Según FIEL, el sector energético transita en el corto plazo por un proceso de readaptación regulatoria y de reglas de juego que todavía no se han terminado de definir, porque el curso de acción actual está supeditado a la estrategia de la política macroeconómica del gobierno.
El título III (sistema energético) y sus capítulos 5, 6 y 7 de la ley 27541 (de solidaridad y emergencia) debe leerse como un conjunto acotado de medidas funcionales a la estrategia de buscar anclas nominales en la transición, porque está lejos de abarcar todos los aspectos, y en especial los esenciales de la definición de un ‘compacto’ regulatorio, a pesar de que el tema de los mecanismos de revisión y adaptación tarifaria de la infraestructura energética sea importante.
Más bien, una adecuada organización del sector energético pasa por cuestiones más amplias que involucran la adopción de reglas de formación de precios que impulsen la oferta hidrocarburífera, una organización eficiente del mercado eléctrico mayorista, una buena regulación de la infraestructura de transporte y distribución y el uso de subsidios (y acceso) focalizados (y carga tributaria) pero que contemplen también el poder adquisitivo de los asalariados.
No existe una forma o configuración única de plasmar estas características, y la resultante en el caso argentino va a estar especialmente limitada por la restricción de que los precios que resulten sean compatibles con un equilibrio político-económico. Las áreas más críticas son las reglas de precios para la provisión de gas al mercado doméstico (es decir un pseudo mercado mayorista de gas) y en la formación de precios en el mercado eléctrico mayorista.
Este es el “dueto” crítico que hoy define gran parte de la futura configuración de la política energética argentina. El panorama actual luce o podría delinearse a través de dos “modelos” de organización que están en pugna, en particular en el ámbito del mercado eléctrico mayorista.
Uno es un modelo “inercial o de status quo”, posiblemente preferido por el gobierno, con segmentación de oferta y demanda y un rol central de CAMMESA como asignador de precios y cantidades en un despacho centralizado.
El otro es un modelo alternativo en donde se perfeccionan las reglas de formación de precios del gas natural doméstico y se organiza un despacho basado en costos marginales de largo plazo de una generación térmica eficiente para converger a precios más uniformes de la electricidad.
Ambos modelos tienen ventajas y desventajas, pero solo el segundo luce compatible con la regulación del futuro y la denominada transición energética de los países.
