Una docena de grandes empresas financieras estadounidenses, entre ellas BlackRock, Blackstone, KKR y T Rowe Price, incluyeron en sus últimos informes anuales una advertencia sobre las presiones ejercidas por “opiniones divergentes” o ” exigencias enfrentadas” en materia de inversión medioambiental, social y de gobernanza (ESG), que podrían perjudicar los resultados financieros.
Las declaraciones se producen en respuesta a una campaña contra lo que los adversarios describen como “capitalismo woke” que ha conseguido el apoyo de políticos republicanos tan destacados como el líder de la minoría en el Senado norteamericano, Mitch McConnell, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Las autoridades de los estados republicanos han abierto investigaciones a BlackRock y State Street por sus votos sobre propuestas de los accionistas. Varios legisladores estatales están estudiando o han aprobado leyes que obligan a los Fondos de Pensiones del Estado a desprenderse de los gestores de fondos que tengan en cuenta el clima o la equidad racial en sus inversiones.
Blackstone, la mayor empresa de capital riesgo del mundo, reveló que el temor de los Estados a posibles “boicots” a la industria de los combustibles fósiles podría afectar la recaudación de fondos y los ingresos, según el informe anual 2022 que acaba de presentar a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
Las opiniones divergentes sobre ESG aumentan el riesgo de que tanto la acción como la inacción “sean percibidas negativamente por al menos algunas partes interesadas y afecte negativamente nuestra reputación y negocio”, dijo Blackstone. En sus informes anuales, las empresas de capital riesgo Carlyle, TPG y Ares señalaron que el sentimiento contrario a los principios ESG ha “adquirido fuerza” en Estados Unidos. También advirtieron que la legislación antiESG podría obstaculizar la captación de fondos.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, declaró que los tesoreros estatales republicanos les retiraron el año pasado unos US$ 4.000 millones por cuestiones de ESG. BlackRock y su rival State Street fueron reprendidas por sus políticas de inversión ESG en una audiencia legislativa celebrada en Texas en diciembre. En sus informes anuales, ambas empresas añadieron este año un nuevo texto sobre los riesgos derivados de la oposición a la aplicación de criterios ESG.
State Street declaró que el seguimiento de las prácticas ESG se ha convertido en un riesgo político y de reputación, y añadió que ha recibido solicitudes de información en el marco de investigaciones estatales. T Rowe Price y Raymond James, gestores de inversiones que hasta ahora han escapado a las críticas políticas, también advirtieron en sus informes anuales sobre opiniones “contradictorias” y “divergentes” en materia de ESG. Los riesgos derivados de las críticas en esa materia van más allá de los gestores de inversiones. US Bancorp dijo que las “opiniones divergentes” entre sus propios stakeholders podrían dañar su reputación.
Morningstar, un proveedor de datos que también posee un negocio de calificaciones ESG, dijo que ha tenido que invertir dinero para responder a las consultas políticas sobre sus prácticas ESG.
Las revelaciones se publican varios años después de que los gestores de fondos empezaran a incluir en sus informes anuales información sobre los riesgos financieros que plantean los defensores de los criterios ESG.
La mayoría de los grandes bancos y gestores de activos siguen advirtiendo sobre la posibilidad de no satisfacer la demanda de productos respetuosos con los principios ESG, las acusaciones de “lavado verde” o las denuncias de que no están abordando adecuadamente los peligros del cambio climático.
Algunas leyes estatales contra los criterios ESG han perdido fuerza este año. En el estado de Wyoming, rico en carbón, los legisladores acaban de rechazar dos proyectos de ley que habrían cortado los lazos con empresas de inversión consideradas contrarias a las empresas energéticas por motivos medioambientales. Las autoridades estatales habían advertido que la ambigua legislación podría costar dinero a los fondos de pensiones al restringir indebidamente sus opciones. La lucha se traslada ahora al ámbito federal. Los republicanos del Congreso pretenden impedir que la administración Biden permita a los planes de jubilación tener en cuenta las normas ESG.
