Putin: entre el “modelo ruso” y las reformas moderadas
En teoría, Vladyímir Putin –reelegido con 70% del voto- tiene la economía como prioridad. También Estados Unidos, que hace oídos sordos a las denuncias de fraude en Rusia. Pero el modelo político es por demás estatista y centralizado.
Así lo trasunt el vasto poder en manos de ex funcionarios de la extinta KGB (en ruso, comisión de seguridad estatal), encabezados por su ex jefe, el actual presidente. Su segundo mandato, asegura Putin, redundará en beneficios tangibles para la gente porque, admite, “poco o nada se ha hecho en su primer período –tras suceder a Borís Yeltsin- en favor de los 145 millones de ciudadanos.
Moscú sabe, además, que sólo una economía estable y dinámica le permitirá recobrar el papel que la ex Unión Soviética tuviera en un mundo bipolar. Pero, si bien las metas son claras, el contexto político no lo es. De hecho, las ambiciones económicas de Putin entrañan una profunda contradicción.
Por una parte, parece aceptar que hace falta mucha más derregulación, pues mantuvo “liberales” en cargos relevantes. Por la otra, sigue reconcentrando poder en el Kremlin, en tanto reprime partidos, empresarios y medios opositores. Según señalaba días atrás la agencia calificadora Fitch, “hay incompatibilidades básicas entre la dinámica económica y un estado con facultades ilimitadas para intervenir y controlar esa misma economía”.
Tal vez “ni siquiera Putin –presume el Financial Times-sabe cómo resolver esas tensiones. En su primer mandato, puso el estado centralizado (rasgo histórico del modelo ruso, más que del chino) por encima de la liberalización económica. La mayoría de la población, que asocia la libertad política y económica con el caos en tiempos de Yeltsin, piensa como el Kremlin”.
La gran incertidumbre es el petróleo. Los éxitos de Putin en el primer mandato se basaban firmemente en el altos precio de los crudos, que promovían crecimientos y disimulaban las grietas en el resto de la economía. Un bajón de tarifas o de producción las pondría de pronto en evidencia y estimularía nuevas demandas de reformas.
Hace cinco años, Putin –como hoy- lanzó un programa económico modernizante, armado por el ministro Gyérman Gryef. Pero fue ejecutado en forma por demás parcial y selectiva. Sus mejores resultados fueron en el terreno impositivo.
No obstante, el gobierno se resistió a ceder facultades en áreas claves. Entre ellas, gas natural y banca, dominadas –respectivamente- por los grupos estatales Gazprom y Sbyérbank.
Por el contrario, los últimos cuatro años se caracterizaron por la recuperación de la férula moscovita sobre los 89 gobernadores provinciales. Se les restringieron facultades presupuestarias y otras que tenían bajo Yeltsin. Este proceso invadió el sector privado, comenzando por el control de grupos mediáticos –los de Vladyímir Gusinsky y Borís Byerezovsky- y terminando con el arresto en 2003 de Míjail Jodorkovsky, fundador de Yukos, la mayor petrolera del país y quinta en el mundo.
Mientras tanto, Putin excluía oligarcas y promovía funcionarios de línea. En particular, los que –como él- provenían de la ex KGB. El proceso culminó poco antes de las elecciones, con el reemplazo del primer ministro Míjail Kasyánov (vinculado al sector privado) por Míjail Fradkov, burócrata ligado a la ex policía secreta.
A pesar de todo, el nuevo gabinete incluye reformistas económicos como Alyexandr Dyúkov, el propio Gryef y Alyexei Kudrin en Hacienda. Pero, ahora, Putin controlará un parlamento hasta hace poco bastante crítico. En los papeles, sin embargo, las prioridades del segundo mandato son económicas.
En el plano exterior, Rusia se ha comprometido a ingresar en la Organización Mundial de Comercio, abrir el mercado interno e integrarse a la economía global. De no hacerlo, se encontrará en posición embarazosa cuando el Grupo de los 8 (los 7 más Rusia) se reúna en Moscú (2006).
Empero, Putin continúa resistiendo presiones de la Unión Europea, que pide una veloz derregulación en gas, telecomunicaciones y seguros. En el mismo orden de cosas, el gobierno debiera dispersar carteles, monopolios y acuerdos oligopólicos dentro o entre industrias y conglomerados, Sectores enteros demoran la diversificación y la competencia abierta. En ciertos casos –como la electricidad- hacen falta “reguladores para derregular”.
El sector financiero es otro problema. El Banco Central tiene conflictos de intereses con Sbyérbank, la banca estatal de ahorros que domina su segmento. Por ejemplo, la iniciativa gubernamental de emitir bonos con mayor transparencia –algo que Sbyérbank no exhibe- podría crear un mercado interbancario de créditos para pequeñas y medianas empresas.
En el caso Yukos, poner en libertad bajo fianza a Jodokovsky, en espera del juicio por fraude que le entablará el gobierno, sería una señal positiva en cuanto a reformas jurdídicas. Paralelamente, poner en subasta –transparente- las acciones que le fueran confiscadas e imponer tributación a las ganancias del grupo crearía mejor clima internacional.