El 8 de enero de 2026, en el marco de protestas extendidas y una represión violenta, las autoridades iraníes dispusieron un apagón de internet de escala nacional. El corte afectó conexiones fijas y móviles y dejó al país, en la práctica, aislado de los servicios globales.
Ese escenario volvió visible un actor no estatal: Starlink. Con terminales instaladas de forma discreta —en muchos casos, sin autorización—, la red satelital permitió a grupos de manifestantes y activistas restablecer una vía alternativa para mensajería, coordinación y envío de material audiovisual hacia el exterior. La diferencia técnica es conocida: un Estado puede interrumpir fibra, radioenlaces y “última milla”, pero no controla la infraestructura orbital de un operador extranjero.
La discusión, sin embargo, excede lo tecnológico. El episodio trasladó al primer plano un dilema de gobernanza: quién decide, con qué reglas y bajo qué rendición de cuentas, el acceso a la conectividad cuando un gobierno intenta imponer soberanía digital mediante un apagón.
Un apagón sofisticado y una red paralela
El corte de enero no se limitó a un bloqueo parcial o a restricciones selectivas. Organizaciones de monitoreo y analistas describieron una desconexión de gran alcance, acompañada por medidas que buscaron limitar telefonía y servicios críticos, y por la tentativa de reforzar un esquema de “internet nacional” basado en listas blancas de sitios permitidos.
En paralelo, desde 2022 se consolidó un mercado clandestino de terminales satelitales que ingresaron por rutas terrestres y marítimas, con redes de distribución informal y manuales de uso para eludir controles. Esos equipos, al conectarse con satélites de órbita baja, construyeron una conectividad ad hoc que resultó clave cuando la red convencional dejó de funcionar.
La capacidad de documentar y transmitir imágenes del conflicto cambió la relación entre protesta, represión y opinión pública internacional. El flujo de información se volvió más difícil de “encapsular” dentro de fronteras nacionales, aun cuando el Estado conservó la ventaja material de la coerción y del control territorial.
Interferencia electrónica: del bloqueo al “jamming”
La respuesta oficial incluyó un repertorio que combinó allanamientos, persecución de equipos y medidas técnicas de interferencia. Informes periodísticos y especialistas en derechos digitales registraron el uso de inhibidores (“jamming”) y “spoofing” de GPS (falsificación de señales de posicionamiento) para degradar el rendimiento de Starlink en zonas específicas, con pérdidas de calidad que en algunos casos se estimaron muy altas.
Esta dimensión introduce un matiz: la conectividad satelital no es inmune al poder estatal. Puede resistir el cierre de cables, pero enfrenta la guerra electrónica. A la vez, tampoco queda totalmente neutralizada: la interferencia demanda recursos, no siempre escala de manera uniforme y se enfrenta con ajustes del operador (por ejemplo, cambios de software y gestión de red).
Además, el riesgo se trasladó a los usuarios. Distintos reportes mencionaron vigilancia con drones y amenazas de penas severas por posesión o uso de terminales no autorizadas, bajo marcos legales que asimilan el equipo a actividades de espionaje.
De servicio comercial a herramienta geopolítica
La controversia creció cuando la conectividad dejó de ser una externalidad técnica y pasó a leerse como señal política. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que pediría a Elon Musk y a SpaceX que ayudaran a sortear el apagón, un gesto que ubicó a Starlink en el centro de una disputa entre un Estado que bloquea y otro que presiona para restablecer comunicaciones.
En ese marco, se reportaron extensiones de servicio y créditos gratuitos para usuarios, lo que reforzó la percepción de que un producto comercial podía operar, en la práctica, como vector de política exterior.
La secuencia encontró un antecedente inmediato en Venezuela, donde Starlink anunció conectividad gratuita por un período acotado tras un episodio político de alto impacto, según reconstrucciones periodísticas. La lectura internacional fue lineal: la empresa definió, por decisión propia, un alivio digital en un contexto de crisis, con implicancias políticas inevitables.
El problema de fondo no reside en la utilidad del servicio en emergencias —que puede ser real—, sino en la arquitectura de decisiones: una compañía responde a reglas corporativas y a incentivos de mercado, no a mecanismos democráticos de representación.
Licencias, derecho internacional y el límite de la ONU
El caso iraní también tensó los marcos regulatorios. Irán presentó reclamos ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que consideró ilegal la provisión de servicios sin autorización del Estado receptor. Aun así, el alcance práctico de esa conclusión resultó limitado: la UIT puede emitir determinaciones y gestionar controversias técnicas, pero no cuenta con instrumentos directos para “apagar” una constelación.
En la práctica, el episodio funcionó como advertencia para reguladores que negociaban licencias. Sri Lanka, por ejemplo, pausó el despliegue de Starlink y explicitó preocupaciones vinculadas con seguridad y soberanía, en particular por la capacidad estatal de supervisar o interceptar tráfico.
No se trata solo de Starlink. La discusión anticipa tensiones similares con otras constelaciones de órbita baja que ofrecen conectividad directa o semidirecta a usuarios finales. El interrogante para los Estados es cómo compatibilizar expansión de conectividad con control regulatorio, sin trasladar la llave del acceso —o del corte— a un actor privado extranjero.
La dualidad: libertad de conexión y poder corporativo
La misma infraestructura que habilita comunicación durante un apagón puede alimentar economías ilegales. En Myanmar, investigaciones y acciones judiciales vincularon terminales de Starlink con centros de estafa y redes criminales; SpaceX informó desactivaciones de equipos en ese contexto. El punto no es la comparación moral entre casos, sino la demostración de poder: el operador puede identificar, geolocalizar y desactivar terminales.
Esa capacidad vuelve a la pregunta central: ¿la conectividad satelital democratiza el derecho a resistir la censura o corporativiza la soberanía digital? En Irán, la red funcionó como contrapeso frente a un monopolio estatal de los flujos de información. Al mismo tiempo, reforzó la dependencia respecto de decisiones opacas —o discrecionales— de una empresa y de su conducción.
Enero de 2026 puede leerse como un umbral: internet satelital dejó de ser solo una solución de conectividad y empezó a operar como infraestructura de disputa política. Desde ahora, el debate no se limita a mantener “luz digital” durante un apagón. La cuestión decisiva es quién mueve el interruptor y bajo qué marco legal queda sujeto ese poder.
