Según el informe, la mayoría de las empresas mineras no cuentan actualmente con las políticas necesarias para respetar los derechos de las comunidades afectadas, especialmente las comunidades indígenas que son particularmente vulnerables a un sector minero en expansión.
En un nuevo análisis titulado “Recharging Community Consent”, Oxfam analizó las políticas de 43 empresas mineras en varias cuestiones relacionadas con la debida diligencia en materia de derechos humanos, la justicia de género y la protección de los defensores de los derechos humanos en el rubro, y concluyó que el enfoque del sector minero de baterías con respecto al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) aún no está listo para apoyar una transición energética justa.
“Las baterías recargables pueden desbloquear una transformación energética muy necesaria, ayudando a electrificar camiones, automóviles y trenes y proporcionando almacenamiento de energías renovables, pero debemos aprender de los errores del pasado y asegurarnos de que los riesgos y peligros de las comunidades afectadas donde se produce la minería sean plenamente abordados, se tengan en cuenta y se realicen con su consentimiento”, afirmó Scott A. Sellwood, responsable de políticas de Derechos Humanos y Extractivos de Oxfam. “En nuestra búsqueda colectiva de una transición energética más justa, las empresas mineras deben liberarse de una historia de violencia y abuso que ha socavado a las comunidades indígenas”.
Las baterías recargables actuales requieren minerales como litio, cobalto, níquel, grafito y cobre, entre otros. La demanda de estos minerales para baterías está aumentando a medida que los gobiernos se apresuran a implementar sus objetivos de descarbonización en medio de temores de escasez de suministro de minerales y tensiones geopolíticas en curso. Estudios recientes con grandes conjuntos de datos sobre proyectos mineros han encontrado que entre el 54 y el 80 por ciento de estos minerales se encuentran en o cerca de las tierras de los pueblos indígenas, lo que los coloca en riesgos únicos de que un sector minero se expanda para cumplir con los objetivos de descarbonización.
La evaluación de Oxfam de las políticas de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) disponibles públicamente de 43 empresas dedicadas a la exploración y producción de cinco minerales de transición utilizados en baterías recargables ha descubierto que el sector minero no está lo suficientemente preparado para apoyar una transición energética justa:
- Si bien más de la mitad de las empresas encuestadas tienen compromisos políticos para respetar los derechos de los pueblos indígenas, sólo 13 empresas hacen referencia explícita al CLPI, y casi todos esos compromisos con el CLPI están calificados con lenguaje como “buscar lograr”, dejando abierta la posibilidad de que si no se brinda el consentimiento, simplemente seguirán adelante con sus proyectos de todos modos. Sólo dos empresas tienen compromisos públicos claros e inequívocos de respetar el CLPI.
- La mitad de las empresas encuestadas tienen políticas de derechos humanos, pero más empresas necesitan detallar su proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos y comprometerse a revelar de manera regular y proactiva cómo se están desempeñando.
- Sólo 2 empresas encuestadas se comprometen públicamente a integrar explícitamente el análisis de género como parte de sus procesos de evaluación o consulta de impacto.
- Sólo 8 de las 43 empresas encuestadas reconocen públicamente la legitimidad de los defensores de los derechos humanos y tienen tolerancia cero ante cualquier forma de represalia contra esos defensores.
En los últimos dos años, los responsables de la formulación de políticas, desde los principales consumidores, desde la Unión Europea hasta el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, han aprobado leyes o reformas políticas destinadas a aumentar el suministro seguro de estos minerales para baterías y otros minerales de transición. Países productores como México, Chile, Indonesia, Zimbabwe, Zambia y la República Democrática del Congo están implementando reformas para aumentar la participación estatal en los posibles ingresos futuros del auge anticipado. Aunque se está poniendo cierto énfasis en el reciclaje y la reutilización de los minerales existentes, detrás de estas estrategias de seguridad de energía limpia hay un claro supuesto de trabajo de una expansión dramática de la nueva minería en todo el mundo.
“Es urgente regular el poder de las empresas mineras para respetar los derechos humanos y proteger el medio ambiente si queremos lograr una transición energética basada en la equidad social, la sostenibilidad y el empoderamiento comunitario en lugar de la colonización verde”, dijo Joan Carling, directora ejecutiva, Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Es urgente descarbonizar nuestra economía global y hacer la transición a energías renovables si queremos evitar una catástrofe climática, pero no podemos hacerlo a costa de aquellos que ya están más afectados por el cambio climático”, concluyó Sellwood.
