En este sentido, si bien los compromisos firmados en el 2017 entre la Nación y las Provincias y CABA, orientados a suprimir impuestos y/o ir reduciendo progresivamente sus alícuotas, fueron suspendidos en el 2018 y en el 2019, en ambos casos se suspendía el esquema de rebajas, pero no se habilitaba su aumento.
En esta oportunidad, el nuevo Consenso Fiscal 2020, no sólo no contempla compromisos provinciales y municipales para reducir niveles de gastos superfluos, sino que se habilita también la posibilidad de aumentar los impuestos en dichas provincias y municipios. En otros términos, las jurisdicciones podrán aumentar sus impuestos sin límites en los topes máximos, gravar ingresos que estaban exentos y aplicar impuestos a la nómina salarial de las empresas.
“Consideramos que estas medidas no ayudarán a recuperar la actividad económica, mejorar los salarios y el empleo, ni mucho menos reducir los niveles de pobreza e indigencia que nos interpelan a todos los argentinos. La Doctrina Social de la Iglesia, cuyos Principios guían la actividad de ACDE y de sus socios, enfatiza que “…El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de crisis…” (Compendio de la DSI. # 351),
“En estos tiempos en que la economía del país no se ha recuperado y en que no ha habido manifestaciones de austeridad por parte del Estado, desde ACDE consideramos que hacer caer una mayor presión fiscal sobre el esfuerzo de empresarios y trabajadores no es el camino. Esto promoverá mayor inflación, reducirá las posibilidades de crecimiento de la economía y los ingresos de la población, aumentará la informalidad y como consecuencia, profundizará el ahogo de empresas y emprendimientos generadores de desarrollo y empleo genuino, no siendo éste el camino para salir de la pobreza”.
“Desde nuestra visión, las medidas antes señaladas, con una pandemia aún vigente y una economía no recuperada, serían económicamente inconsistentes y simplemente transfieren costos desde el Estado a los habitantes, lo que las hace moralmente irritativas y socialmente injustas. Desde ACDE confiamos en que las autoridades respectivas habrán de saber ejercer la necesaria prudencia en la implementación de estas facultades para no agravar una situación muy delicada”.
