Greenpeace difundió imágenes aéreas de minería en áreas protegidas por la Ley de Glaciares
El registro, publicado el 24 de febrero de 2026 en San Juan, muestra aperturas de caminos y remoción de suelo en sectores de alta montaña alcanzados por la Ley 26.639 e incluye el glaciar de escombros G110, en un contexto de debate en el Senado sobre una reforma que podría impactar en la seguridad hídrica
Greenpeace difundió un relevamiento aéreo en la provincia de San Juan que documenta intervenciones asociadas a proyectos mineros en áreas protegidas por la Ley 26.639. El material registra glaciares y ambiente periglacial en sectores de alta montaña donde la normativa vigente restringe actividades de este tipo.
El registro incluye imágenes de aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para futuras tareas exploratorias. Entre los puntos documentados figura el glaciar de escombros G110, inventariado y protegido por la ley vigente, que aparece ubicado en medio de operaciones mineras. Las fotografías muestran intervenciones visibles dentro de zonas alcanzadas por la protección actual.
La Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Sobre esa base, Greenpeace planteó que las imágenes exponen una tensión entre la actividad extractiva y el marco normativo vigente en territorios donde la legislación fija límites.
La difusión del material se produjo mientras el tema atraviesa un debate en el Senado. En ese contexto, Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina, vinculó la discusión legislativa con el estado actual de los proyectos en la zona. “Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental”, dijo Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
En la misma declaración, la especialista agregó: “Lo que algunos llaman ‘brindar seguridad jurídica’ termina siendo adaptar la norma para que actividades en infracción estén habilitadas”. Para la organización, una modificación del alcance de la Ley 26.639 en el escenario actual implicaría reducir el estándar de protección para adecuarlo a proyectos ya instalados en zonas sensibles, en lugar de exigir el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente.
Además del glaciar G110, el relevamiento abarca glaciares y ambiente periglacial que alimentan a los ríos San Juan y Jáchal y abastecen a miles de personas. En la lectura de Greenpeace, el debate legislativo no se limita a una discusión normativa: se vincula con territorios concretos y con fuentes de agua identificadas en el registro.
El eje de la discusión, tal como lo planteó Rossi Serra, se concentra en si se mantiene un límite claro para proteger estos glaciares y el ambiente periglacial o si se flexibiliza la ley para adecuarla a proyectos ya en marcha, con impacto directo sobre la seguridad hídrica del país.