EE.UU.: ¿y si el déficit global acumulase US$ 45,47 billones?
La pregunta proviene de Wharton, no justamente un semillero socialdemócrata. Dos expertos deducen que, para neutralizar ese riesgo, el impuesto a los réditos debiera subir 66%. Si no, tendría que suprimirse virtualmente todo el gasto federal.
La disyuntiva se explica en un trabajo de Kent Smetters, profesor en gestión
de riesgos, escuela de negocios Wharton (Pennsilvania), y Jagadish Gokhale, analista
de la Reserva Federal (Cleveland). Ambos sostienen que el sistema contable del
gobierno central -y de muchos estados de la Unión- mira hacia atrás
y es incapaz de cuantificar siquiera aproximadamente futuras erogaciones. En esencia,
las atinentes a seguridad social y asistencia médica. El documento, “Desequilibrios
fiscales y generacionales: nuevos parámetros presupuestarios para nuevas
prioridades”, estima el desequilibrio potencial -deuda pendiente más
déficit previsibles en el futuro- en una cifra alucinante: US$ 45,47 billones
a valores de 2003. Si no se adoptan correctivos inmediatos, la proyección
alcanzará US$ 53,96 billones hacia 2008. Ambas cifras ponen en ridículo
la actual deuda global del gobierno federal (US$ 3,8 billones).
En el desequilibrio “inicial”, 37,59 millones (o sea, casi 80%) provienen
de erogaciones previstas para asistencia médica. Esto refleja el creciente
costo de atender una población cuya edad promedio aumenta constantemente
(por lo mismo, grandes empresas como General Motors se hallan ya en mora previsional).
En cuanto a seguridad social, sus 7,2 billones representan apenas 20% del rubro
anterior. El resto del gasto federal muestra un desequilibrio relativamente insignificante,
US$ 676.000 millones. Poco más relevantes parecen los dos paquetes de recortes
tributarios lanzados por el gobierno de George W. Bush: US$ 1,08 billón
entre 2001 y 2012.
La clave del problema reside en el concepto de “valor actual”, necesario
para convertir futuros egresos e ingresos a dólares corrientes vía
ajuste por inflación. También sirve para descontar el valor de
dólares futuros en función de lo que paga el gobierno por los
fondos a largo plazo. Todo intento de corregir el desequilibrio fiscal que no
emplee el concepto de valor actual arriesga omitir más de 90% de las
obligaciones futuras. En términos de operaciones a valor actual, pues,
el gobierno debiera arbitrar aquellos US$ 47,47 billones si en verdad quiere
corregir ya el desequilibrio fiscal. Dado que eso es imposible -la cifra cuadruplica
el producto bruto interno norteamericano y equivale a la mitad del PBI global-,
será preciso programar a futuro drásticos recortes de gastos y
fuentes de ingresos que, en conjunto, igualen ese desequilibrio en dólares
corrientes de 2003.
En materia de asistencia médica (en países anglosajones, “medicare”),
el desequilibrio potencial -respecto de generaciones futuras- orilla los US$
22 billones y supera el desajuste originado en generaciones previas y actuales
(15,7 billones). La diferencia expresa el creciente costo por beneficiario individual.
Eliminar ese desequilibrio exigiría incrementos tributarios o, bien,
reducción de prestaciones por un total de US$ 37,59 billones. A esta
altura, cabe recordar que “billón” -“trillion” en
inglés- equivale a “millón de millones”, pues “billion”
es en castellano mil millones.
El estudio reconoce que el gobierno estadounidense proyecta un horizonte de
75 años para calcular futuros déficit en seguridad social y asistencia
médica. Vale decir, un lapso similar al de la vida humana promedio en
las economías desarrolladas. Según estas pautas, el desequilibrio
potencial pasa de US$ 17 billones a dólares de 2003, o sea 3,3% del PBI
anual para los próximos 75 años.
Ahora bien, Smetters había presentado este informe, en marzo, al comité
de Legislación de la cámara baja, durante una audiencia sobre
una posible enmienda constitucional, que impondría nuevas normas de equilibrio
presupuestario. Para ilustrar la magnitud del problema (un déficit anual
de US$ 606.266 millones a precios constantes de 2003), el experto señaló
que ese desajuste requeriría descontar, a partir de 2004, 16,3% en sueldos
y salarios, o sea el doble de lo que hoy se destina a cubertura social, pensiones,
etc. Si se esperase hasta 2008 para adoptar una medida tan draconiana, el descuento
no debería ser menos de 17,4%. Si, empero, se optara por medidas no centradas
en los aportes sociales, el impuesto a los réditos debiera subir 66%
o, de lo contrario, tendría que eliminarse todo gasto federal no indispensable.
