Como la situación fiscal de la Argentina no es más holgada, sería bueno que los candidatos expliciten sus estrategias para ordenar las finanzas públicas. Sortear esta responsabilidad puede servir para capturar el poder, pero potencia los riesgos de futuras crisis, reflexiona el informe número 614 del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (Idesa).
Alexis Tsipras, a meses de haber ganado las elecciones, se vio forzado a renunciar por los enfrentamientos dentro su propio gabinete y la desintegración de la colisión política que le permitió llegar al poder. Dilma Rousseff, también a pocos meses de haber sido reelecta, enfrenta una abrupta caída de su popularidad, con masivas protestas callejeras, sostienen en el instituto cuyo economista jefe es Jorge Colina.
El elemento común de ambas experiencias esel oportunismo político de sus campañas electorales. En ellas, se eludió abordar las causas de la insostenible situación a la que se había llegado como consecuencia de los excesos sistemáticos de gasto público.
En el caso de Grecia, si bien desde hace varios años se vienen aplicando medidas de austeridad, el desequilibrio fiscal todavía se ubica en un 3,8% del PBI. La situación fiscal de Brasil es aún más compleja ya que el déficit se estima en el 5,8% del PBI.
La situación fiscal de la Argentina, ¿no amerita ser considerado como el tema prioritario dentro de la campaña electoral?
Los datos recientemente publicados por el Ministerio de Economía sobre la primera mitad de 2015 revelan que:
- El déficit fiscal del Estado nacional asciende a 3,8% del PBI.
- Dentro de los ingresos públicos se computan transferencias del Banco Central por 1,0% del PBI y se hace figurar como ingresos de ANSES rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por 0,8% del PBI.
- Corrigiendo estas dos fuentes, el desequilibrio fiscal asciende a 5,6% del PBI
Estos datos muestran que la situación fiscal de Argentina, en la visión oficial, es análoga a la de Grecia y, excluyendo las fuentes extraordinarias de ingresos, es asimilable a la de Brasil.
La pertinencia de no considerar como ingresos genuinos a las transferencias del Banco Central, ya que son fruto de la inflación, ni a las rentas del FGS, que mayoritariamente son una ficción contable al provenir de títulos públicos y operaciones financieras con organismos estatales del propio Estado nacional.
El manejo de las finanzas públicas en la última década ha sido tan irresponsable y poco profesional que el próximo gobierno no podrá evitar el ordenamiento fiscal.
En este contexto, la peor alternativa es negar el problema, ya que llevaría a que la aceleración de la inflación y la devaluación sean las que hagan el ajuste, licuando el valor real de los salarios, las jubilaciones y los subsidios sociales.
El camino correcto es atacar el derroche de fondos públicos y blindar el gasto destinado a los sectores vulnerables. Esto es socialmente mucho más positivo, pero requiere inteligencia política y profesionalismo.
Si los rubros del gasto público se calculan en puntos porcentuales sobre el PBI, los subsidios a la energía, transporte y empresas públicas absorben 4%, el empleo público el 3% y las jubilaciones sin aportes más de 2%. La Asignación Universal por Hijo, en cambio, representa menos del 1%. Es claro que lo urgente es reducir los subsidios económicos y sustituirlos por un subsidio social a través de una tarifa especial a los hogares más pobres.
Más complejo, pero ineludible, es abordar las consecuencias del uso masivo del empleo público en beneficio de familiares, amigos y militantes, y dar sustentabilidad al sistema previsional jaqueado por la distribución indiscriminada de jubilaciones sin aportes.
En materia de programas asistenciales, la prioridad no es el ahorro de recursos públicos sino cambiar los diseños y modernizar la gestión para incorporar incentivos a la participación laboral y el empleo formal y no, como ocurre en la actualidad, a la inactividad y a la informalidad.
Subestimar los problemas y eludir los debates en la campaña electoral puede ayudar a capturar el poder. Pero, como lo demuestran las experiencias de Tsipras y Rousseff, potencia los riesgos de crisis económica, política y social a partir del 10 de diciembre.
