Por Juan Cruz Amirante (*)
Con la Ley de Blanqueo de Capitales, al mes de noviembre han ingresado al país unos US$ 20.000 millones, de los cuales unos US$ 7.000 millones son en efectivo según el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay. Si bien el plazo para promover que más individuos repatrien sus capitales se ha extendido hasta el mes de marzo de 2017, los resultados que ha dejado esta primera etapa del llamado al blanqueo han sido exitosos. El funcionario precisó que ya se generaron unas 160.000 declaraciones juradas de argentinos que dijeron que tenían cosas escondidas, pero ya no las quieren tener en esa condición sino ponerlas “a disposición del circuito formal”.
Pero ¿es este el inicio de la transparencia en el país o es tan solo un importante parche? Es verdad que la normativa de blanqueo es acorde y está en línea con similares procesos de países del primer mundo tales como Estados Unidos e Italia. El problema radica en que no se atacó de lleno el origen por el cual el evasor fiscal ha tomado la decisión de generar dinero negro, lo cual puede desencadenar un problema a futuro.
Es necesario avanzar sobre el tema del origen y para ello se debe bajar la carga tributaria y aumentar los controles por parte de los organismos reguladores. Con altas cargas impositivas, como las que tenemos en Argentina, la tentación para evadir es muy grande; son necesarios impuestos más equitativos. Por otro lado, lo importante a los efectos recaudatorios no es cuán grande es la tasa aplicada, sino el volumen de individuos que contribuyen. La pregunta básicamente es: ¿si se aplicara una alícuota de la mitad de las existentes hoy, no se recaudaría más porque la gente preferiría tener su dinero declarado en blanco?, O a lo mejor es un problema cultural de la sociedad argentina que no cambia ni siquiera reduciendo la presión fiscal.
En cuanto a controles, es necesario hacer cumplir el marco normativo ya existente en Argentina. En todos los países hay informalidad, incluso en países desarrollados que también tienen alta carga tributaria, pero allí los controles son mucho más estrictos y por ende la evasión tiene una incidencia muy inferior en su economía. Una buena herramienta será cruzar la información de las bases de datos de los diferentes organismos internacionales que se han comprometido a intercambiar información frente a la OCDE. Por otro lado, los organismos locales (tales como el Ministerio Público y la Justicia, Aduana, AFIP, BCRA, UIF, etc.) y los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de dinero, aún no están lo suficientemente alineados para erradicar la informalidad y deben trabajar de manera más interrelacionada.
Con la confianza que produjo este primer paso, el Gobierno debe estar preparado para los niveles que siguen, todos procesos que desembocarán en cambios culturales que atacarán el problema de origen.
(*) Head Office Kroll Argentina.
