Néstor Kirchner y Felisa Miceli anunciaron la decisión. que aventa la tutela del Fondo Monetario sobre una lista demasiado larga de cuestiones internas. Indirectamente, trabará su “lobby” en favor a concesionarias de servicio, negocios financieros y venta de bancos estatales.
Los pagos se harán antes de terminar 2005 y representan casi 9% de la deuda pública externa (US$ 126.500 millones en total). La medida entraña comprometer 36,5% de las reservas internacionales de libre disponibilidad, que bajarán de US$ 26.800 a 17.000 millones. Por otra parte, ahorrará unos mil millones en intereses.
Tomado de sorpresa, Rodrigo Rato se mostró “satisfecho por una decisión que facilitará acuerdos contingentes”. Pero no empleó los ditirambos derramados sobre Brasil pues, en realidad, la alta burocracia fondista prefería que Argentina mantuviese esa deuda, para hacer cabildeo directo por interese privados.
Más polìtico, Estados Unidos dejó de lado al audaz Timothy Adams, que maneja la sección latinoamericana de Hacienda y es tan hotil a Buenos Aires como el vocero del FMI, Thomas Dawson. En su lugar John Snow, titular de la cartera, sostuvo que “el anuncio muestra la buena voluntad argentina para afrontar sus obligaciones. También confirma la buena posición en materia de reservas”.
Casi al mismo tiempo, el Indec informaba que el producto bruto interno del tercer trimestre había crecido a razón de 9,2% de ritmo anual. Pero ni Snow ni ese dato impidieron que la alianza conservadora difundiese una opinión “calificada” contra el pago anticipado: la del senador Carlos S.Ménem, con su habitual desmañe.
En cuanto al FMI, algunos analistas serios creen que, aprovechando el cambio ministerial y el pago adelantado, “sería sensato que reconsiderase actitudes en lo atinente a futuras negociaciones”, apuntaba Roberto Frenkel, La entidad, se supone, “debiera cooperar con los países para evitar problemas de pagos contribuyendo a la solidez y expansión de los intercambios mundiales”.
Al respecto, los mecanismos del acuerdo contingente de 2003 siguen siendo perfectamente apropiados. No obstante, todo refinanciamiento nuevo está sujeto a condiciones determinadas por el Fondo. Ocurre que, según criterios impuestos por Estados Unidos –“accionista” principal del FMI-, el prestatario debe comprometerse a corregir desequilibrios macroeconómicos y estructurales, para poder restituir los créditos. Esas condiciones substituyen a las garantías colaterales, inexistentes en el caso de deudores soberanos.
No obstante, con el tiempo esas condiciones fueron ampliándose, por influencia de una alta burocracia y sus nexos con bancas y grupos económicos del grupo de los 7. Hasta los años 70, los convenios incluían unas seis cláusulas, número que, en los 90, llegaba a veintitrés. A principios de siglo, los acuerdos con países latinoamericanos incorporaban ya 33 cláusulas estrictas y 78 laxas. ¿Por qué? Porque, desde el consenso de Washington (1989, ya perimido), el foco fue más allá de la balanza de pagos –donde el socio dominante empezaba a acumular déficit escandalosos-, abarcando el negocio financiero,reforma –venta- de empresas públicas, políticas laborales y sociales, precios internos, etcétera.
En síntesis, el Fondo les enmienda la plana a los gobiernos locales que, no obstante, continúan siendo deudores soberanos. Previendo esa contradicción, en 1995 Anne Krueger sugirió establecer la quiebra soberana como figura del derecho positivo internacional. Después, Alan Meltzer, Adam Lerrick y George Calomiris la imitaron.
Mientras tanto, técnicos y directivos iban atendiendo interereses circunstanciales (el caso de Anup Singh es emblemático). Así, en 2002 el Fondo ponía énfasis en restructurar –o sea, vender- bancos públicos, a quienes atribuía responsabilidades claves en la crisis del momento. Pero nada decía de la “cosmética contable” y las estadísticas fraguadas toleradas a sucesivos equipos económicos en 1995/2001 para ocultar el veloz deterioro de la convertibilidad rígida.
