<p>Los viquingos siguen firmes. Por segunda vez, vía un referendo, el sábado se negaron a asumir más consecuencias por la insolvencia de su sistema bancario. La consulta deparó casi 60% de votos en contra de la propuesta gubernamental, o sea nones para persona, empresas e instituciones británicas y neerlandesas que se habían colocado en Landsbanki.<br />
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En el primer plebiscito (marzo de 2010), las condiciones eran tan leoninas que 93% del padrón la declinó de plano. Ahora el plazo de devolución se alargó y el interés se redujo. Este acuerdo contaba con el apoyo del gabinete socialista y la oposición conservadora. Pero las iras de la gente, tras el colapso del negocio financiero, distan de haberse acallado.<br />
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Este rechazo tiene un motivo fundamental: US$ 4.000 millones es una suma astronómica en términos del PBI islandés y pesa en un país de apenas 103.000 km2 y 320.000 habitantes. Al estallar la crisis, Reykjavik protegió los ahorros de sus ciudadanos, pero –sabiamente- los activos de extranjeros quedaron librados a su suerte.<br />
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Esto despertó una furia desproporcionada en el laborista Gordon Brown, entonces primer ministro británico. Yendo mucho más lejos que Argentina en 2001 (cese selectivo de pagos a bonistas particulares), Londres aplicó legislación antiterrorista para congelar activos de bancos islandeses en Gran Bretaña. Holanda fue un poco menos drástica. Ambas terminaron indemnizando a sus bancos y pasando la factura al gobierno islandés.<br />
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“El tiempo de negociaciones acabó”, proclamó el lunes Jan Kees, ministro de hacienda de los Países Bajos. “Islandia debe allanarse a los tribunales y pagar”, pero ¿a quiénes”. Reykjavik no pertenece a la Eurozona ni a la Unión Europea, sólo figura en una espectral Libre Zona de Comercio, manejada por Gran Bretaña, donde está además Noruega. Fuera de ese ámbito, queda Moody’s Investors Service… <br />
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Islandia no paga nada por su crisis bancaria
Gran Bretaña y Holanda, dos campeonas de la ortodoxia, apelarán a la justicia para que el tenaz país ártico les restituya US$ 4.000 millones. Esto equivale a un tercio del producto bruto interno y compromete la liquidez necesaria para recobrarse.
