<p>El documento estima urgente darles marco jurídico a estas agencias, especialmente en lo atinente a riesgos soberanos, o sea de gobiernos. El tema es viejo y siempre gira alrededor de las calificadoras y el virtual oligopolio que ejercen sobre el “negocio”, medios especializados inclusive.<br />
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Se trata, ni más ni menos, de funciones relativas a la calidad del crédito o de los títulos que emiten estados, bancos y empresas. Pero el punto clave reside en los gobiernos. En síntesis, las calificadoras en su conformación actual plantean conflictos de intereses y sus cuentas distan de ser fiables. <br />
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En el sector privado muchos clientes de las agencias son, al mismo tiempo, objeto de sus calificaciones Esto invalida sus juicios o su independencia respecto de las sociedades calificadas. Cabe señalar que, desde la crisis sistémica de 2007/09-, el trío no se ha distinguido por su credibilidad ni precisión. Los colapsos de Bear Stearns, Lehman Brothers y Merrill Lynch así lo demuestran.<br />
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Otro caso completamente distinto, pero típico, tuvo de protagonista a S&P. Meses atrás, al degradar la deuda pública de Estados Unidos (nada menos), la agencia cometió un error de dos billones de dólares. Todavía menos transparente fue la reciente gaffe con Francia: S&P dejó trascender que le bajaría la nota, luego lo desmintió y, al cabo admitió la posibilidad.<br />
Según el texto elevado por la CE al Europarlamento, el poder informal de estas agencias ha aumentado demasiado en los últimos años. También lo han hecho su arbitrariedad, su secreto y sus errores. Eso ha llevado a la propuesta actual, que también abarca a grandes bancos privados y sus “vasos comunicantes” con las calificadoras.</p>
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Las calificadoras en la mira del Europarlamento
Standard & Poors, Moodys Investors Service y Fitch Ratings generan conflictos de intereses y números erróneos. Eso se subrayó este martes, al presentar la Comisión Europea en Estrasburgo una propuesta de reglamentar la actividad de esas firmas.