Una tercera posibilidad sería suprimir la mitad de partidas presupuestarias
ajenas a seguridad social y asistencia médica. Semejante opción
implicaría eliminar todo tipo de subsidio -empezando por el sector agrícola-
y reducir casi a cero las partidas para seguridad interna (¡precisamente!),
educación, obras públicas, etc. Aun en esa hipótesis, subsistiría
un desequilibrio potencial de US$ 3,4 billones; esto es, ese 3,3% del PBI a
dólares de 2003. “Ni siquiera eliminar para siempre la mitad del
estado federal alcanzaría para sanear del todo las cuentas federales”,
sintetizó Smetters ante los legisladores.
Ese informe era al principio un documento para discusión interna, elevado
en 2002 -con cifras basadas en el presupuesto para el ejercicio siguiente- a
Paul O´Neill, entonces secretario de Hacienda. Por entonces, Smetters era subsecretario
de Políticas y Gokhale actuaba como consultor. Al momento de la audiencia
en el Congreso, reveló tiempo después del “Financial Times”,
el gobierno había excluido el documento del debate en torno del presupuesto
2004. El motivo era obvio: los compromisos presidenciales, centrados en la reelección,
exigían un segundo paquete de rebajas impositivas. Exactamente al revés
de lo sugerido por ambos técnicos. El senador Joseph Lieberman, precandidato
presidencial demócrata, también acusa a Hacienda de cajonear el
trabajo. En carta a su titular, John Snow, el legislador afirma que “esos
datos fueron eliminados poco antes de tratarse el presupuesto 2004” y exige
respuestas. Hasta mediados de junio, no las había obtenido.
Poco después, Robert Inman -cátedra de economía finanzas,
Wharton- se hizo eco de esa misiva e, ignorando la “desmentida de compromiso”
por parte de Smetters y Gokhale, confirmó el artículo del “Financial
Times”.Obviamente, el trabajo de ambos expertos (en su texto final, difundido
por Wharton misma) demuestra que el fisco no puede afrontar las rebajas impositivas
dictadas por Bush, “a menos que se desmonten el sistema de seguridad social
y la red de asistencia médica. Temo que, en un lapso relativamente corto,
sea preciso adoptar decisiones muy duras. El informe Smetters-Gokhale es un
factor tan esencial como ineludible”.
“La renuencia del gobierno a encarar gastos y obligaciones a largo plazo
refleja una actitud típica del electorado: no mirar más allá
del corto plazo y mostrar actitudes ingenuas respecto del presupuesto y los
impuestos”, puntualiza Olivia Mitchell, otra docente de Wharton. “En
lo tocante a seguridad social y pensiones, mucha gente cree que sus aportes
van a una cuenta de banco, de donde los retirarán luego de jubilarse.
Pero eso no así, siquiera en el sector privado. En realidad -explica
esta especialista en riesgos-, no saben que los fondos recaudados entre quienes
trabajan se usan para pagarles a los pasivos. No se acumulan con vistas a los
actuales aportantes y futuros beneficiarios”.
Mitchell integraba, en 2001, el comité presidencial para seguridad social,
un panel bipartidario que analizaba las futuras obligaciones federales respecto
del sistema jubilatorio. Tras apoyar el informe Smetters-Gokhale, la experta
trazó un paralelo entre dos tendencias paralelas. Una surgió en
el último lustro del siglo XX: la ola de fusiones y adquisiciones. La
otra ha sido fomentada por el gobierno Bush: privilegiar tributariamente a grandes
empresas y ricos, en desmedro del equilibrio fiscal. La primera creó
conglomerados hoy responsables por crisis en telecomunicaciones, multimedios
y vanguardia tecnológica. La segunda está promoviendo crecientes
déficit anuales en el presupuesto, máxime tras la aventura bélica
en Irak, por exceso de gastos improductivos. Hay un punto de contacto entre
ambos fenómenos: agotada la euforia posbélica, Wall Street trata
de mantener una nueva burbuja… anunciando otra ola de fusiones y adquisiciones
(negocio sólo para los intermediarios bursátiles).
Una vez en circulación el estudio resumido arriba, el comité
de mercado abierto (Sistema de Reserva Federal) lo incorporó a su base
de datos. Por ende, en la reunión de esta semana para decidir tasas referenciales,
algunas estimaciones de Smetters-Gokhale han confirmado un secreto temor del
emisor: la vuelta a los “déficit gemelos” en el mediano plazo
y sus riesgos macroeconómicos. A la inversa de la gestión Clinton
-que trocó el déficit primario en superávit-, la actual
llega al ejercicio 2003 (cierra en septiembre) con proyecciones negativas entre
US$ 425 y 475.000 millones. En tanto, el déficit en cuenta corriente,
o sea el nuevo endeudamiento, se acerca a US$ 6,6 billones (65% del PBI). También
esta semana, Goldman Sachs prevé para 2007 un rojo de US$ 769.500 millones.
