Por Víctor Resco de Dios (*)
¿Son efectivas las medidas que abanderan la lucha contra el cambio climático?
En el año 2019 se emitieron 41 gigatoneladas (Gt) de CO₂. Al año siguiente nos topamos con la covid-19 y el ralentizamiento de la actividad económica repercutió en un descenso de las emisiones hasta las 38,5 Gt.
Una vez pasada la peor parte de la pandemia, la actividad económica se recuperó y en el año 2022 se emitieron 40,5 Gt de CO₂, prácticamente las mismas emisiones que antes de las declaraciones de emergencia climática en 2019. En situaciones de emergencia, como los incendios o las paradas cardiorrespiratorias, se debe actuar de forma inmediata, algo que no parece haber ocurrido en este caso.
En 2015, se firmaron los llamados Acuerdos de París, un pacto para limitar el calentamiento global a 2 ℃ y, preferentemente, a 1,5 ℃. En ese momento, las emisiones eran de 39,5 Gt de CO₂, 1 Gt por debajo de las emisiones actuales.
Podemos seguir retrocediendo en el tiempo para estudiar la efectividad de las grandes declaraciones y acuerdos internacionales. Bajo el protocolo de Kyoto (1997) 37 países industrializados (principalmente los europeos) acordaban reducir sus emisiones un 5 % durante el periodo 2008-2012 con respecto de los niveles de 1990.
Europa bajó sus emisiones territoriales de CO₂, pero a expensas del aumento de las importaciones y la deslocalización de la industria. Kyoto se fijaba en la producción de CO₂, no en el consumo. Las emisiones globales aumentaron desde las 27 Gt en 1990 hasta las 39 Gt del año 2012. Sin embargo, Europa podía presumir, aunque de forma espuria, de haber logrado disminuir sus emisiones. En realidad, tan solo redujo la producción de carbono, pero no su consumo.
Hacia los 2,5 ℃ de calentamiento
La idea de la emergencia climática cobró fuerza tras la Asamblea General de la ONU de 2019 donde se transmitió la sensación de que el tiempo para actuar se acababa y se argumentó que 2030 era el último año para prevenir el daño irreversible creado por el cambio climático. Esta fecha tiene su origen en el informe especial que el panel de la ONU sobre cambio climático (IPCC) había publicado en 2018.
Según este informe, para lograr limitar el calentamiento a 1,5 ℃ “sería necesario que las emisiones netas globales de CO₂ de origen humano disminuyeran en 2030 alrededor de un 45 % respecto de los niveles de 2010”.
A día de hoy resulta poco probable que las emisiones de CO₂ se reduzcan por debajo de lo necesario para lograr limitar el calentamiento a 1,5 ℃. Con los acuerdos firmados actualmente, el calentamiento sería de 2,5 ℃ en 2030 y de 3,2 ℃ a finales de siglo.
Se considera que, si la temperatura media global aumenta por encima de los 2 ℃, las consecuencias serían devastadoras. El clima asienta las bases sobre las que se establece cualquier sociedad. Cualquier sacudida climática se traslada a nuestra economía instantáneamente. Los cultivos, la disponibilidad de agua y alimentos, la salud, la industria… todo lo que hacemos y de lo que dependemos para vivir está íntimamente relacionado con el clima. Por tanto, mucha gente sufrirá y, sobre todo, los más vulnerables.
Por qué no lograremos bajar las emisiones
Las medidas que estamos tomando para hacer frente al cambio climático son extremadamente ineficientes. El programa estrella para la descarbonización de la economía es el sistema de intercambio de emisiones (SIE), una herencia de Kyoto. Desde su primera implementación en el año 2005 este sistema ha repercutido en una disminución anual de las emisiones territoriales europeas del 1,5 %. Esto quiere decir que la reducción de las emisiones de la Unión Europea, quien a día de hoy lidera dicha reducción, sería del 10 % en el año 2030. Muy lejos de la reducción del 45 % que pedía el informe del IPCC. Y eso sin contabilizar las fugas derivadas de deslocalizar las emisiones.
