En la octava y última edición de 2015 de “Economic GPS”, el informe de coyuntura y negocios desarrollado por el área de Economía de PwC Argentina, el Tracking pone el foco de atención en un fin de año marcado por un fuerte incremento del gasto público.
Las primeras medidas del nuevo gobierno se centraron principalmente en cuestiones vinculadas a los ingresos (con un impacto directo de menor recaudación) y no a los gastos.
Así, por ejemplo, se han eliminado las retenciones a las exportaciones industriales y agrícolas, con excepción de la soja que tuvo una reducción de sólo 5 puntos porcentuales (de 35% al 30%).
También, de manera pública se ha anunciado la eximición del pago del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo de aquellos que ganan menos de $30.000 brutos mensuales, así como la devolución del IVA a los jubilados.
Pero tal vez la política más significativa haya sido el levantamiento del cepo, y el retorno a un tipo de cambio administrado.
Sin embargo, no se han dado aún precisiones sobre los detalles de la política monetaria, la cual puede encontrarse condicionada, en gran medida, en cómo se resuelva la compleja situación fiscal.
Dada la estructura de gastos del sector público nacional, donde más del 50% de los mismos corresponden a salarios y jubilaciones, el gasto en subsidios sería el primer punto a revisar.
El gran desafío estará en lograr que la devaluación, que alcanzó el 41,7% el día posterior al anuncio, se traslade lo menos posible a los precios.
La herencia
Pocos días antes de finalizar su mandato, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó una serie de decretos de necesidad y urgencia que aumentan gastos y restringen recursos a la Administración entrante, en un contexto de ajustadas cuentas fiscales.
Con posterioridad a la definición del ballotage, se sucedieron una serie de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que ampliaron significativamente el nivel de gasto del sector público nacional y restringieron, en alguna medida, los recursos, incrementando el ya elevado déficit fiscal, que llegaría al equivalente del 8% del PIB para todo 2015, magnitud no alcanzada desde principios de la década del 80.
A través del DNU 2585/15 publicado el 30 de noviembre, el gobierno nacional dispuso una ampliación presupuestaria de $133.272 millones para cubrir gastos corrientes y de capital (que representan el 12% de lo devengado en los primeros 10 meses del año).
Si se tiene en cuenta que en octubre los gastos totales devengados respecto al presupuesto inicial alcanzan el 88,3%, y que aún resta contabilizar el último bimestre, que alcanza históricamente el 21% del total del gasto anual consecuencia de erogaciones de carácter estacional (principalmente en salarios y aguinaldos), la ampliación era previsible, aunque no así su magnitud.
Los destinos de los incrementos de las partidas fueron varios, siendo el más importante para jubilaciones y pensiones, que representó el 45% del incremento total del gasto; seguido por gastos en personal, principalmente consecuencia de los aumentos salariales derivados delas paritarias, con el 10% de participación.
Asimismo,a través del Ministerio de Planificación se destinaron$5.300 millones a la Compañía Administradora delMercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) con el objetode subsidiar el precio de la energía eléctrica.
Comocontrapartida, el DNU incrementó los recursos corrientesen $9.607 millones, correspondientes a mayores recursostributarios ($5.113 millones), aportes y contribuciones($1.454 millones) y rentas de la propiedad de la ANSES($3.000).
Así, con estos incrementos por el lado de los gastos y de los ingresos, el rojo fiscal se expandió en $123.665 millones. Para cubrir las necesidades financieras el DNU indica que la mayor parte será cubierta con colocación de nueva deuda (57%), disminución de otros activos financieros ($36.963 millones, ANSES) (35%) e incremento de otros pasivos (8%).
Un día después, se conoció la Decisión Administrativa 1234/15 que volvía a incrementar los gastos corrientes y de capital, en esta oportunidad por $7.924 millones, financiado con una mayor estimación de los recursos, por $2.336 millones ($1.605 millones correspondientes a Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social; $333 millones por Venta de Bienes y Servicios; y $398 millones provenientes del cobro de tasas, entre otros ingresos), y una disminución de las aplicaciones financieras por $5.588 millones.
Asimismo, sobre el final del mandato, el 9 de diciembre, se publicaron cinco decisiones administrativas adicionales que aumentaron los gastos corrientes y de capital por $1.072,6 millones y un aumento en los recursos de $177,7 millones, determinando un deterioro adicional en el resultado financiero por $894,9 millones.
De esta manera, el año cerraría con un déficit financiero de $223.159 millones (382 mil millones si no se consideran los aportes del BCRA y de ANSES), que representa un 61% más que el estimado en el comparativo de 2015 en la recientemente aprobada Ley de Presupuesto 2016 y un 349% mayor al déficit que había sido proyectado en la Ley de Presupuesto para 2015 ($-49.668).
Los recursos asignados a la “Formulación y Ejecución de Política Energética” con destino a CAMMESA (que corresponde al gasto por subsidios a la energía eléctrica) llegarían a los $92.976 millones a finales de 2015. Junto con los del sector de transportes, los subsidios a la energía representan más del 90% del total de los subsidios y, con el resto de los subsidios, alcanzan alrededor del 4% del PIB o, visto de otra manera, el 50% del déficit fiscal estimado para 2015.
Sobre el final del año hubo también otra medida de fuerte impacto para las arcas nacionales, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que beneficia a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis y que implica la reducción de ingresos corrientes para la administración nacional.
Estas tres provincias se encontraban en litigio con la Nación por la detracción del 15% de la coparticipación con destino a la financiación del ANSES desde el año 2006.
Esta compleja situación presenta dos temas a considerar: por un lado el stock que ha sido retenido a las provincias desde el 2006 y que el fallo ha ordenado sea devuelto.
En el caso de las tres provincias totalizaría unos $33.000 millones, más intereses. Luego está el flujo, es decir los fondos que la ANSES dejará de contar para financiar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etc.
Este escenario complejo se agravó con la publicación del decreto 2635/20152 que dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de impuesto coparticipable a todas las provincias.
De acuerdo con el presupuesto 2015 de la ANSES, esto significaría $ 98.182 millones, aproximadamente un 15% de los ingresos totales del organismo.
Ante la previsible desfinanciación del ente, el decreto ordena que el Tesoro Nacional supla el total de lo que dejará de percibir mediante otros mecanismos.
Con esta medida, el Tesoro vería reducidos sus ingresos en otros $70.0003 millones de acuerdo con la Ley de Presupuesto 2016.
Además, con fecha 30 de octubre, pero publicado en el boletín oficial el 1 de diciembre, la resolución 1356/2015 modificó las condiciones de las deudas provinciales con la Nación.
En el marco del Programa Federal de Desendeudamiento, se amplió el periodo de gracia hasta diciembre de 2016 para las deudas e intereses incorporadas al programa por un monto de $9.466 millones.
Asimismo, la amortización del capital se efectuará en 167 cuotas mientras los intereses serán pagaderos mensualmente, con una tasa de interés del 6% anual.
Finalmente, el último día en ejercicio de su mandato, el poder ejecutivo de la administración saliente publicó en el Boletín Oficial la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas número 230/2015 y 56/2015 (con fecha de 31 de agosto), disponiendo la colocación de una letra intransferible del Tesoro, por el monto de US$3.558,39 millones y vencimiento en 2025, al Banco Central, para pagar deuda con organismos internacionales.
Este hecho daña el balance del BCRA en un contexto de reservas en baja (a fin de noviembre alcanzaban los US$25.615 que, netas, rondarían los US$ 4.600 millones) y deterioro del activo del BCRA (el 65% del activo corresponde a adelantos transitorios y títulos públicos).
