Un informe académico de la Unsam analiza el alcance y los costos de la reforma laboral

El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) publicó el informe “Una reforma de regresión laboral”, donde analiza el paquete de cambios laborales impulsado por el Gobierno y plantea que, más allá del objetivo declarado de “reducir costos e incentivar la contratación”, el proyecto reordena reglas centrales del mercado de trabajo. En su diagnóstico, la reforma no incorpora instrumentos que, por sí mismos, impulsen creación de empleo formal y productividad, y sí desplaza riesgos hacia los trabajadores y hacia el financiamiento público. 

Diez puntos y una lógica: salarios, despidos y negociación colectiva

El informe abre con una tesis que funciona como encuadre: el empleo responde principalmente al nivel de actividad y no a la mera flexibilización normativa. En esa línea, afirma que la literatura empírica revisada no encuentra efectos sistemáticos de reformas laborales sobre el empleo y subraya un correlato frecuente: aumento de desigualdad. 

Desde ese marco, el centro ordena su lectura en “diez puntos principales”. El primero se apoya en una foto de deterioro salarial: sostiene que los salarios de las categorías más bajas de los convenios ya se ubican por debajo de la línea de pobreza y que la reforma habilita que, en el nivel de empresa, se pacten valores inferiores a los establecidos en convenios sectoriales. 

El planteo se completa con una evidencia histórica: entre diciembre de 2012 y 2024, los salarios de las categorías inferiores habrían perdido 30% de poder adquisitivo y, como consecuencia, en septiembre de 2025 esos básicos quedaron por debajo de la canasta básica; en ese contexto, la iniciativa “busca reducir aún más ese nivel”, según el documento. 

Fondo de Asistencia Laboral y costo fiscal: el Estado como financista indirecto

Uno de los ejes más relevantes del informe es el mecanismo de indemnizaciones. Allí se describe la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) de carácter obligatorio, financiado con un aporte equivalente a 3% de la masa salarial. Ese mayor costo no salarial se compensa, según el diseño que reseña el CETyD, con una reducción de 3 puntos porcentuales en contribuciones patronales destinadas al SIPA: por ejemplo, de 20,40% a 17,40% en servicios y comercio no Pyme, y de 18% a 15% en otros casos. 

El informe enfatiza el resultado fiscal de ese esquema: el Estado “deja de percibir” recursos de la seguridad social, lo que equivale a financiar con recursos públicos el costo de despidos. En números, estima una merma anual aproximada de US$ 2.500 millones, comparada en el propio texto con el monto necesario para cubrir durante un año unas 500.000 jubilaciones mínimas, incluyendo el bono, a valores 2025. 

También advierte un efecto distributivo entre firmas: sectores con menor rotación aportarían igual que los de mayor rotación pero usarían menos el fondo, generando una “doble distorsión” asociada a la socialización de costos de despido y su financiamiento vía debilitamiento del sistema previsional solidario. 

Sindicatos, ultraactividad y huelga: recursos y capacidad de acción

El tercer bloque recorre medidas que, según el informe, tensionan la sustentabilidad financiera sindical y su capacidad operativa. Entre ellas, menciona que las empresas podrían dejar de actuar como agentes de retención de cuotas de afiliación, condicionando el mecanismo a consentimiento expreso y acuerdo colectivo, y que se complejiza el cobro de cuotas solidarias al poner fecha de vencimiento por el fin de la ultraactividad de cláusulas obligacionales. 

En paralelo, el texto subraya la reducción de contribuciones patronales destinadas a obras sociales (del 6% al 5%), en un sistema que describe como financieramente complejo. 

El punto de mayor impacto público suele ser el derecho a huelga. El informe sostiene que el proyecto amplía el universo de actividades consideradas “esenciales” o de “importancia trascendental”, y que con ello se restringe el ejercicio del derecho, más allá de estándares internacionales. En sus cálculos, el número de trabajadores formales del sector privado con huelga restringida pasaría de aproximadamente 470.000 (7% del total) a 2,9 millones (43%), considerando que la aplicación del DNU 70/2023 se encuentra suspendida. 

Negociación descentralizada y “prelación inversa”: el convenio de empresa como techo

Otro capítulo central es el rediseño del sistema de negociación colectiva. El CETyD describe un mecanismo de “inversión” del orden de prelación: los convenios de empresa prevalecerían sobre los de actividad aun cuando contengan cláusulas menos favorables, revirtiendo el criterio del artículo 19 de la Ley 14.250, que hoy prioriza la norma más favorable. Como antecedente, el informe cita la Ley 25.250, conocida como “Ley Banelco”. 

A esa arquitectura suma el incentivo a personerías de sindicatos de empresa y la exclusión de federaciones de negociaciones por empresa, con el riesgo —según el texto— de “islas” de representación y de una negociación dirigida por el sector empresario. 

En la misma dirección, el informe discute el argumento de la “federalización” salarial: sostiene que la negociación sectorial ya opera de modo federal y que eliminar el piso de actividad no implica modernización, sino un regreso a esquemas asociados a los años noventa y a la etapa previa a 2004. 

Contratación, fraudes y plataformas: cambios en la presunción laboral

El documento también releva cambios que, en su lectura, facilitan la desprotección contractual. Menciona la inversión de la regla que presume relación laboral más allá de la forma jurídica: contratos bajo monotributo o locación de servicios pasarían a considerarse civiles, aun si existieran elementos objetivos de relación de trabajo. 

Sobre economía de plataformas, el informe señala la creación de categorías específicas (como “autónomos tecnológicamente dependientes”) y advierte que los trabajadores de plataformas quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. 

En paralelo, aparecen otras herramientas de flexibilidad: “banco de horas”, esquemas de teletrabajo con derogación de reglas específicas, y ampliación de márgenes para tercerización, entre otros puntos relevados en el texto. 

El argumento empírico: empleo, indemnizaciones y rotación

En el tramo dedicado a fundamentos, el CETyD contrapone evidencia histórica local. Señala que el período de mayor creación de empleo registrado se dio entre 2002 y 2007: más de 2 millones de puestos en el sector privado a un ritmo promedio de 30.000 por mes. 

Sobre el foco en indemnizaciones, el informe aporta un dato para dimensionar el fenómeno: sostiene que solo 12% de las desvinculaciones se explican por despido sin causa y que la rotación es alta (con más de la mitad de los empleos de duración menor a un año), por lo que recortar indemnizaciones tendría un alcance más acotado sobre el volumen total de separaciones. 

Alternativas y próximos pasos

El documento cierra con una agenda alternativa (“otra reforma laboral es posible”), que propone abordar productividad e innovación con instituciones laborales que reduzcan desigualdad, y no mediante la fragmentación de la negociación o el traslado de riesgos al trabajador. 

En el plano político, el informe deja implícita una hoja de ruta para el debate: el núcleo no es solo la “flexibilización”, sino cómo se reconfigura la distribución de poder en paritarias, qué parte del costo de despido se socializa vía seguridad social y cuál es el nuevo perímetro de derechos colectivos. En esa discusión, la clave será medir, con datos, si la reforma produce formalización y empleo neto o si amplifica la precariedad en un mercado ya atravesado por salarios deteriorados.

El Informe fue realizado por Matías Maito, Juan Manuel Ottaviano, Carlos Tomada, Lilia Alonso y Julián Hofele.