El riesgo cedería a 660 puntos y le ponen cerrojo al canje
Standard & Poors estudia subir el país a B-, sacándolo de cese de pagos selectivo. Eso reduciría el riesgo a 660 puntos. Economía lo sabía de antemano y por eso bloqueará posibilidades de reabrir en canje. Séptimo fallo contra bancos.
Argentina está “exilada” desde el último día de 2001. En ese momento, un efímero presidente –que hoy trata de volver a las candilejas junto con un antecesor que dejó la deuda luego impagable- declaró ese “default” entre bombos y con la anuencia de legisladores poco sensatos.
La agencia señaló que la calificación B- se aplicará a los nuevos bonos que van substituyendo a los afectados por el error político de 2001. Por otra parte, indicó que “espera asignar una calificación de emisor en moneda local y divisas a la República Argentina tras el cierre de la corriente restructuración de deuda”. El resultado directo será reducir el riesgo soberano –o sea, la quita sobre valor nominal de bonos- de 5/5.100 a 650/60.
Ello explica, de paso, que Roberto Lavagna haya redactado volando un anteproyecto de ley para inducir a los bonistas a entrar en canje y bloquear toda posibilidad (aun para el propio gobierno) de modificar o extender la actual propuesta. El Senado acaba de aprobarlo.
Sin duda, el gesto de S&P es una señal orientada en varias direcciones: Buenos Aires, FMI, “lobbies” armados por fondos buitres y acreedores en general. También lo es que el Fondo esté dispuesto a no exigir perentoriamente, este año, algunos vencimientos.
S&P explicó que su política es restaurar las notas de riesgo crediticio de un país cuando aún está saliendo de un cese de pagos si estima que mantendrá la solvencia, aunque “los títulos de los acreedores que no participen” en el proceso de canje permanezcan impagados. Esto recuerda un punto mencionado en este sitio pero silenciado en Buenos Aires: no existen topes de quita ni pisos de aceptación taxativos. En el caso argentino, son fabricaciones de intermediarios que quieren comprar muy barato y revender con margen, sus sellos de goma y sus voceros en ciertos medios.
Una mejora a “B-” comportaría igual aumento de calificaciones para los bonos del gobierno nacional (“boden”, pues las mayúsculas son innecesarias) y los préstamos garantidos, que actualmente ostentan “CCC+”, pues hasta el momento sus pagos han sido cubiertos. Además, S&P espera asignar grado “estable” a la perspectiva de los títulos de deuda pública afectados por la mejora.
En los años venideros, la agencia estima que las notas de riesgo crediticio de Argentina dependerán mayormente de la política fiscal básica, así como de su capacidad para ganar acceso a los fondos de organismos multilaterales de crédito (Fondo Monetario, Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, BID, etc.). Según versiones circulantes en Nueva York y Londres, Moods’s Investors Service, roval de S&P, contempla medidas similares. Lógicamente, todo esto ha desatado la enésima ola de protestas, presiones y columnas vinculadas al “lobby” que manejan Charles Dallara y sus allegados.
A todo eso, un tribunal en Mantua produjo el séptimo fallo contra un banco italiano. En este caso, condena a Cassa di Risparmio Mirandola a restituir € 150.000 a un ahorrista “engañado”. Como en veredictos anteriores, la entidad indujo a la compra de bonos cuando ya eran virtual chatarra. No le explicó la verdadera situación al cliente ni le aclaró que esos papeles eran para grandes inversores e intermediarios.
Argentina está “exilada” desde el último día de 2001. En ese momento, un efímero presidente –que hoy trata de volver a las candilejas junto con un antecesor que dejó la deuda luego impagable- declaró ese “default” entre bombos y con la anuencia de legisladores poco sensatos.
La agencia señaló que la calificación B- se aplicará a los nuevos bonos que van substituyendo a los afectados por el error político de 2001. Por otra parte, indicó que “espera asignar una calificación de emisor en moneda local y divisas a la República Argentina tras el cierre de la corriente restructuración de deuda”. El resultado directo será reducir el riesgo soberano –o sea, la quita sobre valor nominal de bonos- de 5/5.100 a 650/60.
Ello explica, de paso, que Roberto Lavagna haya redactado volando un anteproyecto de ley para inducir a los bonistas a entrar en canje y bloquear toda posibilidad (aun para el propio gobierno) de modificar o extender la actual propuesta. El Senado acaba de aprobarlo.
Sin duda, el gesto de S&P es una señal orientada en varias direcciones: Buenos Aires, FMI, “lobbies” armados por fondos buitres y acreedores en general. También lo es que el Fondo esté dispuesto a no exigir perentoriamente, este año, algunos vencimientos.
S&P explicó que su política es restaurar las notas de riesgo crediticio de un país cuando aún está saliendo de un cese de pagos si estima que mantendrá la solvencia, aunque “los títulos de los acreedores que no participen” en el proceso de canje permanezcan impagados. Esto recuerda un punto mencionado en este sitio pero silenciado en Buenos Aires: no existen topes de quita ni pisos de aceptación taxativos. En el caso argentino, son fabricaciones de intermediarios que quieren comprar muy barato y revender con margen, sus sellos de goma y sus voceros en ciertos medios.
Una mejora a “B-” comportaría igual aumento de calificaciones para los bonos del gobierno nacional (“boden”, pues las mayúsculas son innecesarias) y los préstamos garantidos, que actualmente ostentan “CCC+”, pues hasta el momento sus pagos han sido cubiertos. Además, S&P espera asignar grado “estable” a la perspectiva de los títulos de deuda pública afectados por la mejora.
En los años venideros, la agencia estima que las notas de riesgo crediticio de Argentina dependerán mayormente de la política fiscal básica, así como de su capacidad para ganar acceso a los fondos de organismos multilaterales de crédito (Fondo Monetario, Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional, BID, etc.). Según versiones circulantes en Nueva York y Londres, Moods’s Investors Service, roval de S&P, contempla medidas similares. Lógicamente, todo esto ha desatado la enésima ola de protestas, presiones y columnas vinculadas al “lobby” que manejan Charles Dallara y sus allegados.
A todo eso, un tribunal en Mantua produjo el séptimo fallo contra un banco italiano. En este caso, condena a Cassa di Risparmio Mirandola a restituir € 150.000 a un ahorrista “engañado”. Como en veredictos anteriores, la entidad indujo a la compra de bonos cuando ya eran virtual chatarra. No le explicó la verdadera situación al cliente ni le aclaró que esos papeles eran para grandes inversores e intermediarios.
