Argentina se adhirió al Acuerdo de Ciudad del Cabo sobre seguridad pesquera

Argentina adhirió al Acuerdo de Ciudad del Cabo (CTA, por sus siglas en inglés), un tratado internacional vinculante adoptado por la Organización Marítima Internacional en 2012 para mejorar la seguridad marítima en la actividad pesquera. Con el apoyo reunido por las principales naciones pesqueras, el instrumento quedó en condiciones de comenzar a aplicarse a partir del próximo año.

El CTA apunta a elevar las normas de los buques pesqueros para garantizar la seguridad de la tripulación y de los observadores. El alcance incluye requisitos sobre construcción de buques industriales y su navegabilidad, además de disposiciones vinculadas con cubiertas, calefacción, procedimientos de emergencia y otras medidas de seguridad y salvamento. En el diagnóstico que acompaña al acuerdo, la problemática se vincula con la ausencia histórica de estándares globales: antes de este tratado, existían pocas normas mundiales u obligaciones legales internacionales destinadas a proteger a los pescadores en el mar.

Una investigación de la FISH Safety Foundation, encargada por The Pew Charitable Trusts, estimó que cada año mueren más de 100.000 personas en el sector pesquero. En ese marco, el foco del CTA en la seguridad se plantea como un instrumento para prevenir muertes en una actividad de alta exposición a riesgos operativos.

El tratado también se integra a la agenda de combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La lógica que conecta ambos planos es operativa y económica: en la búsqueda de maximizar ganancias, los operadores que pescan ilegalmente suelen recortar gastos en la forma en que manejan sus embarcaciones, lo que incrementa el riesgo para los trabajadores. A la vez, una mayor gobernanza y un control estandarizado de las disposiciones de seguridad de los buques amplían las oportunidades para detectar y prevenir la pesca INDNR.

En términos de alcance técnico, el CTA se aplica principalmente a buques nuevos de 24 metros o más. Su entrada en vigor quedó habilitada luego de que 28 Estados —por encima de los 22 requeridos— ratificaran el acuerdo. Además, el tratado debía cubrir al menos 3.600 buques, un punto de referencia que también fue superado con la última ronda de ratificaciones.

El CTA se suma a otros dos acuerdos internacionales orientados a cerrar brechas regulatorias: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Portuario (PSMA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que requiere fortalecer y armonizar controles portuarios, y el Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo, que establece normas vinculantes de seguridad y trabajo en el mar.

“Con la activación del Acuerdo de Ciudad del Cabo, los gobiernos han dado un paso trascendental”, dijo Peter Horn, quien dirige los esfuerzos para poner fin a la pesca ilegal en The Pew Charitable Trusts.