Aquí hay uno que ha pasado casi desapercibido: entre 2019 y 2021, solo hubo US$ 14.000 millones en las llamadas operaciones de “financiación combinada” del clima — estructuras que utilizan dinero público para reducir el riesgo de las inversiones verdes– para los países pobres.
Esto fue menos de la mitad del volumen visto en los tres años anteriores. O sea que incluso en medio de los reiterados llamamientos para combatir el cambio climático en todo el mundo, la financiación combinada se ha reducido de una manera muy notable.
Esto podría no alarmar a los no financistas. Después de todo, la frase “finanzas mixtas” suele sonar digna pero aburrida, el equivalente de la política financiera a las espinacas. Nunca aparece en los labios – ni en las pancartas – de activistas como Greta Thunberg.
Pero, como demostrará la próxima reunión, los países en desarrollo están cada vez más molestos por la falta de apoyo de las naciones más ricas a la hora de afrontar el cambio climático.
Si Occidente quiere contrarrestar esta situación, tiene que despejar rápidamente la vía de la financiación mixta en lo que podría ser la forma más sensata de ayudar. En estos momentos, la financiación global del clima se encuentra en un estado bifurcado de inundación y sequía. Algunas partes del ecosistema medioambiental se están ahogando en la financiación privada, lo que hace que las valoraciones de los activos verdes se disparen.
Grupos financieros como por ejemplo Brookfield, General Catalyst y TPG han recaudado decenas de miles de millones para apoyar proyectos verdes. Mientras tanto, los principales fondos medioambientales, sociales y de gobernanza han aumentado, a pesar de la reacción de la derecha contra los gases de invernadero. Es probable que esto continúe, dado que las generaciones más jóvenes de Occidente se preocupan más por las cuestiones ecológicas que sus mayores, y van a heredar muchos billones de ellos.
Pero el mundo en desarrollo se enfrenta a una sequía. Las naciones pobres necesitan financiación para cambiar las actividades sucias (como la quema de carbón) por sus equivalentes verdes. Sin embargo, el capital del sector privado occidental prefiere evitarlo.
Esto se debe en parte a los riesgos políticos y monetarios que implican, pero también refleja la escasez de datos crediticios y el hecho de que los proyectos de los países en desarrollo suelen ser demasiado pequeños -y demasiado opacos- para cumplir con los criterios de los fondos de inversión.
Hasta ahora, los esfuerzos por llenar esta laguna se han centrado sobre todo en los fondos públicos o filantrópicos. En los próximos debates de la COP27, por ejemplo, se pedirá más ayuda para el clima por parte de los países ricos (lo que parece poco probable que se materialice dado que las naciones ricas aún no han cumplido la promesa de 2015 de aportar US$ 100.000 millones anuales). También se pedirá a los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), como el Banco Mundial, que concedan más préstamos verdes.
Mia Mottley, la Primera Ministra de Barbados, quiere que más de US$ 100.000 millones de esas reservas se destinen a esta causa, con otros US$ 650.000 millones en nuevas emisiones para el desarrollo de energías limpias. El Banco Mundial se ha negado hasta ahora, ya que sus dirigentes temen perder su preciada calificación crediticia AAA o tener que cambiar los estatutos del banco.
