La localidad chubutense de Camarones atraviesa una problemática histórica de suministro de agua que permanece sin resolución y que, en las últimas semanas, sumó tensión política y social tras el inicio de la prospección de merluza. En ese escenario, un grupo de vecinos autoconvocados elevó una nota formal al municipio para advertir que la prioridad del recurso parece desplazarse hacia el sector industrial, mientras los hogares reciben un caudal insuficiente y un agua que califican de “dudosa salubridad”.
El esquema de provisión se organiza de manera binaria: una mitad del pueblo recibe agua por la mañana y la otra por la tarde, por lo general en bloques de cuatro horas. Sin embargo, los vecinos sostienen que ese cronograma rara vez se cumple con precisión. “A veces uno quiere utilizar agua y las canillas responden con aire”, relató una vecina nacida y criada en la localidad. La irregularidad impacta con mayor fuerza en familias numerosas y en sectores que no cuentan con infraestructura propia para acopiar.
La administración cotidiana de la escasez también profundiza diferencias entre barrios. Mientras quienes tienen mayores recursos económicos pueden costear entregas extra o comprar agua mineral, el barrio Islas Blancas depende de un camión cisterna municipal. Ese servicio entrega una cuota fija de 1.000 litros semanales —aunque, en la práctica, llegan a 2.000— mediante un transporte que no está habilitado para consumo humano.
En el plano institucional, Lorenzo Gimenez, identificado como referente local, cuestionó el nivel de información disponible y la forma de la comunicación oficial. “Escasa y unilateral”, dijo, al señalar que se difunden mejoras que no se traducen en la realidad del servicio domiciliario.
La industria pesquera aparece como un factor central en el conflicto. Se la describe como el mayor consumidor de agua dulce en la región y, con la prospección de merluza, creció la preocupación por la demanda de las plantas de procesamiento sobre las napas freáticas. Según datos a los que accedió Gimenez en 2022, el consumo combinado del puerto y las plantas equivalía a la mitad de todo el volumen bombeado desde los acuíferos de la zona. “Se sabe que el trabajo de las plantas pide mucha agua”, señaló la vecina consultada, al plantear el temor de que el suministro domiciliario se restrinja aún más para abastecer la producción.
A ese cuadro se suma la problemática de los efluentes: una de las plantas opera dentro del ejido municipal y, de acuerdo con el planteo vecinal, genera molestias constantes por un tratamiento inadecuado de sus residuos.
Otro eje del reclamo es la incertidumbre sobre la potabilidad. El sistema se alimenta de dos fuentes subterráneas: la napa de La Lochiel, bajo sospecha de altos niveles de arsénico, y la de Paso de Piedras, con indicios de salinidad elevada. A pesar de pedidos de acceso a la información pública amparados por la ley I-156, el Ejecutivo local se negó a publicar los resultados de los análisis de calidad. “Sospechamos que el agua NO es potable”, afirmó Gimenez.
La nota presentada solicita transparencia sobre la calidad del agua, control efectivo del consumo industrial y la creación de una comisión participativa prevista en la Ley de Política Hídrica N° 88.
