Quattrone deberá ser vuelto a juzgar por el mismo cargo
Un tribunal federal de apelaciones anuló una condena por obstrucción a la justicia. Afectaba a Frank Quattrone, banquero estrella de Crédit Suisse First Boston durante la burbuja tecnológica.
Esta rara reversión al veredicto de un jurado es considerada, por medios allegados al mundo bursátil, como una seria derrota para el departamento de Justicia, que había erigido a Quattrone como símbolo de los excesos cometidos por Wall Street durante el auge de la “nueva economía” (1997-2000). Una comisión de tres jueces (segundo circuito federal, Manhattan) halló que las instrucciones del magistrado de primera instancia al jurado no especificaban establecer si el procesado había tratado de frustran una investigación de los fiscales.
El dictamen de sesenta fojas recuerda otro revés en un caso similar: la decisión de la Corte Suprema (2005) anulando la sentencia contra Arthur Andersen. El estudio contable, que fuera auditor externo de Enron, fue también condenado por obstruir la justicia y, como ahora pero en tercera instancia, se sostuvo que las instrucciones al jurado eran demasiado vagas.
Quattrone, que timoneó importantes ofertas públicas iniciales (OPI) de firmas de TI o Internet, operaba en CSFB y fue condenado en mayo de 2004. Al parcer, había autorizado a un colega para ordenar por correo electrónico “limpiar” archivos comprometedores. En ese momento, Justicia investigaba si la banca de inversión había cobrado para incluir determinados clientes en OPI muy redituables. La práctica era muy común en el ambiente. Pero, a diferencia de Salomon Smith Barney (Citigroup), no se condenó a CSFB.
El acusado afrontaba año y medio de cárcel, pero siguió libre mientras se cursaba la apelación. Ahora, no queda claro si los fiscales abrirán un tercer proceso, pues Quattrone ha pasado por dos. El primero fue anulado porque el jurado no pudo llegar a acuerdo, el segundo acaba de serlo por otros motivos. Por su parte, la fiscalía federal de Manhattan señaló que estudiará el asunto.
A criterio de los tres conjueces de alzada, existen pruebas suficientes para volver a encausar a Quattrone. Aun tras resolver que el juez Richard Owen había dado instrucciones insuficientes al jurado, concide con otras decisiones en la causa. En particular, la de limitar la presentación de “evidencias desincriminatorias” exigidas por la defensa.
No obstante, la comisión declaró que, en interés de la justicia, el caso debiera asignarse a otro magistrado. Si bien no hay pruebas de prejuicios contra el procesado, Owen había “hecho ciertos comentarios poco prudentes, tras conocerse el fallo”. En general, los jurisconsultos estiman que la anulación no emite un mensaje, a tribunales de primera instancia, sobre cómo encarar casos futuros.
Robert Mintz, ex fiscal en la misma causa, señalaba: “En un proceso donde el delito ha ocurrido en segundo, se trata casi siempre de probar el intento. ¿Quattrone trató de destruir documentos que, según su conocimiento, el estado había exigido? En verdad, la sentencia de alzada sólo declara que las instrucciones al jurado omitieron esa pregunta clave”.
Esta rara reversión al veredicto de un jurado es considerada, por medios allegados al mundo bursátil, como una seria derrota para el departamento de Justicia, que había erigido a Quattrone como símbolo de los excesos cometidos por Wall Street durante el auge de la “nueva economía” (1997-2000). Una comisión de tres jueces (segundo circuito federal, Manhattan) halló que las instrucciones del magistrado de primera instancia al jurado no especificaban establecer si el procesado había tratado de frustran una investigación de los fiscales.
El dictamen de sesenta fojas recuerda otro revés en un caso similar: la decisión de la Corte Suprema (2005) anulando la sentencia contra Arthur Andersen. El estudio contable, que fuera auditor externo de Enron, fue también condenado por obstruir la justicia y, como ahora pero en tercera instancia, se sostuvo que las instrucciones al jurado eran demasiado vagas.
Quattrone, que timoneó importantes ofertas públicas iniciales (OPI) de firmas de TI o Internet, operaba en CSFB y fue condenado en mayo de 2004. Al parcer, había autorizado a un colega para ordenar por correo electrónico “limpiar” archivos comprometedores. En ese momento, Justicia investigaba si la banca de inversión había cobrado para incluir determinados clientes en OPI muy redituables. La práctica era muy común en el ambiente. Pero, a diferencia de Salomon Smith Barney (Citigroup), no se condenó a CSFB.
El acusado afrontaba año y medio de cárcel, pero siguió libre mientras se cursaba la apelación. Ahora, no queda claro si los fiscales abrirán un tercer proceso, pues Quattrone ha pasado por dos. El primero fue anulado porque el jurado no pudo llegar a acuerdo, el segundo acaba de serlo por otros motivos. Por su parte, la fiscalía federal de Manhattan señaló que estudiará el asunto.
A criterio de los tres conjueces de alzada, existen pruebas suficientes para volver a encausar a Quattrone. Aun tras resolver que el juez Richard Owen había dado instrucciones insuficientes al jurado, concide con otras decisiones en la causa. En particular, la de limitar la presentación de “evidencias desincriminatorias” exigidas por la defensa.
No obstante, la comisión declaró que, en interés de la justicia, el caso debiera asignarse a otro magistrado. Si bien no hay pruebas de prejuicios contra el procesado, Owen había “hecho ciertos comentarios poco prudentes, tras conocerse el fallo”. En general, los jurisconsultos estiman que la anulación no emite un mensaje, a tribunales de primera instancia, sobre cómo encarar casos futuros.
Robert Mintz, ex fiscal en la misma causa, señalaba: “En un proceso donde el delito ha ocurrido en segundo, se trata casi siempre de probar el intento. ¿Quattrone trató de destruir documentos que, según su conocimiento, el estado había exigido? En verdad, la sentencia de alzada sólo declara que las instrucciones al jurado omitieron esa pregunta clave”.
