Por Silvia Tedin y Ricardo Proganó (*)
En Argentina, ya desde 2005, la Ley 26075 de Financiamiento Educativo ha establecido que dicha inversión debe alcanzar no menos del 6% del PBI de cada año en el consolidado entre Nación, Provincias y CABA.
De tal modo, y en el cumplimiento práctico del citado objetivo normativo, Argentina ha logrado ubicarse entre los países líderes de América Latina en ese terreno, aunque con una proporción del gasto en salarios docentes por encima del promedio de la OCDE, lo cual señala los desafíos aún pendientes en términos de infraestructura.
Es interesante analizar el informe Especial de la Fundación Observatorio PyMe, publicado en agosto pasado, denominado “Límites a la profesionalización de la gestión y salto tecnológico: dificultad para incorporar universitarios y nuevas necesidades impuestas por la pandemia”
Allí, la evidencia parece indicar que el problema principal, en todos los niveles de calificación, no es el nivel de la remuneración ofrecida, sino la suficiente disponibilidad de trabajadores adecuadamente formados para los requerimientos actuales de las empresas.
Entre las PyME manufactureras que buscan personal universitario y tiene elevada dificultad para reclutarlo, 51% cita el problema de una remuneración ofrecida inferior a la esperada, mientras que la insuficiencia de habilidades duras y la falta de experiencia es citada por el 66% y 68%, respectivamente.
Por ende, la mayor difusión del trabajo remoto impondrá a las empresas nuevos métodos de gestión basados en la mayor autonomía del personal y su evaluación por el logro de objetivos preestablecidos.
Las habilidades del personal requeridas por las empresas para esta nueva realidad son más compatibles con una mayor calificación dada por la formación y la experiencia.
En consecuencia, las Mipymes tendrán en el corto plazo una misión titánica para poder formar a su capital humano de acuerdo a las necesidades del negocio y las nuevas modalidades de empleo que el entorno impone. Y es en este contexto que las autoridades nacionales continúan incentivando la inversión en capacitación a través de diferentes programas de apoyo al sector privado.
Así, por ejemplo, y por medio de la Resolución 996/2021, el Ministerio de Trabajo de la Nación procedió a dar a conocer recientemente las Bases de su Programa de Crédito Fiscal para Capacitación, correspondiente al 2021.
El citado plan financia determinadas acciones mediante el otorgamiento de un subsidio del 100% del costo de aquellas propuestas de capacitación que resulten seleccionadas según los criterios establecidos, en la forma de certificados de crédito fiscal que pueden ser utilizados para la cancelación de obligaciones impositivas nacionales (Res. AFIP 4559 del 2019 y sus modificatorias).
El Programa está dirigido a empresas de todo tamaño, con cuatro o más empleados, y a cooperativas de trabajo, sin limitaciones en materia de sectores económicos involucrados.
Debe señalarse que la iniciativa comprende acciones de formación profesional cerradas y abiertas (sean presenciales, semi presenciales o virtuales); así como la implementación, certificación o revalidación de normas de calidad. En el primer caso, los montos financiables máximos llegan hasta los $ 3 millones por propuesta.
Los subsidios para normas de calidad se ubican entre $ 500.000 y $ 280.000 en función de la tarea específica a desarrollar. Este punto es muy importante sobre todo para las MiPyMes dado que para dar el salto y muchas veces convertirse en empresas exportadoras, estas normas de calidad son indispensables a la hora de abordar otros mercados y se convierten en la llave de acceso.
El cupo total del Programa asciende a $ 350 millones, distribuido geográficamente por regiones: las más relevantes de las cuales son la Provincia de Buenos Aires con $ 110.390.000, y CABA con $ 73.747.000.
Finalmente, cabe mencionar que la Dirección Nacional de Formación Continua, dependiente del mencionado Ministerio, procedió a realizar la apertura de la primera convocatoria de propuestas del Programa mediante la emisión de su Disposición 8/2021, la que se encontrará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.
(*) Silvia Tedin es socia de SMS Buenos Aires a cargo de Misión Pyme, y Ricardo Proganó, es Director de Finanzas Corporativas de SMS Buenos Aires.
