabajo.
“Quién puede garantizar que esta empresa va a estar volando en los próximos dos años, si están reduciendo escalas. En junio levantan Jujuy y Santiago del Estero. Viene de 11 años incumpliendo sistemáticamente”, dijo Cirielli a R0adio América.
En tanto, el diputado nacional Gustavo Gutiérrez anticipó que un grupo de legisladores argentinos viajará la próxima semana a Madrid para negociar con sus homólogos españoles una solución al conflicto de Aerolíneas Argentinas.
El Ministerio de Trabajo “está cumpliendo una tarea muy desagradable sobre un tema comercial, empresarial y político, que no es laboral”, dijo al justificar la intervención de los legisladores en el asunto.
Aerolíneas Argentinas está controlada por la Sepi, que tiene 91,2% de las acciones. En el capital también están representados el Estado argentino y los trabajadores.
La empresa, que fue privatizada en un proceso que comenzó en 1990, pierde anualmente unos US$ 250 millones y tiene unas deudas acumuladas de cerca de US$ 900 millones.
La Sepi propuso el año pasado un plan para rescatar a la empresa y a su filial de vuelos locales, Austral, mediante el aporte de US$ 650 millones y un programa para reducir costos, replantear las rutas, renegociar las deudas y recortar el personal de 6.000 trabajadores.
Pero ese plan no ha podido ejecutarse plenamente por la oposición de los sindicatos más duros, que protagonizaron una huelga de nueve días desde el 24 de abril y realizan periódicas protestas en las calles de Buenos Aires y en las terminales aéreas.
Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y los directivos de la española Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que controla Aerolíneas Argentinas, volvieron a reunirse, a fin de discutir la posibilidad, ya planteada con anterioridad por la administración española, de reducir el personal de la compañía.
Ambas partes acordaron una nueva reunión para hoy (lunes 21), lo que fue interpretado por los funcionarios argentinos como un avance en las negociaciones tras la huelga de 9 días que hicieron los sindicatos aeronáuticos por el despido de trabajadores.
De la reunión participaron la ministra y el secretario de Trabajo, Patricia Bulrrich y Anselmo Riva, respectivamente, el presidente de la Sepi en la Argentina, Emilio Cabrera, y el abogado de Aerolíneas Argentinas, Daniel Funes de Rioja.
Fuentes del Gobierno argentino dijeron extraoficialmente que “se están haciendo grandes esfuerzos, y hay un avance para tratar de no agravar la situación” surgida en la aerolínea por el plan para reducir el personal.
Antes de participar en la reunión, Bullrich admitió, en declaraciones a Radio Mitre, que su Gobierno “ya no cuenta con mecanismos legales para obligar” a la empresa y a los sindicatos a conciliar intereses.
Y no descartó que cuando venza la conciliación obligatoria vuelva a recrudecer el conflicto.
Cuando le preguntaron si los sindicatos podrían convocar otra huelga o si la Sepi podría despedir a más trabajadores, la Ministra dijo que “eso era posible”.
El viernes los técnicos de Aerolíneas Argentinas se negaron a firmar un acuerdo, al que sí accedieron los otros seis gremios aeronáuticos, para que el conflicto pase a una etapa de negociación de nuevas pautas laborales entre sindicatos y la empresa, con el arbitraje del Ministerio de Trabajo.
El secretario general del sindicato de trabajadores técnicos, Ricardo Cirielli, pidió un nuevo plazo hasta el martes para estudiar la propuesta de negociar nuevas pautas laborales, aunque condicionó toda eventual negociación al pago de los salarios de abril pasado.
El secretario de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (Apta), sostuvo que “nada garantiza” que Aerolíneas Argentinas “esté volando en los próximos dos años” en caso de que se resuelva el conflicto, en tanto que el secretario general de la presidencia, Nicolás Gallo, reclamó “una intervención del Estado clara” para “revisar la política aérea”.
Cirielli aseveró que “nada garantiza” que Aerolíneas “esté volando en los próximos dos años”, en respuesta a la propuesta elevada por esa compañía para terminar con el conflicto planteado con los diferentes gremios del sector.
El dirigente afirmó que esta oferta “no prevé inversiones ni crecimiento de la compañía aérea” y reclamó “que nos digan cuántos aviones nuevos van a traer este año, donde se va a hacer el mantenimiento” y aseguró que “están preparando los aviones para llevarlos a Chile y Brasil”.
La Apta contestaría el próximo martes si acepta o no que el conflicto sea resuelto mediante un arbitraje voluntario organizado por el ministerio de Trabajo.
“Quién puede garantizar que esta empresa va a estar volando en los próximos dos años, si están reduciendo escalas. En junio levantan Jujuy y Santiago del Estero. Viene de 11 años incumpliendo sistemáticamente”, dijo Cirielli a R0adio América.
En tanto, el diputado nacional Gustavo Gutiérrez anticipó que un grupo de legisladores argentinos viajará la próxima semana a Madrid para negociar con sus homólogos españoles una solución al conflicto de Aerolíneas Argentinas.
El Ministerio de Trabajo “está cumpliendo una tarea muy desagradable sobre un tema comercial, empresarial y político, que no es laboral”, dijo al justificar la intervención de los legisladores en el asunto.
Aerolíneas Argentinas está controlada por la Sepi, que tiene 91,2% de las acciones. En el capital también están representados el Estado argentino y los trabajadores.
La empresa, que fue privatizada en un proceso que comenzó en 1990, pierde anualmente unos US$ 250 millones y tiene unas deudas acumuladas de cerca de US$ 900 millones.
La Sepi propuso el año pasado un plan para rescatar a la empresa y a su filial de vuelos locales, Austral, mediante el aporte de US$ 650 millones y un programa para reducir costos, replantear las rutas, renegociar las deudas y recortar el personal de 6.000 trabajadores.
Pero ese plan no ha podido ejecutarse plenamente por la oposición de los sindicatos más duros, que protagonizaron una huelga de nueve días desde el 24 de abril y realizan periódicas protestas en las calles de Buenos Aires y en las terminales aéreas.
