No obstante, ni Dallara ni Nicola Stock –hoy enfrentado con Hans Humes- se animan a presionar a la Comisión Federal de Valores, actual instancia para la propuesta de restructuración de la deuda en cese de pagos. Quizá porque parte del “comité global” admite que no hay muchas diferencias con la Argentina. “Ceden porque no iban a ningún lado. Pero es tarde para dialogar con quienes carecen de códigos”, dice Economía.
En cuanto a la pieza de Dizard, Lavagna la descalificó y algunos asesores pusieron en duda la fiabilidad del FT, “si ahora da espacio a cualquiera”. Eso ya lo había hecho el “Wall Street Journal”, en un divertido artículo contra el gobierno, firmada por una ignota colaboradora. Su tono, de paso, recordaba al corresponsal del “New York Times” en San Pablo, que libra su propia batalla contra Luiz Inácio da Silva (Lula).
Todo el lío se originó en una señal de acercamiento a Buenos Aires, tan clara como sorpresiva, aun para medios y columnistas allegados a ese “lobby”. Hans Humes (del GCAB) admitió –días atrás- que sus cifras no están lejos de las mostradas por el gobierno en la presentación de un formulario adicional a la Securities & Exchange Commission (SEC). Eso quizás haya provocado el cambio de postura.
Tal vez también obre otro factor: analistas neoyorquinos independientes sospechan que el GCAB busca guerra porque, tras iniciar el examen de la documentación argentina, la SEC desea comprobar si, en efecto, esa entidad representa US$ 37.000 millones en deuda titulizada. Además, quiere averiguar qué proporciones están en manos de 500.000 ahorristas o inversores chicos y un centenar de instituciones. Entre ellas, fondos buitres. Respecto de este sector, Eliot Spitzer –fiscal estadual de Nueva York- quiere conocer más detalles de su papel en casos como el argentino.
Otro factor dudoso es qué tipo apoyo brinda el Grupo de los Siete a Stock, Humes o Dallara. La prensa vinculada al “comité” lo define como decisivo, pero –al parecer- sólo compromete a funcionarios de segunda o tercera línea. De hecho, las mayores presiones sobre el G-7 han provenido de ejecutivos y técnicos del Fondo Monetario Internacional. En otro episodio de la intriga, un ex candidato presidencial argentino allegado al sector financiero, estaba gestionando su propio artículo en el FT y, en ese momento, apareció el de Alfonso Prat Gay, explicando la mejora de los bancos desde 2003 (ver Economía y política).
Recién entonces aparece Dallara, cuyos pedidos a la entidad y al G-7 sirvieron para que un medio conservador pusiese en portada “advierte la banca internacional que el canje puede fracasar”. Pero Dallara sólo representa al Institute for International Finance, un “lobby” de negocios (más influyente que los comités, claro).
Existen otros motivos para los embates de Dallara, Stock, sus voceros locales y John Dizard (ver Economía y política). Uno de ellos es que, tal vez, el GCAB haya dejado pasar la coyuntura más favorable a sus intereses. Primero, lanzó en julio una contrapropuesta muy poco seria y en exceso leonina. Segundo, este error produjo una división interna en el “comité” y se alejó un sector que desconfía de los fondos buitres.
Humes mismo está expuesto a cuestionamientos, porque maneja uno de ellos, Greylock Capital. No obstante, el departamento federal de Hacienda lo prefirió a Stock para emitir señales más positivas hacia la Argentina. Resulta sugestivo que, ahora, medios y espacios allegados al cabildeo mencionen los nexos entre ese tipo de instituciones y los gestores del “comité”.
Por supuesto, Humes mantiene una retórica “ortodoxa” y, simétricamente, Buenos Aires habla con dureza. Pero, desde otro ángulo, Stock replicó a Roberto Lavagna con denuestos y amenazas “Haremos lo posible para hacer caer la oferta de restructuración”, espetó en tono airado ante un medio allegado a los acreedores privados (que ahora apuesta a disidencias dentro del gabinete). Tampoco fue amable con Humes.
El problema del GCAB es que el cuadro político norteamericano ya no juega en favor de quienes dicen representar a tantos acreedores atomizados. Sea quien fuere el que gane las elecciones, el gobierno estadounidense seguirá apretando las clavijas sobre ciertos segmentos volátiles o turbios del negocio financiero.
El problema es que los fondos buitres comparten el mismo nicho con los fondos de riesgo (derivativos) y los administradores de fondos mutuales. Ambos segmentos han desatado en 2003 un escándalo que involucra US$ 7,3 billones en aportes jubilatorios.
