La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) manifestaron su preocupación por la reforma fiscal aplicada a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). La iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional el 10 de julio y que, según las entidades, impactará negativamente en un mecanismo clave para el crédito a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
Las SGR constituyen un instrumento financiero diseñado para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el territorio nacional. Su función principal es actuar como puente entre las PyMEs y el sistema financiero, ampliando la inclusión crediticia y mejorando las condiciones para las empresas que no cuentan con garantías tradicionales.
Papel de las SGR en el financiamiento pyme
En el comunicado conjunto, las asociaciones bancarias subrayan que las garantías otorgadas por las SGR son consideradas autoliquidables conforme a la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este tipo de garantía permite que las entidades financieras reduzcan los requisitos y las previsiones asociadas a posibles incumplimientos, lo que a su vez amplía el universo de empresas con acceso al crédito.
El sistema ha operado por años como un mecanismo público-privado que combina eficiencia y transparencia. Las SGR generan efectos positivos en la actividad productiva y en la recaudación tributaria, compensando con creces el costo fiscal que demandan. Los beneficios se traducen en mayor inversión, formalización y crecimiento de las PyMEs. Esto incrementa la base impositiva en diversos tributos nacionales, provinciales y municipales, como el IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Sellos y TISH.
Riesgos de la reforma fiscal aprobada
Las entidades alertan que la modificación del régimen fiscal de las SGR sin un análisis técnico riguroso representa “un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”. El fundamento económico de estos modelos radica en superar asimetrías de información y generar incentivos para que empresas sin historial crediticio puedan acceder al financiamiento.
Este tipo de garantía es crucial para sostener el crecimiento del crédito productivo, que en Argentina se ha duplicado en términos reales en el último año, aunque todavía se mantiene por debajo de países con economías similares en la región. Las SGR son un instrumento fundamental para continuar esta expansión.
El debilitamiento o desfinanciamiento del sistema impactará en la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en el país. “Modificar el régimen sin considerar estos aspectos puede afectar la dinámica económica y limitar las oportunidades para las PyMEs”, señalaron las asociaciones.
Llamado a las autoridades
Por último, ADEBA, ABE y ABA instaron al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso a “realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina”. La petición busca revertir o mitigar los efectos adversos de la reforma y asegurar la continuidad de un mecanismo que consideran esencial para la economía nacional.
Según informó la compañía, las SGR permiten un acceso más inclusivo y federal al crédito, lo que contribuye a la formalización y crecimiento de las PyMEs, sectores clave para la generación de empleo y la actividad económica. Además, de acuerdo con el BCRA, las garantías autoliquidables reducen el riesgo para las entidades financieras, incentivando la expansión del crédito.
Este llamado de las asociaciones bancarias se produce en un contexto de fortalecimiento del crédito productivo, pero con desafíos pendientes para alcanzar niveles comparables en la región. La reforma fiscal a las SGR introduce incertidumbre en un sistema que ha demostrado eficiencia y transparencia en los últimos años.
“La decisión legislativa afecta uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas”, indicaron en el comunicado, enfatizando la necesidad de preservar la estabilidad y previsibilidad de las reglas que regulan este mecanismo.
De mantenerse la reforma sin ajustes, las consecuencias podrían extenderse más allá del sector financiero y afectar la inversión, el empleo y la competitividad en un segmento económico estratégico para el desarrollo nacional.
