Italia: dos escándalos financieros en simultáneo
Por una parte, un banquero quedó involucrado en la quiebra de la firma Cirio: 1.150 millones y 35.000 personas a la calle. Por la otra, Parmalat no sabe adónde fueron a parar 500 millones colocados en Caimán.
El 6-12-03, la justicia acusó de estafa vía emisión
de obligaciones a Cesare Geronzi, influyente banquero italiano. Esto en el proceso
iniciado con el crac de la antigua empresa familiar Cirio (julio). Geronzi preside
Capitalia, tercer grupo financiero peninsular -que controla Banca di Roma-, y
tiene estrechos vínculos con el primer ministro Silvio Berlusconi (a su
vez, imputado en dos procesos “cajoneados” por una oportuna ley a medida).
La figura es “bancarrota fraudulenta”, en perjuicio de 450.000 ahorristas
y pequeños inversores. Tanto por monto como por masa afectada, Cirio
es mucho peor que el tan cacareado cese de pagos argentino. Los allanamientos
empezaron en agosto y continúan.
En cuanto al gigante lácteo Parmalat SpA, este lunes ha reiterado que
no logra ubicar € 500 millones invertidos en Epicurum, un fondo con sede
legal en Caimán. Obviamente, los medios no cesan de ironizar sobre el
nombre de la cartera -poco apropiado- y la suerte del dinero.
Ahora, inversores, accionistas y abogados están casi seguros de que
esa suma se ha hecho humo por los vericuetos del lavado. Amén de los
millones en sí, esto pone en tela de juicio las aptitudes de la empresa
-o sea, su dirigencia- para controlar efectivo, tener acceso a sus propias colocaciones
y afrontar el servicio de su cuantiosa deuda.
Además, los directivos de la firma todavía no explican por qué
pusieron semejante suma en una sola cartera. Tampoco se conocen la naturaleza
de Epicurum, su estrategia inversora ni quiénes lo manejan. Pero el asunto
no termina ahí: Parmalat admitió haber hecho arreglos financieros
con Citigroup mediante un sistema llamado “bucco nero” (agujero negro,
pero también “bucanero”: otra mala elección onomástica).
Este acuerdo se estableció en 1999 y se renovó en 2001. El informe
anexo al balance 2002 se limita a describirlo como “contrato de coparticipación
diseñado por una de las firmas consolidadas y un socio del sector financiero”.
Citigroup no acepta ni niega haber hecho nada ilegal, pero decidió abandonar
ese tipo de instrumentos.
El 6-12-03, la justicia acusó de estafa vía emisión
de obligaciones a Cesare Geronzi, influyente banquero italiano. Esto en el proceso
iniciado con el crac de la antigua empresa familiar Cirio (julio). Geronzi preside
Capitalia, tercer grupo financiero peninsular -que controla Banca di Roma-, y
tiene estrechos vínculos con el primer ministro Silvio Berlusconi (a su
vez, imputado en dos procesos “cajoneados” por una oportuna ley a medida).
La figura es “bancarrota fraudulenta”, en perjuicio de 450.000 ahorristas
y pequeños inversores. Tanto por monto como por masa afectada, Cirio
es mucho peor que el tan cacareado cese de pagos argentino. Los allanamientos
empezaron en agosto y continúan.
En cuanto al gigante lácteo Parmalat SpA, este lunes ha reiterado que
no logra ubicar € 500 millones invertidos en Epicurum, un fondo con sede
legal en Caimán. Obviamente, los medios no cesan de ironizar sobre el
nombre de la cartera -poco apropiado- y la suerte del dinero.
Ahora, inversores, accionistas y abogados están casi seguros de que
esa suma se ha hecho humo por los vericuetos del lavado. Amén de los
millones en sí, esto pone en tela de juicio las aptitudes de la empresa
-o sea, su dirigencia- para controlar efectivo, tener acceso a sus propias colocaciones
y afrontar el servicio de su cuantiosa deuda.
Además, los directivos de la firma todavía no explican por qué
pusieron semejante suma en una sola cartera. Tampoco se conocen la naturaleza
de Epicurum, su estrategia inversora ni quiénes lo manejan. Pero el asunto
no termina ahí: Parmalat admitió haber hecho arreglos financieros
con Citigroup mediante un sistema llamado “bucco nero” (agujero negro,
pero también “bucanero”: otra mala elección onomástica).
Este acuerdo se estableció en 1999 y se renovó en 2001. El informe
anexo al balance 2002 se limita a describirlo como “contrato de coparticipación
diseñado por una de las firmas consolidadas y un socio del sector financiero”.
Citigroup no acepta ni niega haber hecho nada ilegal, pero decidió abandonar
ese tipo de instrumentos.
