“Por lo visto hasta ahora, el resultado de los dos primeros meses nos estaría anunciando una inflación proyectada mucho mayor que la estimada en el presupuesto 2014,” manifestó el Consejo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta semana que el índice de precios al consumidor aumentó 3.4% en febrero y que lleva una suba de 7.2% acumulada en el año. Según la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, la inflación llegará al 9.9% en diciembre.
El presidente del Consejo, Humberto Bertazza, manifestó en febrero que es necesario permitir a las empresas y personas físicas realizar el ajuste por inflación para evitar tributar sobre una renta que es “irreal y espuria”.
El ajuste por inflación contable aplicado a los balances de las empresas es la herramienta apropiada para ser utilizada en contextos inflacionarios.
Las normas internacionales de información financiera (NIIF) contemplan y establecen que debe aplicarse este ajuste cuando el índice de precios llega al 100% acumulado en los tres últimos años, informó el Consejo.
La profesión en nuestro país, al adoptar las normas contables internacionales, reconoce dicha herramienta. Es así que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió el 4 de octubre de 2013 la resolución técnica (RT) 39 que trata dicha temática y exhorta a los Consejos Profesionales de todo el país a adoptarlas como norma profesional y ponerla en vigencia en cada una de las jurisdicciones. Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 664/2003 del 25/03/2003 establece que los balances no pueden ser ajustados por inflación y por consiguiente, ningún organismo oficial (CNV, IGJ, DGI, SSN, BCRA, etc.) acepta balances que contengan dicho ajuste.
Queda en evidencia que hay una contradicción entre las normas contables y las legales, en cuanto estas últimas no consideran el ajuste por inflación contable, ni siquiera en un contexto de alta inflación, manifestó el Consejo, una entidad de derecho público, no estatal, con independencia de los poderes del Estado, que nuclea actualmente a más de 65.000 matriculados y que, en virtud de lo establecido en la legislación nacional y en la ley de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamenta y ordena el ejercicio de las profesiones de Ciencias Económicas, habilitando las matrículas de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Actuario en nuestra jurisdicción