La disyuntiva se explica en un trabajo de Kent Smetters, profesor en gestión
de riesgos, escuela de negocios Wharton (Pennsilvania), y Jagadish Gokhale, analista
de la Reserva Federal (Cleveland). Ambos sostienen que el sistema contable del
gobierno central -y de muchos estados de la Unión- mira hacia atrás
y es incapaz de cuantificar siquiera aproximadamente futuras erogaciones. En esencia,
las atinentes a seguridad social y asistencia médica. El documento, “Desequilibrios
fiscales y generacionales: nuevos parámetros presupuestarios para nuevas
prioridades”, estima el desequilibrio potencial -deuda pendiente más
déficit previsibles en el futuro- en una cifra alucinante: US$ 45,47 billones
a valores de 2003. Si no se adoptan correctivos inmediatos, la proyección
alcanzará US$ 53,96 billones hacia 2008. Ambas cifras ponen en ridículo
la actual deuda global del gobierno federal (US$ 3,8 billones).
En el desequilibrio “inicial”, 37,59 millones (o sea, casi 80%) provienen
de erogaciones previstas para asistencia médica. Esto refleja el creciente
costo de atender una población cuya edad promedio aumenta constantemente
(por lo mismo, grandes empresas como General Motors se hallan ya en mora previsional).
En cuanto a seguridad social, sus 7,2 billones representan apenas 20% del rubro
anterior. El resto del gasto federal muestra un desequilibrio relativamente insignificante,
US$ 676.000 millones. Poco más relevantes parecen los dos paquetes de recortes
tributarios lanzados por el gobierno de George W. Bush: US$ 1,08 billón
entre 2001 y 2012.
La clave del problema reside en el concepto de “valor actual”, necesario
para convertir futuros egresos e ingresos a dólares corrientes vía
ajuste por inflación. También sirve para descontar el valor de
dólares futuros en función de lo que paga el gobierno por los
fondos a largo plazo. Todo intento de corregir el desequilibrio fiscal que no
emplee el concepto de valor actual arriesga omitir más de 90% de las
obligaciones futuras. En términos de operaciones a valor actual, pues,
el gobierno debiera arbitrar aquellos US$ 47,47 billones si en verdad quiere
corregir ya el desequilibrio fiscal. Dado que eso es imposible -la cifra cuadruplica
el producto bruto interno norteamericano y equivale a la mitad del PBI global-,
será preciso programar a futuro drásticos recortes de gastos y
fuentes de ingresos que, en conjunto, igualen ese desequilibrio en dólares
corrientes de 2003.
En materia de asistencia médica (en países anglosajones, “medicare”),
el desequilibrio potencial -respecto de generaciones futuras- orilla los US$
22 billones y supera el desajuste originado en generaciones previas y actuales
(15,7 billones). La diferencia expresa el creciente costo por beneficiario individual.
Eliminar ese desequilibrio exigiría incrementos tributarios o, bien,
reducción de prestaciones por un total de US$ 37,59 billones. A esta
altura, cabe recordar que “billón” -“trillion” en
inglés- equivale a “millón de millones”, pues “billion”
es en castellano mil millones.
El estudio reconoce que el gobierno estadounidense proyecta un horizonte de
75 años para calcular futuros déficit en seguridad social y asistencia
médica. Vale decir, un lapso similar al de la vida humana promedio en
las economías desarrolladas. Según estas pautas, el desequilibrio
potencial pasa de US$ 17 billones a dólares de 2003, o sea 3,3% del PBI
anual para los próximos 75 años.
Ahora bien, Smetters había presentado este informe, en marzo, al comité
de Legislación de la cámara baja, durante una audiencia sobre
una posible enmienda constitucional, que impondría nuevas normas de equilibrio
presupuestario. Para ilustrar la magnitud del problema (un déficit anual
de US$ 606.266 millones a precios constantes de 2003), el experto señaló
que ese desajuste requeriría descontar, a partir de 2004, 16,3% en sueldos
y salarios, o sea el doble de lo que hoy se destina a cubertura social, pensiones,
etc. Si se esperase hasta 2008 para adoptar una medida tan draconiana, el descuento
no debería ser menos de 17,4%. Si, empero, se optara por medidas no centradas
en los aportes sociales, el impuesto a los réditos debiera subir 66%
o, de lo contrario, tendría que eliminarse todo gasto federal no indispensable.
