Por Eduardo Gamarra (*)
Desencadenadas por la reciente destitución del ex dirigente Pedro Castillo, las protestas han puesto de manifiesto las profundas divisiones existentes en el país y están siendo alentadas por una confluencia de factores internos y agitadores externos.
¿Qué desencadenó las protestas?
El detonante inmediato fueron los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, en los que el ahora destituido presidente Castillo se embarcó en lo que se ha descrito como un intento de golpe de Estado. Pero si fue un “golpe” está sujeto a debate. Los partidarios de Castillo dicen que intentaba evitar otro tipo de golpe, instigado por el Congreso.
Castillo –un antiguo profesor indígena de izquierdas del sur del país– intentó cerrar el paso a un Congreso que pretendía destituirle por acusaciones de corrupción y acusaciones de traición a la patria.
El exmandatario pidió a los militares que le apoyaran, y su intención era formar una asamblea constituyente para reformar la Constitución del país. Pero su plan no funcionó. Los militares rechazaron la estratagema de Castillo, y el Congreso se negó a ser disuelto y siguió adelante con su votación de destitución, desalojándole del poder.
Los acontecimientos de ese día desencadenaron las protestas que han ido cobrando fuerza en las semanas posteriores.
Pero aunque los acontecimientos del 7 de diciembre fueron el detonante inmediato, es importante comprender que esta crisis se gestó hace tiempo.
El trasfondo de la crisis política
La crisis tiene sus raíces en la naturaleza del sistema político peruano. En parte por diseño, la constitución del país, que fue adoptada en 1993 pero enmendada una docena de veces desde entonces, crea ambigüedad sobre quién tiene el mayor poder: el presidente o el Congreso.
Constitucionalmente, el Congreso tiene un enorme margen para limitar el poder ejecutivo, incluida la destitución mediante juicio político. La idea era servir de baluarte contra los excesos de presidentes de mentalidad autoritaria. Pero, en realidad, fomenta la inestabilidad y la debilidad del ejecutivo. La Constitución está redactada de forma tan ambigua que también da margen de maniobra a los presidentes que quieren cerrar el Congreso, como intentó sin éxito Castillo.
Mientras tanto, en Perú se ha desmantelado el antiguo sistema de partidos políticos. Partidos antaño poderosos ya no existen o luchan por conseguir apoyo. Como resultado, el sistema de partidos del país se ha fracturado: más de una docena de partidos están representados en el Congreso, lo que dificulta que un líder o un partido consiga la mayoría. En resumen, resulta difícil gobernar cuando no se tiene una base legislativa para hacerlo. Por ejemplo, Castillo sólo contaba con el apoyo de 15 miembros de su propio partido en la asamblea de 130 escaños.
Por si fuera poco, el país está profundamente polarizado y dividido en diferentes líneas: étnica, racial, económica y -como han demostrado plenamente las protestas- regional.
¿Quién protesta?
En primer lugar, son partidarios de Castillo. Aunque no tenía una base de poder real en la capital del país, Lima, Castillo –como primer presidente rural real que ha tenido el país– tenía un apoyo significativo en el sur.
Las protestas se han concentrado en torno a la ciudad de Puno, pero el apoyo ha venido de todo el altiplano andino del sur de Perú.
La zona es predominantemente quechua y aymara, los dos principales grupos indígenas del sur peruano. Los quechuas y aymaras peruanos son “primos hermanos” de los mismos grupos al otro lado de la frontera, en Bolivia.
Y esto es importante en el contexto de las protestas actuales.
Evo Morales, expresidente de Bolivia, lleva mucho tiempo hablando de “runasur”, el concepto de unir a los pueblos indígenas de la región andina.
El gobierno peruano ha culpado a Morales de provocar las protestas y le ha prohibido la entrada en Perú. Sin duda, aliados bolivianos han estado en el sur de Perú movilizando el movimiento, y algunos han sido detenidos.
Pero lo que realmente se está viendo es una “bolivianización” del movimiento de protesta en Perú. Las tácticas del movimiento de protesta en Perú son similares a las de las fuerzas detrás de los disturbios pro-Morales en Bolivia tanto de 2003 como de 2019, los bloqueos de carreteras, la violencia contra la policía que ha visto al menos un oficial muerto y otros heridos. Esto no excusa en absoluto la brutal respuesta de la policía, que ha causado la muerte de más de 50 manifestantes.
Pero incluso en el tratamiento de estas muertes se ven ecos de Bolivia. Al igual que en Bolivia, los manifestantes califican de “genocidio” la violencia de las autoridades contra las manifestaciones. Afirman que la policía ataca a los grupos indígenas por ser quienes son.
Es evidente que la policía está haciendo un uso excesivo de la fuerza, pero los propios agentes implicados son, en muchos casos, indígenas.
¿Cuáles son las reivindicaciones de los manifestantes?
En primer lugar, pretenden obligar al gobierno de Lima a aceptar la celebración de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución; cómo sería esa nueva constitución es una cuestión secundaria.
También están intentando forzar la dimisión de la mujer que sustituyó a Castillo, Dina Boluarte. Creo que es un objetivo alcanzable. Boluarte sufre muchos de los mismos problemas que su predecesor: tiene poco apoyo real en el Congreso y ningún apoyo en las calles. Además, al no haber sido elegida, carece de legitimidad democrática a los ojos de muchos.
La presidenta Boluarte ha dicho que no dimitirá. Está estudiando la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, pero hay pocas posibilidades de que acepte una asamblea constituyente en este momento.
En cuanto al modo en que este movimiento hará avanzar el concepto de runasur regional, es difícil de juzgar. Ciertamente, la situación peruana ya no es solo una cuestión peruana: implica a Bolivia, y la protesta cuenta con el apoyo de la izquierda latinoamericana.
Pero es difícil decir hasta qué punto el movimiento de protesta cuenta con apoyo dentro de Perú, dado lo dividido que está el país. Desde luego, no cuenta con el respaldo de las zonas urbanas del norte del país.
No obstante, ha demostrado la capacidad de movilización de los pueblos indígenas, al igual que en Bolivia. Y el objetivo de muchos no es ganar apoyos, sino demostrar esta fuerza.
¿Seguirá la protesta peruana el curso de los disturbios pasados en la región?
Nadie lo sabe. Si se sigue la lógica de la comparación con Bolivia, se verá una agitación creciente y potencialmente más violencia, como la que experimentó ese país en 2003 y 2019. Si ese es el caso, será difícil que Perú vuelva al viejo estilo de política limeño-céntrica.
Las profundas divisiones de la sociedad peruana y la fractura de su sistema político hacen difícil imaginar que surja una fuerza política que pueda hacer frente a todos estos problemas. Y eso es lo que hace que la situación actual sea tan difícil de resolver.
Mientras tanto, las comparaciones con las protestas en Perú que derrocaron a Alberto Fujimori en 2000 pueden estar fuera de lugar. Aquellas protestas se produjeron en un contexto muy diferente: Fujimori era percibido entonces como un dictador que había saqueado al país miles de millones de dólares. Fue un levantamiento para destituir a un dictador.
Lo que hay ahora es un expresidente impopular en la cárcel y una presidenta impopular con reclamaciones controvertidas de legitimidad en el poder. El contexto es muy diferente. No se trata de una transición del autoritarismo a la democracia, sino de protestas derivadas de un sistema democrático ineficaz en un momento en que el país está profundamente dividido.
(*) Professor of Politics and International Relations, Florida International University
