La república que juzga a sus presidentes

El 21 de octubre de 2025, Nicolas Sarkozy ingresó a la prisión de La Santé. El hecho carece de precedente moderno. Ningún expresidente francés había sido encarcelado desde la Liberación. Ninguno, en la Unión Europea, había cruzado las puertas de una cárcel tras ejercer la jefatura del Estado. Veinte días después, el 10 de noviembre, el Tribunal de Apelación de París lo liberó bajo control judicial. La causa que lo llevó allí —la presunta financiación libia de su campaña de 2007— sigue abierta. La apelación se desarrolla desde marzo de 2026 y concluirá el 3 de junio. Lo que está en juicio, sin embargo, excede al condenado.

El origen: un viaje a Trípoli

La hipótesis judicial parte de un dato verificado: en octubre de 2005, Sarkozy, entonces ministro del Interior, viajó a Trípoli y se reunió con Muamar Gadafi. La reunión duró media hora. Según la sentencia de primera instancia, allí se fraguó un acuerdo. Francia obtendría petrodólares para la campaña presidencial de 2007. Libia obtendría rehabilitación internacional y gestiones a favor de Abdallah Senoussi, jefe de los servicios secretos libios y yerno del dictador, condenado en rebeldía por el atentado al avión de UTA en 1989. El atentado costó la vida a 170 personas. Cincuenta y cuatro eran ciudadanos franceses.

La denuncia pública llegó en 2011. Saif al-Islam Gadafi, hijo del dictador, declaró durante la guerra civil libia que su padre había financiado a Sarkozy. En 2012, entre la primera y segunda vuelta de las presidenciales que perdería frente a Hollande, el sitio Mediapart publicó un documento de los servicios secretos libios fechado el 10 de diciembre de 2006. Autorizaba una transferencia de 50 millones de euros. Los jueces de primera instancia descartaron ese documento por dudas de autenticidad. Pero el expediente reunió otras pruebas: el cuaderno del exministro libio Choukri Ghanem, las transferencias documentadas a cuentas del intermediario Ziad Takieddine, los testimonios de funcionarios libios.

La sentencia: cinco años por asociación ilícita

El 25 de septiembre de 2025, el Tribunal Correccional de París condenó a Sarkozy a cinco años de prisión. El delito: asociación ilícita. La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, fundó la pena en la “gravedad excepcional de los hechos” y ordenó el ingreso a prisión sin esperar la apelación. Sarkozy fue absuelto de los demás cargos: corrupción, malversación de fondos públicos y violación del código electoral. La sentencia estableció algo preciso: no se probó que el dinero libio entrara a las cuentas de campaña, pero sí que salió de Libia, y que los colaboradores cercanos del expresidente —Claude Guéant y Brice Hortefeux— gestionaron ese flujo con su autorización política.

Guéant, jefe de gabinete en el Ministerio del Interior y luego secretario general del Elíseo, recibió la pena más alta: seis años. Hortefeux, dos años. Eric Woerth, tesorero de la campaña, fue absuelto. De trece imputados, tres salieron sin condena. El fallo es claro en un punto: el “pacto de corrupción” fue obra de un círculo. Sarkozy no firmó cheques. Permitió, según el tribunal, que otros lo hicieran en su nombre.

La prisión y la liberación

Veinte días en La Santé. Régimen de aislamiento. Dos funcionarios penitenciarios para su protección. El 10 de noviembre, Sarkozy compareció por videoconferencia ante el Tribunal de Apelación. Dijo que la cárcel era “una pesadilla”. Sus abogados invocaron la edad —70 años— y argumentaron que la detención lo amenazaba a él, no al revés. La Fiscalía respaldó la solicitud de libertad. El tribunal aceptó. Las restricciones son específicas: prohibición de salir de Francia, prohibición de contactar al ministro de Justicia Gérald Darmanin —que lo había visitado en prisión, episodio que generó polémica institucional—, prohibición de comunicarse con los demás condenados.

La apelación que ahora transcurre revisa todo el expediente. Sarkozy declaró el 7 de abril que “ni un céntimo libio” financió su campaña. Acusó al fallecido Takieddine —murió en 2024— de haber mentido en dieciséis o diecisiete versiones distintas. El 27 de abril, Guéant, ausente del juicio por motivos de salud a sus 81 años, envió una carta de tres páginas al tribunal. Reiteró que en aquel viaje de 2007 a Trípoli, Sarkozy le pidió explorar el levantamiento de la orden de captura contra Senoussi. Sostuvo: “Mantengo un recuerdo muy preciso de esa escena”. El veredicto se conocerá después del 3 de junio.

El historial judicial completo

La causa libia no es la primera condena de Sarkozy. Conviene ordenar el cuadro:

1.

Caso Bismuth

(escuchas). Diciembre de 2024. El Tribunal de Casación confirmó la condena por corrupción y tráfico de influencias. Tres años de prisión, uno bajo brazalete electrónico. Sarkozy llevó el dispositivo de febrero a mayo de 2025. Obtuvo libertad condicional a la mitad de la pena.

2.

Caso Bygmalion

. Noviembre de 2025. La Casación rechazó el último recurso. Queda firme la condena por financiación ilegal de la campaña de 2012: gastos por 43 millones de euros frente al tope legal de 22,5 millones, ocultados mediante doble facturación. Un año de prisión, seis meses efectivos.

3.

Caso libio

. Septiembre de 2025. Cinco años de prisión por asociación ilícita. Apelación en curso.

Tres causas. Tres condenas. Un mismo acusado.

La cuestión institucional

La pregunta que el caso plantea no es si Sarkozy es culpable. Eso lo dirá el tribunal de apelación. La pregunta es si el sistema funciona. La respuesta, hasta acá, es afirmativa. Un expresidente fue investigado durante doce años. Fue juzgado. Fue condenado. Cumplió prisión efectiva, breve pero real. Apeló. Fue liberado bajo control judicial conforme a la ley. Su apelación se sustancia con todas las garantías.

Francia procesa a sus exmandatarios. Lo hizo con Chirac, condenado en 2011 por desvío de fondos. Lo hace ahora con Sarkozy. La justicia no distingue investiduras. Esa es la definición operativa del Estado de derecho. No hay república sin tribunales que juzguen también a quienes ejercieron el poder.

El veredicto del Tribunal de Apelación de París se espera para el segundo semestre de 2026.

Hasta entonces, la causa libia seguirá su curso. La sentencia firme dirá si las pruebas resisten una segunda lectura. El sistema, mientras tanto, ya respondió a una prueba más exigente: la de aplicar la ley sin atender al cargo del acusado.​​​​​​​​​​​​​​​​