KPMG se salvó de una causa, pero se le vienen otras encima
Al admitir, días atrás, venta ilícita de mecanismos para eludir impuestos, KPMG evita cargos penales. Pero, al mismo tiempo, aumenta su vulnerabilidad a costosos litigios de carácter civil o comercial.
Uno de los estudios contables líderes del mundo asumió “total responsabilidad” en abusos cometidos con la venta de “tax shelters”, con lo cual socava la posición legal de compañías procesadas por vía civil. Es decir, que operaron con algún intermediario en el manejo de sistemas para evadir impuestos y, ahora, afrontan cientos de millones en reclamos potenciales de sus clientes.
Entre quienes ya son objetos de pleitos figuran estudios jurídicos, asesores de inversión y Deutsche Bank. Al respecto, los alemanes no quisieron formular comentarios. En el pasado, la entidad definía su papel como “transacciones ordinarias de intermediación financiera”. Exactamente, las explicaciones que daba en el caso Parmalat.
Tampoco KPMG quería hablar con los medios, más allá del comunicado emitido este jueves. Tiempo antes, la firma dijo que había cambiado sus prácticas en la materia.
Sea como fuera, al admitir conductas y procedimientos dolosos y declararse dispuesto a cooperar con el Internal Revenue Service (la DGI norteamericana), el estudio corre un riesgo: esa cooperación puede volverse contra sí mismo en futuras acciones civiles. Naturalmente, la admisión hace muy felices a los abogados que representan inversores que compraron “tax shelters” cuestionables.
El lado político también es alarmante. Según el informe (2003) de un subcomité senatorial investigador, cuatro esquemas pro evasión vendidos por KPMG instrumentaban una serie de créditos y otras transacciones dolosas para simular pérdidas tributarias y compensar ganancias de capital. Los planes se colocaron entre 1997 y 2001, a veces vía un centro de telemarketing en Indiana, y le reportaron al estudio honorarios por US$ 124 millones. Uno de esos “refugios” redujo pagos impositivos en US$ 1.400 millones.
Uno de los estudios contables líderes del mundo asumió “total responsabilidad” en abusos cometidos con la venta de “tax shelters”, con lo cual socava la posición legal de compañías procesadas por vía civil. Es decir, que operaron con algún intermediario en el manejo de sistemas para evadir impuestos y, ahora, afrontan cientos de millones en reclamos potenciales de sus clientes.
Entre quienes ya son objetos de pleitos figuran estudios jurídicos, asesores de inversión y Deutsche Bank. Al respecto, los alemanes no quisieron formular comentarios. En el pasado, la entidad definía su papel como “transacciones ordinarias de intermediación financiera”. Exactamente, las explicaciones que daba en el caso Parmalat.
Tampoco KPMG quería hablar con los medios, más allá del comunicado emitido este jueves. Tiempo antes, la firma dijo que había cambiado sus prácticas en la materia.
Sea como fuera, al admitir conductas y procedimientos dolosos y declararse dispuesto a cooperar con el Internal Revenue Service (la DGI norteamericana), el estudio corre un riesgo: esa cooperación puede volverse contra sí mismo en futuras acciones civiles. Naturalmente, la admisión hace muy felices a los abogados que representan inversores que compraron “tax shelters” cuestionables.
El lado político también es alarmante. Según el informe (2003) de un subcomité senatorial investigador, cuatro esquemas pro evasión vendidos por KPMG instrumentaban una serie de créditos y otras transacciones dolosas para simular pérdidas tributarias y compensar ganancias de capital. Los planes se colocaron entre 1997 y 2001, a veces vía un centro de telemarketing en Indiana, y le reportaron al estudio honorarios por US$ 124 millones. Uno de esos “refugios” redujo pagos impositivos en US$ 1.400 millones.