Una tercera posibilidad sería suprimir la mitad de partidas presupuestarias
ajenas a seguridad social y asistencia médica. Semejante opción
implicaría eliminar todo tipo de subsidio -empezando por el sector agrícola-
y reducir casi a cero las partidas para seguridad interna (¡precisamente!),
educación, obras públicas, etc. Aun en esa hipótesis, subsistiría
un desequilibrio potencial de US$ 3,4 billones; esto es, ese 3,3% del PBI a
dólares de 2003. “Ni siquiera eliminar para siempre la mitad del
estado federal alcanzaría para sanear del todo las cuentas federales”,
sintetizó Smetters ante los legisladores.
Ese informe era al principio un documento para discusión interna, elevado
en 2002 -con cifras basadas en el presupuesto para el ejercicio siguiente- a
Paul O´Neill, entonces secretario de Hacienda. Por entonces, Smetters era subsecretario
de Políticas y Gokhale actuaba como consultor. Al momento de la audiencia
en el Congreso, reveló tiempo después del “Financial Times”,
el gobierno había excluido el documento del debate en torno del presupuesto
2004. El motivo era obvio: los compromisos presidenciales, centrados en la reelección,
exigían un segundo paquete de rebajas impositivas. Exactamente al revés
de lo sugerido por ambos técnicos. El senador Joseph Lieberman, precandidato
presidencial demócrata, también acusa a Hacienda de cajonear el
trabajo. En carta a su titular, John Snow, el legislador afirma que “esos
datos fueron eliminados poco antes de tratarse el presupuesto 2004” y exige
respuestas. Hasta mediados de junio, no las había obtenido.
Poco después, Robert Inman -cátedra de economía finanzas,
Wharton- se hizo eco de esa misiva e, ignorando la “desmentida de compromiso”
por parte de Smetters y Gokhale, confirmó el artículo del “Financial
Times”.Obviamente, el trabajo de ambos expertos (en su texto final, difundido
por Wharton misma) demuestra que el fisco no puede afrontar las rebajas impositivas
dictadas por Bush, “a menos que se desmonten el sistema de seguridad social
y la red de asistencia médica. Temo que, en un lapso relativamente corto,
sea preciso adoptar decisiones muy duras. El informe Smetters-Gokhale es un
factor tan esencial como ineludible”.
“La renuencia del gobierno a encarar gastos y obligaciones a largo plazo
refleja una actitud típica del electorado: no mirar más allá
del corto plazo y mostrar actitudes ingenuas respecto del presupuesto y los
impuestos”, puntualiza Olivia Mitchell, otra docente de Wharton. “En
lo tocante a seguridad social y pensiones, mucha gente cree que sus aportes
van a una cuenta de banco, de donde los retirarán luego de jubilarse.
Pero eso no así, siquiera en el sector privado. En realidad -explica
esta especialista en riesgos-, no saben que los fondos recaudados entre quienes
trabajan se usan para pagarles a los pasivos. No se acumulan con vistas a los
actuales aportantes y futuros beneficiarios”.
Mitchell integraba, en 2001, el comité presidencial para seguridad social,
un panel bipartidario que analizaba las futuras obligaciones federales respecto
del sistema jubilatorio. Tras apoyar el informe Smetters-Gokhale, la experta
trazó un paralelo entre dos tendencias paralelas. Una surgió en
el último lustro del siglo XX: la ola de fusiones y adquisiciones. La
otra ha sido fomentada por el gobierno Bush: privilegiar tributariamente a grandes
empresas y ricos, en desmedro del equilibrio fiscal. La primera creó
conglomerados hoy responsables por crisis en telecomunicaciones, multimedios
y vanguardia tecnológica. La segunda está promoviendo crecientes
déficit anuales en el presupuesto, máxime tras la aventura bélica
en Irak, por exceso de gastos improductivos. Hay un punto de contacto entre
ambos fenómenos: agotada la euforia posbélica, Wall Street trata
de mantener una nueva burbuja… anunciando otra ola de fusiones y adquisiciones
(negocio sólo para los intermediarios bursátiles).
Una vez en circulación el estudio resumido arriba, el comité
de mercado abierto (Sistema de Reserva Federal) lo incorporó a su base
de datos. Por ende, en la reunión de esta semana para decidir tasas referenciales,
algunas estimaciones de Smetters-Gokhale han confirmado un secreto temor del
emisor: la vuelta a los “déficit gemelos” en el mediano plazo
y sus riesgos macroeconómicos. A la inversa de la gestión Clinton
-que trocó el déficit primario en superávit-, la actual
llega al ejercicio 2003 (cierra en septiembre) con proyecciones negativas entre
US$ 425 y 475.000 millones. En tanto, el déficit en cuenta corriente,
o sea el nuevo endeudamiento, se acerca a US$ 6,6 billones (65% del PBI). También
esta semana, Goldman Sachs prevé para 2007 un rojo de US$ 769.500 millones.
