Los derechos del ciudadano peligran en el mundo digital

Así se expresa Marietje Schaake, directora de política internacional del Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford, a propósito del caso del bloqueo a las cuentas de Donald Trump en las redes sociales. El buró de vigilancia de Facebook decidió que la compañía actuó bien al bloquear la cuenta del ex presidente. Pero el debate sobre si la decisión fue correcta o incorrecta esconde un problema mucho más urgente, dice Schaake. Y es el siguiente: ¿está bien que una empresa privada decida cuándo una expresión es una amenaza para el orden público o la integridad de unas elecciones? Todavía no se ha resuelto la cuestión de quién debería gobernar el uso de las tecnologías digitales. Los legisladores, especialmente en Estados Unidos, están permitiendo que a las compañías les resulte muy fácil fijar sus propias reglas. Facebook, por ejemplo, ha establecido por cuenta propia muchas normas de recolección de datos. Casi todos los sitios comerciales emplean cookies, o sea pequeños trozos de información para identificar a las personas. Esas cookies se mueven por toda la red junto con las personas que buscan comprar alimentos, ropa, remedios y permiten a las empresas dirigirles publicidades acordes a sus intereses. Apple acaba de otorgar a sus usuarios la posibilidad de no permitir esa intrusión, medida que fue elogiada por todo el mundo como un gran paso para detener la recolección indiscriminada de datos. Pero también demuestra que las empresas privadas están transitando terreno donde los organismos reguladores no han entrado para imponer sus propias reglas. El uso de

spyware

, un software que permite vigilar a las personas sin su conocimiento, choca incómodamente con los estándares democráticos, tales como la protección de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Esas tecnologías suelen venderse como herramientas de contra-terrorismo pero también se usan en forma maliciosa. Los sistemas de reconocimiento facial son otro problema de la tecnología. Varios estados de la Unión los han prohibido pero siguen difundiéndose. Existe el peligro, entonces, de deteriorar la funcionalidad de los gobiernos. Los gobiernos democráticos suelen tercerizar su protección de cíber seguridad y dependen entonces de compañías como Microsoft o SolarWinds. Y ese no es un arreglo ideal, como lo demostró el año pasado el hackeo a SolarWinds. Luego el ataque de la semana pasada a Colonial Pipeline pone de manifiesto la falta de resiliencia de la infraestructura norteamericana.