Pero lo más urgente –recuerda la consultora IDESA- es modernizar la ANSES para que deje de demorar el otorgamiento de jubilaciones por trabas burocráticas.
La ANSES anunció el lanzamiento del “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado”. Se trata del reconocimiento de un año de servicio para jubilarse por cada hijo que hayan tenido las mujeres que actualmente tengan entre 59 y 64 años de edad. El objetivo es compensar el esfuerzo que hicieron retirándose del mercado laboral por la maternidad y el cuidado de sus hijos. Se estima que hay 155 mil mujeres que con este Programa podrán acceder a su jubilación.
La idea de reconocer años de servicios a las mujeres por la cantidad de hijos no es novedosa. En los países desarrollados es una regla bastante común. Por esto, no se entiende por qué se circunscribe a las mujeres entre 59 y 64 años cuando correspondería que sea una regla general y permanente y que sea acompañada con la igualación de la edad jubilatoria. Es decir, mujeres y varones se jubilan a los 65 años y a las mujeres se les reconoce un año de servicio por cada hijo.
La otra pregunta que cabe es si la gestión de la ANSES es consistente con el fin protector que persigue este programa. Datos oficiales de la Secretaria de Seguridad Social permiten echar luz sobre el tema. Según esta fuente se observa que:
- Entre los años 2017 y 2019 la ANSES otorgaba aproximadamente 21 mil nuevas jubilaciones por mes.
- Entre el 2020 y el primer trimestre del 2021 viene otorgando apenas 11 mil jubilaciones por mes.
- Esto implica que habría unas 155 mil personas que cumplen con los requisitos, pero no logran jubilarse debido a las trabas administrativas de la ANSES.
Estos datos muestran que mientras la ANSES impulsa un Programa con el objetivo de atender la situación de 155 mil mujeres que no tienen los requisitos jubilatorios, deja en el desamparo por demoras burocráticas a otras 155 mil personas que cumplen con los requisitos. Se trata de una flagrante contradicción.
Se hacen anuncios ampliando derechos, pero en la práctica se cercenan derechos por desidia administrativa. Si el programa se concretara, las 155 mil mujeres van a tener el derecho a jubilarse, pero se sumarán a las otras 155 mil personas que están en la lista de espera de la ANSES.
La parálisis de la ANSES, como de gran parte de la administración pública, no se justifica por la pandemia. El proceso de otorgamiento de una jubilación es puramente administrativo y se puede hacer por teletrabajo. Tampoco se necesita que el ciudadano haga la gestión presencial en las oficinas de la ANSES. La culpa no es de la pandemia sino de una profunda obsolescencia tecnológica y de décadas de usar los organismos públicos para nombrar amigos y militantes. Se declaman derechos que en la práctica se cercenan por una gestión decadente del Estado.
El anuncio no solo es contradictorio con las ineficiencias administrativas de la ANSES. Tiene además un diseño defectuoso ya que mantiene el mínimo de 30 años de aporte. Si una mujer, aun computando los años de servicios por hijo, no llega a los 30 años de aporte no podrá acceder a la jubilación y solo le queda la alternativa de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Esto resulta injusto porque el monto de la PUAM es igual para quien no hizo ningún aporte como para quien hizo 29 años de aporte. Una buena reforma debería corregir esta distorsión generando un reconocimiento en el monto del haber a quienes aportaron menos de 30 años.
Cambios previsionales con diseños defectuosos magnifican los costos sociales que genera un sistema mal organizado y peor administrado. Se necesita un plan integral de ordenamiento previsional. La meta es establecer reglas más justas y financieramente sustentables.
Especialmente de cara a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. A esto se suma la modernización de la ANSES y del resto de los organismos previsionales. De lo contrario, se seguirá con la lógica de declamar derechos que luego la burocracia impiadosamente se encarga de cercenar.
