Piden que se juzgue a George Soros

La Fiscalía de París quiere llevar ante los tribunales al financiero estadounidense. Lo acusa de haber manejado información privilegiada en una OPA lanzada sobre el Société Générale en 1988.

30 noviembre, 2000

(EFE).- La Fiscalía de París pidió que el Tribunal Correccional juzgue al financiero estadounidense de origen húngaro George Soros en un caso de presunta utilización de información privilegiada durante una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada sobre el banco Société Générale en 1988.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía solicitó igualmente que se juzgue por los mismos cargos al financiero libanés Samir Traboulsi, a Jean Charles Naouri, que fue entre 1982 y 1986 director del gabinete del ex primer ministro socialista, Pierre Bérégovoy, y al banquero Jean Pierre Peyraud.

El Ministerio Público solicitó, sin embargo, el sobreseimiento de los cargos que pesan sobre el antiguo presidente de L´Oreal, Francois Dalle, su mujer, Genevieve Dalle, el promotor inmobiliario Christian Pellerin y los financieros Jean y Jean Claude Foureau.

Igualmente consideró que el ex presidente de la sociedad Marceau Investissements, Georges Pébereau -hermano del actual presidente de BNP-Paribas, Michel Pébereau- y el entonces presidente de Société Générale, Marc Viénot, no pueden ser perseguidos porque fueron amnistiados.

La decisión final de abrir un proceso corresponde a la juez de instrucción Isabelle Prevost-Desprez, la última magistrada que instruyó el caso, abierto en mayo de 1990.

La Fiscalía sospecha que las personas a las que quiere llevar ante los tribunales especularon con las acciones de Société Générale a sabiendas de que se iba a lanzar una OPA sobre el banco, que finalmente fracasó.

Al final de la OPA, la Sociedad Inmobiliaria de Gestión y de Participación (SIGP) –participada por la empresa pública Caja de Depósitos y Consignaciones– se hizo con 10% del capital de Société Générale, que había sido privatizado un año y medio antes por el Gobierno del conservador Eduard Balladur.

La revelación del caso provocó un gran revuelo en Francia por las eventuales motivaciones políticas de la operación bursátil, y la entonces oposición de derechas acusó a los poderes públicos de intentar romper el “núcleo duro” del banco recién privatizado.

(EFE).- La Fiscalía de París pidió que el Tribunal Correccional juzgue al financiero estadounidense de origen húngaro George Soros en un caso de presunta utilización de información privilegiada durante una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada sobre el banco Société Générale en 1988.

Fuentes judiciales indicaron que la Fiscalía solicitó igualmente que se juzgue por los mismos cargos al financiero libanés Samir Traboulsi, a Jean Charles Naouri, que fue entre 1982 y 1986 director del gabinete del ex primer ministro socialista, Pierre Bérégovoy, y al banquero Jean Pierre Peyraud.

El Ministerio Público solicitó, sin embargo, el sobreseimiento de los cargos que pesan sobre el antiguo presidente de L´Oreal, Francois Dalle, su mujer, Genevieve Dalle, el promotor inmobiliario Christian Pellerin y los financieros Jean y Jean Claude Foureau.

Igualmente consideró que el ex presidente de la sociedad Marceau Investissements, Georges Pébereau -hermano del actual presidente de BNP-Paribas, Michel Pébereau- y el entonces presidente de Société Générale, Marc Viénot, no pueden ser perseguidos porque fueron amnistiados.

La decisión final de abrir un proceso corresponde a la juez de instrucción Isabelle Prevost-Desprez, la última magistrada que instruyó el caso, abierto en mayo de 1990.

La Fiscalía sospecha que las personas a las que quiere llevar ante los tribunales especularon con las acciones de Société Générale a sabiendas de que se iba a lanzar una OPA sobre el banco, que finalmente fracasó.

Al final de la OPA, la Sociedad Inmobiliaria de Gestión y de Participación (SIGP) –participada por la empresa pública Caja de Depósitos y Consignaciones– se hizo con 10% del capital de Société Générale, que había sido privatizado un año y medio antes por el Gobierno del conservador Eduard Balladur.

La revelación del caso provocó un gran revuelo en Francia por las eventuales motivaciones políticas de la operación bursátil, y la entonces oposición de derechas acusó a los poderes públicos de intentar romper el “núcleo duro” del banco recién privatizado.

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