KPMG: hacen falta normas empresarias más sólidas y transparentes

Por otra parte, los disertantes recomendaron mayor nivel de institucionalidad. Como es habitual, pidieron un mercado de capitales capaz de viabilizar esas pautas. Alberto Schuster, socio principal de KPMG en el país, explicó que la mejora en prácticas de gobierno empresario facilita el acceso a capitales y reduce costos de financiamiento. Ello si “transforma esquemas empresarios basados en influencias en una configuración más transparente, al pasar de lo aleatorio a lo institucional”.

Desde una perspectiva internacional, Lizzane Thomas (estudio Jones Day, New York) abordó las perspectivas sobre cambios en el gobierno empresario durante los diez años venideros. Sobre todo, en Estados Unidos. “En el futuro, los incrementos de paga a ejecutivos serán modestos”. Entretanto, “se buscará que los directores representen a la sociedad, no ya sólo a inversores institucionales”.

En el mismo sentido, Thomas destacó preocupaciones sobre seguridad de la información en las empresas y la conducta personal de los ejecutivos. Sin duda, son efectos de la larga cadena de escándalos iniciada en 2001 con Enron y hoy cifrada en el sector seguros.

Juan Javier Negri (Negri & Teijeiro) coincidió en la necesidad de elaborar mejores reglas y se refirió a los crecientes riesgos legales que afrontan quienes son designados como directores de sociedades anónimas en Argentina. “No existen reglas claras por las cuales se presuma si un director actuó según su leal saber y entender (por tanto, no es responsable por daños) o lo hizo con dolo”.

Luego, Schuster expresó que “legisladores, reguladores y ejecutivos deben manejarse con profesionalidad e institucionalidad en la reconstitución del mercado de capitales. Sólo así será posible que alcance mayor importancia e incidencia en los próximos dos o tres años”.

Al respecto, Thomas recordó que, en Estados Unidos, existe la “business judgement rule”. O sea, una norma que determina si los directores, al tomar decisiones, actuaron informados, de buena fe y con honestidad, teniendo en cuenta los intereses de la empresa. La experta sugirió adoptar pautas similiares ern Argentina.

Las cosas no son tan simples, dio a entender Carlos Alemany, director de auditoría en Tenaris, que ha tenido a cargo aplicar códigos de conducta empresaria en veintidós países. Tras describir uno de los pocos casos de compañías argentinas con sistemas para mejorar prácticas, destacó una clave: “es preciso tomar en cuenta las situaciones irregulares. Si se basa un código sólo en confianza y transparencia, sin prever fraudes, se crea una utopía que carece de sentido”.

Por otra parte, los disertantes recomendaron mayor nivel de institucionalidad. Como es habitual, pidieron un mercado de capitales capaz de viabilizar esas pautas. Alberto Schuster, socio principal de KPMG en el país, explicó que la mejora en prácticas de gobierno empresario facilita el acceso a capitales y reduce costos de financiamiento. Ello si “transforma esquemas empresarios basados en influencias en una configuración más transparente, al pasar de lo aleatorio a lo institucional”.

Desde una perspectiva internacional, Lizzane Thomas (estudio Jones Day, New York) abordó las perspectivas sobre cambios en el gobierno empresario durante los diez años venideros. Sobre todo, en Estados Unidos. “En el futuro, los incrementos de paga a ejecutivos serán modestos”. Entretanto, “se buscará que los directores representen a la sociedad, no ya sólo a inversores institucionales”.

En el mismo sentido, Thomas destacó preocupaciones sobre seguridad de la información en las empresas y la conducta personal de los ejecutivos. Sin duda, son efectos de la larga cadena de escándalos iniciada en 2001 con Enron y hoy cifrada en el sector seguros.

Juan Javier Negri (Negri & Teijeiro) coincidió en la necesidad de elaborar mejores reglas y se refirió a los crecientes riesgos legales que afrontan quienes son designados como directores de sociedades anónimas en Argentina. “No existen reglas claras por las cuales se presuma si un director actuó según su leal saber y entender (por tanto, no es responsable por daños) o lo hizo con dolo”.

Luego, Schuster expresó que “legisladores, reguladores y ejecutivos deben manejarse con profesionalidad e institucionalidad en la reconstitución del mercado de capitales. Sólo así será posible que alcance mayor importancia e incidencia en los próximos dos o tres años”.

Al respecto, Thomas recordó que, en Estados Unidos, existe la “business judgement rule”. O sea, una norma que determina si los directores, al tomar decisiones, actuaron informados, de buena fe y con honestidad, teniendo en cuenta los intereses de la empresa. La experta sugirió adoptar pautas similiares ern Argentina.

Las cosas no son tan simples, dio a entender Carlos Alemany, director de auditoría en Tenaris, que ha tenido a cargo aplicar códigos de conducta empresaria en veintidós países. Tras describir uno de los pocos casos de compañías argentinas con sistemas para mejorar prácticas, destacó una clave: “es preciso tomar en cuenta las situaciones irregulares. Si se basa un código sólo en confianza y transparencia, sin prever fraudes, se crea una utopía que carece de sentido”.