No obstante, ni Dallara ni Nicola Stock –hoy enfrentado con Hans Humes- se animan a presionar a la Comisión Federal de Valores, actual instancia para la propuesta de restructuración de la deuda en cese de pagos. Quizá porque parte del “comité global” admite que no hay muchas diferencias con la Argentina. “Ceden porque no iban a ningún lado. Pero es tarde para dialogar con quienes carecen de códigos”, dice Economía.
En cuanto a la pieza de Dizard, Lavagna la descalificó y algunos asesores pusieron en duda la fiabilidad del FT, “si ahora da espacio a cualquiera”. Eso ya lo había hecho el “Wall Street Journal”, en un divertido artículo contra el gobierno, firmada por una ignota colaboradora. Su tono, de paso, recordaba al corresponsal del “New York Times” en San Pablo, que libra su propia batalla contra Luiz Inácio da Silva (Lula).
Todo el lío se originó en una señal de acercamiento a Buenos Aires, tan clara como sorpresiva, aun para medios y columnistas allegados a ese “lobby”. Hans Humes (del GCAB) admitió –días atrás- que sus cifras no están lejos de las mostradas por el gobierno en la presentación de un formulario adicional a la Securities & Exchange Commission (SEC). Eso quizás haya provocado el cambio de postura.
Tal vez también obre otro factor: analistas neoyorquinos independientes sospechan que el GCAB busca guerra porque, tras iniciar el examen de la documentación argentina, la SEC desea comprobar si, en efecto, esa entidad representa US$ 37.000 millones en deuda titulizada. Además, quiere averiguar qué proporciones están en manos de 500.000 ahorristas o inversores chicos y un centenar de instituciones. Entre ellas, fondos buitres. Respecto de este sector, Eliot Spitzer –fiscal estadual de Nueva York- quiere conocer más detalles de su papel en casos como el argentino.
Otro factor dudoso es qué tipo apoyo brinda el Grupo de los Siete a Stock, Humes o Dallara. La prensa vinculada al “comité” lo define como decisivo, pero –al parecer- sólo compromete a funcionarios de segunda o tercera línea. De hecho, las mayores presiones sobre el G-7 han provenido de ejecutivos y técnicos del Fondo Monetario Internacional. En otro episodio de la intriga, un ex candidato presidencial argentino allegado al sector financiero, estaba gestionando su propio artículo en el FT y, en ese momento, apareció el de Alfonso Prat Gay, explicando la mejora de los bancos desde 2003 (ver Economía y política).
Recién entonces aparece Dallara, cuyos pedidos a la entidad y al G-7 sirvieron para que un medio conservador pusiese en portada “advierte la banca internacional que el canje puede fracasar”. Pero Dallara sólo representa al Institute for International Finance, un “lobby” de negocios (más influyente que los comités, claro).
Existen otros motivos para los embates de Dallara, Stock, sus voceros locales y John Dizard (ver Economía y política). Uno de ellos es que, tal vez, el GCAB haya dejado pasar la coyuntura más favorable a sus intereses. Primero, lanzó en julio una contrapropuesta muy poco seria y en exceso leonina. Segundo, este error produjo una división interna en el “comité” y se alejó un sector que desconfía de los fondos buitres.
Humes mismo está expuesto a cuestionamientos, porque maneja uno de ellos, Greylock Capital. No obstante, el departamento federal de Hacienda lo prefirió a Stock para emitir señales más positivas hacia la Argentina. Resulta sugestivo que, ahora, medios y espacios allegados al cabildeo mencionen los nexos entre ese tipo de instituciones y los gestores del “comité”.
Por supuesto, Humes mantiene una retórica “ortodoxa” y, simétricamente, Buenos Aires habla con dureza. Pero, desde otro ángulo, Stock replicó a Roberto Lavagna con denuestos y amenazas “Haremos lo posible para hacer caer la oferta de restructuración”, espetó en tono airado ante un medio allegado a los acreedores privados (que ahora apuesta a disidencias dentro del gabinete). Tampoco fue amable con Humes.
El problema del GCAB es que el cuadro político norteamericano ya no juega en favor de quienes dicen representar a tantos acreedores atomizados. Sea quien fuere el que gane las elecciones, el gobierno estadounidense seguirá apretando las clavijas sobre ciertos segmentos volátiles o turbios del negocio financiero.
El problema es que los fondos buitres comparten el mismo nicho con los fondos de riesgo (derivativos) y los administradores de fondos mutuales. Ambos segmentos han desatado en 2003 un escándalo que involucra US$ 7,3 billones en aportes jubilatorios.
