A pesar de que en las empresas argentinas hay conciencia de que es importante combatir la práctica y la cultura del fraude, todavía sigue siendo bajo el nivel de involucramiento de la organización para prevenirlo y sancionarlo sobre todo teniendo en cuenta que implica importantes pérdidas económicas para las compañías, como así también, un daño reputacional que puede implicar incluso mayores costos.
Estas definiciones, y que no se hace un correcto análisis y evaluación del personal y proveedores que se contratan para evitar riesgos, entre otras, surgen de una encuesta realizada por KPMG Argentina a 74 altos directivos de empresas de primera línea del país que participaron en una jornada de trabajo sobre cómo combatir el fraude bajo el título “Plan Anti-Fraude y Línea Ética”.
Principales resultados
Si bien el 92% cuenta con una Auditoría Interna en sus compañías y el 96% un Código de Conducta, el 42% contestó que el mecanismo de denuncia independiente y anónima aún no está implementado y, si lo está, se reconoce que tiene importantes deficiencias.
El 47% no tiene procedimientos efectivos para dar seguimiento a las denuncias recibidas y solamente el 54% dispone de protocolos internos de investigación que establezcan los lineamientos a seguir desde el momento en que se recibe una denuncia hasta el cierre del caso.
Sólo el 30% se apoya en herramientas tecnológicas para monitorear, de manera continua y en tiempo real, los indicadores de fraude en grandes volúmenes de datos.
Prevención
- El 42% solamente lleva a cabo evaluaciones de riesgos de fraude en la organización, testeando sus respectivos controles antifraude.
- El 58% manifestó que sus compañías no realizan búsquedas de antecedentes antes de contratar empleados o terceros.
- El 59% tiene deficientes políticas de comunicación y capacitación en materia de concientización sobre la prevención del fraude.
- El 48% manifestó que se ha asignado un responsable de la Alta Gerencia para el diseño e implementación del plan anti-fraude.
Conclusiones
De las respuestas obtenidas surge, como una primera conclusión, que ninguna organización ha implementado en forma integral, todos los componentes de un plan anti-fraude, que trabajen en forma coordinada y complementaria en la organización, para protegerla de los riesgos internos y externos de fraude.
Si bien es verdad que contar con este tipo de herramientas no garantiza que la organización quede totalmente inmune a este tipo de flagelos –debido a la naturaleza misma de estos riesgos-, la experiencia indica que aquellas organizaciones que cuentan con adecuadas herramientas para su prevención, detección temprana y respuesta efectiva, logran una reducción significativa del nivel de exposición a fraudes así como también de los plazos de detección, daño en imagen, pérdidas económicas y los costos ocultos asociados a estas prácticas.
“Es indispensable un seguimiento continuo por parte de las organizaciones en el proceso de evaluación, diseño e implementación de su Plan Anti Fraude para garantizar una adecuada Administración del Riesgos de Fraude a través del tiempo, debido a que los procesos, sistemas y recursos evolucionan en línea con el desarrollo de negocios, y pueden generar nuevos riesgos de fraude”, explicó Ana López Espinar, socia de Forensic de KPMG.
Y agregó que “el fraude en la empresa tiene un importante costo no visible al principio, pero que afecta el activo más valioso de la organización, que es su reputación. Es la pérdida de confianza del mercado e inversores, y de los diversos públicos a los que se dirige la compañía.”
Tanto en el mundo como en el país crece el interés por prevenir y detectar hechos de fraude en las empresas, básicamente y más allá de las cuestiones de ética empresarial involucradas, por los costos económicos que ello acarrea a la organización.
En su último informe de 2014, la Asociación de Examen y Certificación de Fraude (ACFE en sus siglas en inglés) estimó que las prácticas fraudulentas e irregulares en la empresas afectan al 5% de la facturación anual de una compañía; que en promedio se necesitan 18 meses desde que empieza a operar un esquema de fraude hasta su detección; que es común que el fraude sea detectado por una denuncia anónima; y, por último, que las acciones de fraude más costosas para las organizaciones suelen darse en los cargos más altos de las empresas -involucrándose incluso a los dueños.
La entidad también señala que las áreas más comunes para los fraudes son las relacionadas a contabilidad, operaciones, ventas y alta gerencia.
Asimismo, aporta otros datos significativos: la mayoría de los defraudadores suelen ser hombres entre 31 y 45 años, con carreras universitarias y posgrados.-
