Por Juan Luis Bour (*)
Si el gobierno en cuestión tiene un razonable respaldo parlamentario, ofrece un apoyo cerrado al programa y además goza de amplia credibilidad pública, entonces los anuncios del programa pueden tener casi tanto efecto como el programa mismo.
Es decir, se pueden anticipar una parte de los beneficios al mismo tiempo que se anuncian las medidas que –en una primera etapa- encierran inevitablemente costos de ajuste. Las cosas son diferentes cuando los gobiernos carecen de credibilidad y/o carecen de cohesión (más allá de su capacidad) para implementar el programa: en este caso el mejor programa tiene por delante todos los costos, y debe esperar a que los beneficios se materialicen en un futuro que se ve lejano e improbable.
La Argentina enfrenta la necesidad de un programa ambicioso en materia económica que la saque del marasmo de 12 años de fracasos y estancamiento, y 8 décadas de volatilidad frenética para no llegar a ningún lado. El problema es que quienes están a cargo carecen de un diagnóstico profesional, profesan simultáneamente visiones contrapuestas en términos de objetivos e instrumentos, y muestran una baja capacidad de gestión.
La baja credibilidad se pone de manifiesto en el derrumbe del índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad Di Tella que, tras caer más de 14% en su última medición mensual, se mueve en la zona de máxima desconfianza que vimos en 2008, 2014 y 2019.
El ambicioso programa económico no solo no apareció tras la derrota electoral del gobierno en las elecciones primarias, sino que en su lugar enfrentamos una colección de medidas que deterioran las condiciones futuras: los próximos dos años serán mucho más difíciles a partir de las medidas que se están anunciando en forma cotidiana. Ello es así porque todo se encamina a quemar las pocas reservas disponibles, dinamitar la situación fiscal y monetaria, incrementar la represión en los mercados y apostar básicamente a la suerte.
Por ejemplo, a que el resto del mundo le regale a la Argentina una nueva porción de DEG –en una movida que iría desde los países más avanzados a los menos desarrollados-. Se trataría de una estrategia de “aguante” de dos años para transferirle la explosión a una próxima administracion de signo político diferente.
Si esa fuere la transición que nos espera en 2022 y 2023, no podemos ser demasiado optimistas ya que “durar” dos años de esta forma es solo para esperar una explosión segura a plazo fijo. Sin embargo, es poco probable que el mundo nos preste atención a corto plazo y quizás esta vez el final de la historia sea diferente (como decían Reinhart y Rogoff) y el que las hace las pague.
(*) Director de FIEL
