Los últimos tres años,-puntualiza el IERAL de la Fundación Mediterránea- representan un claro ejemplo de lo mencionado: en 2019 tras el cambio de gobierno, se decidió suspender durante el año 2020 la regla de movilidad jubilatoria aprobada en 2017 (Ley 27.426) que ajustaba 70% por IPC y 30% por salarios.
El reemplazo fue por decretos de necesidad y urgencia (DNU) que establecían aumentos discrecionales de los haberes jubilatorios. En 2021 se aprobó la nueva fórmula, que incorpora un índice de movilidad formado en un 50% por variación de salarios y 50% por variación de la recaudación tributaria de ANSES (por beneficiario).
El aumento resultante tiene un límite dado por la variación interanual de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiario, aumentada en un 3%. En este sentido, puede advertirse que su estructura resulta compleja en su determinación (especialmente en su componente de recaudación), lo que dificulta su seguimiento y control. Ya transcurridos más de la mitad de 2022, es posible evaluar el desempeño de la formula vigente en relación a la fórmula derogada, y comparar también el nivel de haberes jubilatorios en términos del poder adquisitivo necesario.
Estimación Gasto Previsional
Considerando la masa de haberes previsionales que imparte más de 6,7 millones de beneficios, la fórmula de movilidad aprobada bajo la gestión de Alberto Fernández, a casi dos años de vigencia, permitió en 2021 con respecto a 2020 un ahorro fiscal del 0,6% del PIB y una caída del gasto en términos reales del 8,6% (considerando la entrega de bonos).
Esta diferencia fue propiciada en parte por la aceleración inflacionaria que erosionó los beneficios de los jubilados y superó la incidencia de la recuperación de la actividad en los aumentos de los haberes jubilatorios en los primeros meses del 2021. Para 2022 se prevé que la presente fórmula de movilidad de lugar a un ahorro fiscal de 0,4% del PIB con respecto a 2021. No obstante, en términos reales se espera que el gasto en 2022 no diste significativamente del observado el año pasado, excepto que se entreguen nuevas sumas fijas a los jubilados y pensionados para protegerlos del creciente aumento de los precios.
En la comparación del desempeño de la fórmula vigente versus la anterior regla de movilidad (70% IPC y 30% salarios), se observa que, de haber continuado actualizando los haberes por la fórmula de la Ley 27.426, su nivel en 2022 se hubiera situado por debajo de los incrementos otorgados por la nueva fórmula.
No obstante, en 2020 y 2021 el gobierno obtuvo un importante ahorro fiscal por la suspensión de la fórmula y cambio en la regla de movilidad. En el agregado, a valores de julio, en 2022 cada jubilado de la mínima perderá en 3 años $9.639.
Un ejercicio de interés, resulta de imaginar cual sería en la actualidad el monto del haber mínimo si éste hubiera mantenido el poder adquisitivo de la jubilación correspondiente a diciembre 2019. A precios de julio 2022, sería equivalente a $42.265 mientras que un jubilado de la mínima en su último recibo de haberes percibió $37.535. Es decir, $4.740 menos de poder de compra por efecto de la inflación.
En igual sentido, si la inflación mensual de los meses que restan de 2022 se ubica por encima del 5,5%, la trayectoria de los haberes reales no luce auspiciosa. Por ejemplo, en septiembre el aumento de los haberes será de 15,53% sobre el valor que se fijó en junio, la inflación de sólo un mes (7,4% en julio) ya socavó la mitad del incremento que los jubilados recibirán recién en septiembre. Por otra parte, contemplando un escenario de inflación mensual descendente hasta diciembre 2022 donde finalizaría el año acumulando una suba del 95% en el índice de precios al consumidor, los jubilados habrán perdido en desde diciembre 2019 a diciembre 2022 el equivalente a dos haberes mínimos de la actualidad.
