El nivel de degradación de la educación argentina es frustrante. Imposible revertir este proceso con centro en el gobierno nacional. Las provincias son las responsables de este servicio.
Se difundieron los resultados de la evaluación educativa ERCE 2019 de la UNESCO. Esta evaluación se aplica a niños en 3° y 6° grado de primaria en 16 países latinoamericanos. Según recuerda la consultora IDESA, tomando a los chicos de Argentina de 6° grado surge que el 68% no alcanza niveles mínimos de desempeño en lectura, el 87% no lo hace en matemática y el 86% no lo hace en ciencias. Los resultados son muy malos incluso en el contexto latinoamericano.
La evaluación se hizo en el 2019 de manera que esta camada de chicos entró a la secundaria en el 2020 con enormes déficits de aprendizajes. Sobre esta situación se agrega el prolongado cierre de las escuelas por la pandemia por lo que cabe esperar la profundización de los déficits.
Ya en el 2018, las pruebas PISA arrojaron que el 60% de los jóvenes argentinos en la secundaria no alcanzan los niveles mínimos de desempeño en lectura, matemática y ciencias. En el 2022 se hará la nueva prueba PISA donde se evaluará esta camada evaluada en ERCE. Sólo cabe esperar resultados catastróficos.
Los funcionarios nacionales plantearon como principal explicación de tan preocupante fracaso la reducción del gasto nacional en educación básica que impulsó el anterior gobierno. Para evaluar con objetividad si esta es la causa sirve mirar los datos oficiales. Según el Ministerio de Economía, en el año 2019 se observa que:
- El gasto total en educación básica fue de 4,5% del PBI.
- Los Estados provinciales aportaron el 95% de este gasto.
- El Estado nacional contribuyó solo el 5% de este gasto.
Estos datos muestran que casi la totalidad del presupuesto educativo es aportado y administrado por las provincias. La incidencia de las intervenciones nacionales es irrelevante incluso en el 2015 cuando todavía no había asumido el gobierno anterior. Esto no es una falla.
La Constitución nacional establece en su artículo 5°: “Cada provincia dictará para sí una Constitución (…) que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria”. En la Constitución nacional, educación primaria se entiende educación básica. Entonces, atribuir las razones del fracaso de la educación básica al gobierno nacional es un grosero y difundido error de diagnóstico.
Muchos factores explican el deterioro educativo, pero el más importante es la mala gestión de las provincias. La educación es el principal componente de los presupuestos provinciales y en un 90% se destina a salarios. El problema es que se administran de manera arcaica premiando la mediocridad.
Los educadores que se comprometen con la formación de sus alumnos no tienen ningún reconocimiento. Esta mala práctica se repite incluso con el “Fondo Nacional de Incentivo Docente” que representa más de la mitad del gasto nacional en educación básica pero sólo el 7% del salario docente. Este adicional es igual para todos, sin reconocer si el docente está al frente del aula o de licencia indefinida o trabajando con niños pobres que tienen mayores déficits de aprendizajes.
La solución comienza transformando el actual ministerio nacional en una agencia de acreditación y evaluación educativa. Sería un ente especializado en la homogeneización de títulos y contenidos curriculares y de evaluaciones periódicas de aprendizajes de los alumnos y competencias de los docentes de las provincias.
El rol principal del gobierno nacional en educación es generar y difundir evidencias para que los gobiernos provinciales sientan la presión por mejorar la gestión. Los actuales recursos de la Nación para educación básica –como el “Fondo Nacional de Incentivo Docente”– deberían ser transferidos a las provincias y cerrados. Es clave asumir que los programas nacionales sólo sirven para justificar burocracia y diluir responsabilidades.
El informe de UNESCO concluye diciendo que la región está lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 2030. La Argentina está entre los países incumplidores. No se saldrá de la crisis declamando objetivos voluntaristas e inconducentes. Para revertir la situación se necesita abordar un ordenamiento integral del sistema educativo que tome como eje las responsabilidades de las provincias que fija la Constitución.