Néstor Kirchner y Felisa Miceli anunciaron la decisión. que aventa la tutela del Fondo Monetario sobre una lista demasiado larga de cuestiones internas. Indirectamente, trabará su “lobby” en favor a concesionarias de servicio, negocios financieros y venta de bancos estatales.
Los pagos se harán antes de terminar 2005 y representan casi 9% de la deuda pública externa (US$ 126.500 millones en total). La medida entraña comprometer 36,5% de las reservas internacionales de libre disponibilidad, que bajarán de US$ 26.800 a 17.000 millones. Por otra parte, ahorrará unos mil millones en intereses.
Tomado de sorpresa, Rodrigo Rato se mostró “satisfecho por una decisión que facilitará acuerdos contingentes”. Pero no empleó los ditirambos derramados sobre Brasil pues, en realidad, la alta burocracia fondista prefería que Argentina mantuviese esa deuda, para hacer cabildeo directo por interese privados.
Más polìtico, Estados Unidos dejó de lado al audaz Timothy Adams, que maneja la sección latinoamericana de Hacienda y es tan hotil a Buenos Aires como el vocero del FMI, Thomas Dawson. En su lugar John Snow, titular de la cartera, sostuvo que “el anuncio muestra la buena voluntad argentina para afrontar sus obligaciones. También confirma la buena posición en materia de reservas”.
Casi al mismo tiempo, el Indec informaba que el producto bruto interno del tercer trimestre había crecido a razón de 9,2% de ritmo anual. Pero ni Snow ni ese dato impidieron que la alianza conservadora difundiese una opinión “calificada” contra el pago anticipado: la del senador Carlos S.Ménem, con su habitual desmañe.
En cuanto al FMI, algunos analistas serios creen que, aprovechando el cambio ministerial y el pago adelantado, “sería sensato que reconsiderase actitudes en lo atinente a futuras negociaciones”, apuntaba Roberto Frenkel, La entidad, se supone, “debiera cooperar con los países para evitar problemas de pagos contribuyendo a la solidez y expansión de los intercambios mundiales”.
Al respecto, los mecanismos del acuerdo contingente de 2003 siguen siendo perfectamente apropiados. No obstante, todo refinanciamiento nuevo está sujeto a condiciones determinadas por el Fondo. Ocurre que, según criterios impuestos por Estados Unidos –“accionista” principal del FMI-, el prestatario debe comprometerse a corregir desequilibrios macroeconómicos y estructurales, para poder restituir los créditos. Esas condiciones substituyen a las garantías colaterales, inexistentes en el caso de deudores soberanos.
No obstante, con el tiempo esas condiciones fueron ampliándose, por influencia de una alta burocracia y sus nexos con bancas y grupos económicos del grupo de los 7. Hasta los años 70, los convenios incluían unas seis cláusulas, número que, en los 90, llegaba a veintitrés. A principios de siglo, los acuerdos con países latinoamericanos incorporaban ya 33 cláusulas estrictas y 78 laxas. ¿Por qué? Porque, desde el consenso de Washington (1989, ya perimido), el foco fue más allá de la balanza de pagos –donde el socio dominante empezaba a acumular déficit escandalosos-, abarcando el negocio financiero,reforma –venta- de empresas públicas, políticas laborales y sociales, precios internos, etcétera.
En síntesis, el Fondo les enmienda la plana a los gobiernos locales que, no obstante, continúan siendo deudores soberanos. Previendo esa contradicción, en 1995 Anne Krueger sugirió establecer la quiebra soberana como figura del derecho positivo internacional. Después, Alan Meltzer, Adam Lerrick y George Calomiris la imitaron.
Mientras tanto, técnicos y directivos iban atendiendo interereses circunstanciales (el caso de Anup Singh es emblemático). Así, en 2002 el Fondo ponía énfasis en restructurar –o sea, vender- bancos públicos, a quienes atribuía responsabilidades claves en la crisis del momento. Pero nada decía de la “cosmética contable” y las estadísticas fraguadas toleradas a sucesivos equipos económicos en 1995/2001 para ocultar el veloz deterioro de la convertibilidad rígida.
