Por lo menos, eso era lo previsto antes de la crisis cambiaria de principios de mayo. Pero como lo que se reducirá serán las cifras contempladas en el presupuesto nacional, es probable que el PPP, Programa de Participación Pública Privada continúe según lo previsto.
Desde el sector de la construcción, hay expectativas positivas como lo revela las declaraciones de Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción a la revista Mercado, que aquí se reproducen parcialmente.
Si bien gracias al impulso que dio el Gobierno a la inversión en obras, el número de empleadores en actividad en la industria de la construcción ascendía a principios de año a 24.043, dentro de Camarco no más de 15 asociados tienen espaldas para absorber concesiones de PPP de presupuestos mayores a los $1.000 millones. Una de las razones es que ningún banco presta fondos propios bajo este sistema, sino que las empresas constructoras pueden o no formar consorcios con colegas del exterior, apalancando créditos desde bancos y fondos de inversión. Weiss confía en que las empresas de menor porte podrán acceder a obras chicas de $10 millones con financiación de la banca local o ser subcontratadas por las adjudicatarias de las grandes para poder cumplir con los trabajos.
–Uds. habían presentado al Gobierno de Néstor Kirchner un diagnóstico de infraestructura en 2003; lo pasaron en limpio cuando Cristina Fernández de Kirchner era la jefa de Estado, y hoy se habla de un déficit gigantesco, ¿qué falló?
–El dinero. Nuestra área de pensamiento estratégico, manejada por el director ejecutivo de la cámara, Fernando Lago, tiene elaborados 140 estudios sobre la infraestructura económica (que comprende rutas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, energía) y la social (conformada por agua, cloacas, vivienda, hospitales, escuelas, distribución energética). Se los hemos ido presentando al presidente Kirchner, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al actual presidente Mauricio Macri e interactuamos con cada uno de ellos. Coincidimos, sino en 100, en 99% con lo que piensa el poder político al respecto. No hay secretos en si habría que hacer una determinada ruta, ferrocarril, puerto o agua y cloacas. La que sí es tarea del Gobierno y no nuestra es definir las prioridades, porque obviamente no se puede hacer todo a la vez. Y es acá donde aparece el principal cuello de botella para Argentina, y para el mundo, agregaría, que es el financiamiento: quién paga, cómo se paga, esa gigantesca inversión en infraestructura.
–A diferencia de la anterior, esta Administración ha pavimentado el camino al financiamiento internacional y ahora invita a los privados a que consigan los fondos, ¿no terminarán unos y otros pescando en el mismo estanque?
–No, porque el Estado va a continuar su plan normal de obras públicas con fondos propios, del Tesoro y organismos multilaterales de crédito: BID, Banco Mundial, CAF; y los privados se van a fondear con otros bancos, que no son los mismos que aportan el financiamiento al gobierno para ese tipo de proyectos, y otros fondos, como Merrill Lynch, JP Morgan, o Morgan Stanley, que emiten títulos por las obras y los venden a través de Wall Street. Ahora, el verdadero financista es el mercado.
–¿Qué le sugiere que el Ministerio de Transporte destine en 2018 32% más que el año pasado?
–Cualquier suma se queda corta si la comparamos con nuestros estudios de que habría que invertir en el país 25% del PBI para crecer a una tasa de 5% anual acumulativo durante muchos años. Se dividiría en 3% de inversión en obra nueva, 3% en el mantenimiento del stock existente (rutas, ferrocarriles), 3% le tocaría a las empresas privadas que operan infraestructura (Edenor, Edesur, Telecom, Vaca Muerta, el ferrocarril Nuevo Central Argentino –NCA– de aceitera Deheza), y hasta ahí llevamos 9%. Hay otros 6 puntos en juego vinculado al mercado inmobiliario (viviendas, en Puerto Madero o en el conurbano). Los 10 puntos que faltan serían de fábricas, maquinarias, para la producción de bienes y servicios, y ahí estaríamos en 25%. Si dejamos de lado estos 10 puntos que nos son ajenos, de algún modo, los 15 sí los abarca nuestra actividad.
–Al ser la financiación de las PPP en dólares y los contratos en pesos en el contexto de una inflación tan alta como la actual y dólar intervenido, ¿pueden surgir problemas legales que afecten el normal funcionamiento de las obras?
–En el régimen de obra pública, los costos se actualizan con una fórmula de reajuste predeterminada en pesos, pero como en este sistema, la mayor parte del financiamiento se toma del banco o del fondo de inversión en el exterior, el Gobierno prevé que entre los dólares adeudados y los pesos del costeo se constituya una especie de póliza de seguro oneroso que cubra el riesgo de desfasajes entre una y otra moneda. Uno de los conceptos del PPP, a diferencia de una obra pública tradicional, es que el contratista se responsabiliza prácticamente de cualquier problema de índole económica que surja, con excepciones especificadas en los pliegos y la eventualidad de una catástrofe.
