Para este año, los ejecutivos locales esperan un incremento en los niveles de fraude, principalmente por efecto de las condiciones económicas que incrementarían las presiones financieras de quienes los cometen.
Así concluye un informe que realizó BDO Argentina y que presentará en el marco de Tercer Congreso Latinoamericano de Etica, Transparencia y Compliance Anticorrupción, que se realizará el 10 y 11 de julio en el Four Seasons.
Según el informe, para el 43% de los encuestados, la cantidad de casos de fraude se incrementarán este año en un 29,4%, mientras que para un 14% lo hará significativamente (un 13.7%). Asimismo, el 72.5% coincidió en que los casos de fraude aumentan en épocas de dificultades económicas, debido a la presión que causan las necesidades financieras (47%).
Los ejecutivos también observaron un incremento de estos incidentes durante el 2013. El 67% de los consultados indicaron que sus organizaciones fueron víctimas de fraudes y el 51% de los que respondieron afirmativamente, registraron entre dos y cinco casos dentro de sus compañías.
La encuesta, que se realizó a 186 ejecutivos de empresas instaladas en Argentina, abarcó todas las industrias y el cuestionario fue respondido por gerentes de auditoría, directores y compliance offficers, entre otros. En cuanto al tamaño de las empresas encuestadas, el 47% cuenta con más de mil empleados y el 41% factura más de 50 millones. El informe será presentado en el Tercer Congreso Latinoamericano de Etica y Transparencia, que se realizará el 10 y 11 de julio en el Four Seasons y que contará con la presencia de prestigiosos especialistas locales y extranjeros en materia de fraude corporativo.
“El fraude es un delito contra la confianza”, sintetiza Fernando Gamiz, director de Fraudes & Disputas de BDO, área a cargo del relevamiento y quien dictará un taller sobre investigaciones de fraudes corporativo durante el Congreso. Y enumeró los principales delitos cometidos en las empresas: conflicto de interés (26.7%), sobornos (20%) y malversación de activos (66%). Además, entre los fraudes electrónicos el desvió de fondos fue el que más afecto a las empresas (44%), seguido por acceso a información confidencial (25.9%) y phishing (robo de datos a partir de página duplicada) (18%).
“Si bien se reconoce el fraude como un problema creciente –afirma Gamiz–, sólo la mitad de las organizaciones han implementado planes antifraude”. Un plan de administración de riesgos de fraude comprende tres líneas de defensa: prevención, detección y respuesta. Algunas empresas han avanzado en planes de este tipo, sin embargo otras solo han implementado medidas parciales, como ser códigos de ética y canales de denuncias. “Estas medidas son necesarias pero no suficientes”, subraya el especialista.
En cuanto a la resolución de los conflictos, la mayoría de las organizaciones prefieren resolver los casos en forma interna, sin verse involucrada en los costos asociados a una instancia judicial o por temas reputacionales.
Y es que el monto del fraude no es el mayor costo que sufre una empresa. “Para los participantes en este estudio, la principal preocupación está precisamente en el impacto reputacional negativo (58,7%), seguido por el desprestigio de la alta gerencia (34,8%), dejando en tercer lugar el monto de defraudado (32,6%).
La encuesta revela que la mayoría de los fraudes identificados durante 2013 se ubicaron en la franja de hasta US$ 10.000 (44,4%).
“Esto es razonable, explica Gamiz, ya que los que respondieron identificaron a los empleados como los principales responsables, siendo que éstos tienen menor nivel de decisión financiera dentro de las organizaciones”.
En cuanto a la franja mayor de US$ 500.000, presentó un alto nivel de incidentes (13.3%). “Resulta un dato relevante si consideramos que para fraudes por montos tan significativos, los responsables requieren atribuciones financieras amplias, compatibles con funciones de director o alta gerencia”, revela.
De los 300 casos de fraudes cometidos durante 2013 y reportados en la encuesta, 198 (66%) fueron de malversación de activos, incluyendo uso de bienes para fines personales, desvío de fondos, manipulación de compras y contrataciones, y fraude en facturación, descuentos y reembolsos, entre otros. Los casos de corrupción resultaron 87 (29%). Los fraudes reportados fueron cometidos mayoritariamente por personas con educación universitaria (53,1%), entre 30 y 50 años (74.5%). Estos sujetos contaban con más de 10 años de antigüedad en el trabajo (36,2%), seguidos por individuos entre 2 y 5 años (29,8%).
¿Qué lleva a una persona a cometer fraude? “Tres factores están presentes en todos los casos de fraude corporativo: presión, racionalización y oportunidad. El primer factor identificado es la existencia de una presión financiera no compartible u oculta”, detalla Gamiz. La encuesta reveló los motivos que tuvieron en Argentina aquellos que cometieron fraudes durante el año 2013: llevar un nivel de vida mayor a los ingresos ha sido revelado como el principal factor de presión identificado en las organizaciones (42,5%), seguido por debilidades en los controles internos (47,5%).
¿Cómo se controla el fraude en las empresas? La complejidad de las compañías y los negocios hacen necesario que estos sean dirigidos y controlados bajo un efectivo sistema de gobierno corporativo y de administración del riesgo de fraude. “El diseño del efectivo programa requiere un directorio con buenas prácticas de gobierno, incluyendo directores independientes, definir quién controla el flujo de información y agenda, acceso a la gerencia y asesores externos, quienes son los responsables independientes de los comités de auditoría, compensaciones, nombramientos y otros. Además, el directorio debería conocer cuáles son los riesgos de fraude inherentes al negocio, supervisar la evaluación y la consideración del fraude en los planes estratégicos, revisar informes de riesgos, políticas y actividades de control, supervisar el sistema de control interno de la organización y proveer a los auditores externos con evidencia de su actividad relacionada con la administración del riesgo de fraude”, enumera Gamiz.
“Toda organización está expuesta al riesgo del fraude. La experiencia de los últimos 15 años demuestra que no hay empresas inmunes. No importa el tamaño ni la localización. Muchos empresarios han caído en el error de considerar al fraude como un costo de hacer negocios, como un fenómeno cultural que varía en su intensidad según la sociedad. Lo cierto es que el fraude es altamente costoso y afecta no sólo a la empresa, sino a sus empleados, proveedores, bancos, clientes y comunidad en la que desarrolla sus actividades”, indica el especialista.
Una importante cantidad de consultados respondieron que su empresa u organización carecen de un plan comprensivo de administración de riesgos de fraudes (43,1%) y un elevado número de participantes respondió que no cuentan con ninguna medida (29,1%). Entre los que han implementado algún tipo de mecanismo, se destaca el estudio de lecciones aprendidas (38,2%) y el desarrollo de protocolos y medidas de preservación de evidencias (36,4%). La principal acción luego de detectar un fraude fue el despido de los responsables (74.5%), acompañada por cambios en los procesos (57.4%). Sólo en algunos casos se determinaron responsabilidades internas de quienes teniendo la obligación de supervisar fallaron en prevenir o detectar oportunamente el fraude (21,3%).
