En un contexto en el que el Covid-19 no cede, resulta extremadamente riesgoso activar este conflicto y simultáneamente plantear una reforma del sistema de salud que es totalmente inconsistente.
Como explica el último informe de la consultora IDESA, el sistema privado de salud está conformado por dos tipos de actores: los prestadores médicos y los seguros de salud. Estos últimos operan como obras sociales o empresas de medicina prepaga. Los afiliados a las obras sociales se integran por asalariados que hacen aportes obligatorios. Los afiliados a las prepagas se componen por parte de los afiliados de las obras sociales que optan por derivar su aporte salarial a la prepaga y por personas que voluntariamente pagan de su bolsillo una cuota.
En general, las obras sociales y prepagas contratan con prestadores privados los servicios médicos para sus afiliados. Las obras sociales tienden a pagar aranceles más bajos por lo que tienen una cartilla más acotada de prestadores que, además, son los menos apegados a normas de calidad.
Los prestadores médicos más grandes, comercialmente más conocidos y, en general, más apegados a normas de calidad tienden a contratar con las prepagas que abonan aranceles más elevados. Un aspecto central en esta relación contractual es que las prepagas ajustan los aranceles de los prestadores médicos cuando el gobierno les autoriza aumentos en las cuotas a sus afiliados. Por eso, para los prestadores médicos privados, es muy importante el ajuste de cuotas de las prepagas.
Desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre del 2019, las autorizaciones de aumentos de cuotas a las prepagas, la evolución de los salarios en el sector privado de la salud y la inflación tuvieron el siguiente comportamiento.:
- Las cuotas de las prepagas se actualizaron en un 26%.
- El salario de convenio de los trabajadores de la salud privada aumentó un 63%.
- La inflación general medida por el INDEC fue de 71%.
Estos datos muestran que las autorizaciones de ajuste de cuotas a las prepagas, que luego se traducen en aumento de aranceles para los prestadores médicos privados, han ido muy por detrás de los salarios que los prestadores deben pagarles a sus trabajadores y de la inflación. Seguramente el gobierno busca, como con el resto de los controles de precios, morigerar las presiones inflacionarias y eludir la antipática decisión de reconocer aumentos que impactan en el presupuesto de las familias. Pero generar semejante desfasaje de precios, en el particular contexto de la pandemia, es extremadamente riesgoso.
La pandemia les exige a los prestadores médicos esfuerzos extraordinarios. En particular, comprar muchos elementos de protección personal y un consumo excesivo de medicamentos en terapia intensiva por los pacientes Covid, cuyos precios además crecieron por arriba del 100%. A su vez, si bien tienen las terapias intensivas trabajando a pleno, la capacidad instalada de piso normal (que representa el 80% de la actividad médica) está sub-utilizada por los protocolos para la prevención del Covid.
Más gastos, con menos actividad y aranceles médicos retrasados están provocando un grave desfinanciamiento. Sobre esta precaria situación, en julio se producirán las paritarias del sector. Allí se hará explícito que este desfinanciamiento conspira contra la posibilidad de reconocer con mejores salarios la dedicación y el esfuerzo que vienen desplegando los trabajadores de la salud privada.
A esto se suma el anuncio de una reforma integral del sistema de salud con eje en el sistema público. El planteo no sólo es inoportuno (se hace en el medio de una pandemia y con una severa crisis financiera) sino también inconsistente. Pasa por alto que la salud pública es administrada y financiada por las provincias.
Para crear un sistema nacional de salud se necesita reformar la Constitución nacional y las 24 Constituciones provinciales que en sus articulados expresamente consideran a la salud como una competencia no delegada a la Nación. Tampoco tiene en cuenta que el sistema público atiende a una proporción menor de la población. La mayoría opta y prefiere la cobertura de la obra social, a la que accede por tener un empleo formal o contratar una prepaga.
Asumir una deliberada estrategia de desfinanciamiento de la medicina privada y plantear una reforma inconsistente es muy desaconsejable. Hacerlo en el medio de una pandemia resulta, además, temerario. Es una actitud muy injusta para la población en general y, particularmente, para quienes están en el frente de la batalla contra el Covid.