El SIE se ha convertido en un instrumento para repartir beneficios extraordinarios entre muchos sectores empresariales. Los windfall profits, como se denominan en inglés, surgen de fallos en su diseño.
En las primeras fases de la implementación en la Unión Europea, los derechos de emisión eran gratuitos para las empresas, pero estas sí repercutían el precio del carbono en el cliente, lo que resultó en unos beneficios de entre 7 y 8 mil millones de euros anuales para las eléctricas y otras compañías energéticas.
La fase actual del SIE entró en vigor en 2021, tras las declaraciones de emergencia climática. Si bien es cierto que este problema se ha corregido en parte en los últimos años, el problema de los beneficios no disminuirá.
Una de las soluciones estrella en la lucha contra el cambio climático es la implantación a gran escala de parques eólicos y solares. Las emisiones por estas tecnologías son prácticamente nulas. Sin embargo, para generar electricidad también se usan otras tecnologías (como el carbón) que son grandes emisoras. Esto permite a las eléctricas repercutir en el consumidor un precio por el CO₂ mucho mayor del que ellas tienen que pagar por los derechos de emisión.
Investigadores de la Universidad de Dresden han calculado que los beneficios seguirán regando a las eléctricas de la Unión Europea por lo menos durante la próxima década. En Australia, las centrales térmicas que usan carbón están recibiendo 1 200 millones de dólares. Estos investigadores denuncian que el SIE ha transformado el principio de “quien contamina paga” en “quien contamina cobra”. Con estos beneficios, el SIE no aporta prácticamente ningún incentivo al desarrollo de tecnologías limpias.
Plantaciones de árboles compensatorias
La otra medida estrella son las plantaciones compensatorias. Bajo el SIE, las empresas que consumen todos sus derechos de emisión deben plantar árboles para que absorban el CO₂ restante. Una práctica habitual entre las grandes multinacionales es pagar a una asociación conservacionista, o a una empresa forestal, para que plante árboles en su nombre.
Muchas de estas plantaciones se realizan en países del sur global y pretenden convertir sabanas en bosques. Las sabanas son ecosistemas muy antiguos, que se originaron hace 8 millones de años. Cobijan por tanto un gran almacén de carbono en sus suelos que se liberaría al plantar árboles, ya que antes de plantar hay que remover y airear el suelo.
Esta práctica es también una gran amenaza para las comunidades africanas que viven de la sabana. Y también para la biodiversidad que albergan: leones, elefantes y rinocerontes son especies de la sabana.
En España también encontramos empresas y asociaciones que realizan plantaciones compensatorias. En muchas ocasiones, las plantaciones no son mantenidas, lo que redunda en un aumento del riesgo de incendios futuros.
Miopía climática
Se podría argumentar que el resplandor de la emergencia climática nos está cegando. Con la excusa del cambio climático se está implantando un sistema de intercambio de emisiones que pagamos a escote y que redunda en grandes beneficios empresariales, mientras apenas se reducen las emisiones.
¿Qué pasará cuando lleguemos al año 2030 y, probablemente, volvamos a comprobar que las emisiones de CO₂ están lejos de lo necesario para limitar el calentamiento de forma segura? ¿Cómo comunicaremos sobre cambio climático en ese momento?
La estrategia comunicativa detrás de la emergencia climática lleva implícito que en el 2030 se acabará el mundo, o casi. Pero no es así, solo hará un poco más de calor que hoy. Los modelos predicen aumentos lineales, no abruptos en la temperatura. El problema lo tendremos a partir de 2050 y, sobre todo, a finales de siglo.
El hostigamiento mediático continuo acerca de un inminente final climático puede conllevar el hastío de la población. Tal vez la indiferencia sea la respuesta más probable con la que nos encontremos en unos años.
Las medidas actuales no solo resultan inadecuadas para abordar el problema climático, sino que la población poco a poco se dará cuenta de que bajo el paraguas de la acción climática se esconde un paraíso empresarial que solo redunda en un aumento de la injusticia social. Las grandes multinacionales, y las entidades conservacionistas que se dedican a plantar árboles, serán las grandes beneficiadas.
(*) Profesor de ingeniería forestal y cambio global, Universitat de Lleida
