Fue en el “IIEncuentro para la sensibilización y difusión de las estrategias nacionales de empresas y derechos humanos”, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Durante el evento, llevado a cabo durante 4 y 5 de septiembre, estuvieron presentes más de 60 profesionales de empresas, sociedad civil y administraciones públicas, se abordó el tema de los Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH, respaldados unánimemente por la ONU en 2011, y los desafíos que este enfoque impone a los países de la región.
Estos principios conforman un marco global autorizado, el “Marco Ruggie”, que brinda un nuevo parámetro para la acción del sector privado con relación a los DDHH.
El marco identifica y clarifica los estándares de la responsabilidad empresarial, y la rendición de cuentas con relación a los DDHH, así como también específica el papel de los Estados en la regulación de las empresas de manera efectiva.
El acuerdo se apoya en tres pilares fundamentales: la obligación del Estado de proteger los abusos contra los DDHH; la responsabilidad de las empresas de respetarlos; y un mayor acceso a la reparación, judicial y extrajudicial, por parte de las víctimas.
De acuerdo con estos lineamientos, uno de los desafíos fundamentales que planteó el encuentro fue la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, adopten e incorporen los principios de Proteger, Respetar y Reparar eficazmente los impactos sobre los DDHH en sus operaciones, esto es, la Debida Diligencia, entendida como el proceso mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre cómo manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales en los DDHH.
Sobre este tema puntualizó Passarelli, explicando que la “debida diligencia” implica no sólo evaluar los riesgos para la empresa, sino que su propósito es el de comprender y abordar los riesgos y abusos que presenten las actividades de la empresa a los titulares de derechos incluidos en su cadena de suministro y a través de sus otras relaciones comerciales.
Además, comunicó los mecanismos judiciales y extrajudiciales de reparación para los casos en que los DDHH resultan vulnerados en las actividades comerciales.
Por último, durante las jornadas se observó que si bien los gobiernos de distintos países de Europa han avanzado en la puesta en marcha de los Principios Rectores a través de la elaboración de Planes Nacionales, en Latinoamérica las iniciativas en el tema aún son incipientes.
Por tal motivo, se hizo un llamado a las empresas y los Estados a incorporar este enfoque en las estrategias de sostenibilidad, sin el cual ninguna empresa u organización podrá considerarse socialmente responsable.
