Dos ejecutivos de Tyco, buscados por la justicia mejicana

La temporada de detenciones y pedidos para capturar ejecutivos alcanza nuevamente a Méjico. Esta vez, la justicia ordenó arrestar a dos altos funcionarios de Tyco International. Se los acusa de fraude en la venta de sistemas de seguridad.

22 marzo, 2003

El pedido de captura involucra a Phillip McVey, CEO de Tyco Fire & Security Latin America (TF&S LA), es decir los sistemas ADT. McVeyn abandonó precipitadamente Méjico DF y se refugió en Estados Unidos. El otro incoado es Patricio González, director operativo local de ADT, a quien tampoco era posible ubicar. Estos episodios son muy embarazosos para TF&S, cuya situación general tiende a deteriorarse en varios mercados, debido en buena medida a irregularidades contables detectadas inicialmente en EE.UU.

En realidad, la central del grupo despidió a McVey (mediados de marzo), al saber que se le emitiría orden de arresto y tras descubrir nuevas maniobras en filiales europeas y asiáticas. Estos problemas ya le han costado a Tyco cargos por hasta US$ 325 millones sólo en este trimestre. En cuanto a la subsidiaria ADT mejicana, viene teniendo dificultades desde que se estableció en 1999. Presionada por la matriz para obtener ganancias rápidamente –técnica que Tyco ha aplicado en el resto de Latinoamérica, con escaso rédito-, la nueva filial intentó expandirse reclutando concesionarios sin fijarse en sus métodos para captar clientes y sus ulteriores problemas para cobrar servicios.

Al advertir que gran parte de los 280.000 abonados captados en Méjico no podían o no querían pagar los US$ 30 mensuales de tarifa básica, en 2002 Tyco descragó sigilosamente de libros US$ 70 millones correspondientes al negocio azteca. Entretanto, daba por terminados contratos con los concesionarios mayores, que amenazaron con demandas legales. Justamente, las solicitudes de arresto se originan en un pleito que cuatro de ellos han confiado a un estudio de Miami.

El pedido de captura involucra a Phillip McVey, CEO de Tyco Fire & Security Latin America (TF&S LA), es decir los sistemas ADT. McVeyn abandonó precipitadamente Méjico DF y se refugió en Estados Unidos. El otro incoado es Patricio González, director operativo local de ADT, a quien tampoco era posible ubicar. Estos episodios son muy embarazosos para TF&S, cuya situación general tiende a deteriorarse en varios mercados, debido en buena medida a irregularidades contables detectadas inicialmente en EE.UU.

En realidad, la central del grupo despidió a McVey (mediados de marzo), al saber que se le emitiría orden de arresto y tras descubrir nuevas maniobras en filiales europeas y asiáticas. Estos problemas ya le han costado a Tyco cargos por hasta US$ 325 millones sólo en este trimestre. En cuanto a la subsidiaria ADT mejicana, viene teniendo dificultades desde que se estableció en 1999. Presionada por la matriz para obtener ganancias rápidamente –técnica que Tyco ha aplicado en el resto de Latinoamérica, con escaso rédito-, la nueva filial intentó expandirse reclutando concesionarios sin fijarse en sus métodos para captar clientes y sus ulteriores problemas para cobrar servicios.

Al advertir que gran parte de los 280.000 abonados captados en Méjico no podían o no querían pagar los US$ 30 mensuales de tarifa básica, en 2002 Tyco descragó sigilosamente de libros US$ 70 millones correspondientes al negocio azteca. Entretanto, daba por terminados contratos con los concesionarios mayores, que amenazaron con demandas legales. Justamente, las solicitudes de arresto se originan en un pleito que cuatro de ellos han confiado a un estudio de Miami.

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