Un derrumbe de la actividad producto de la cuarentena para contener los contagios del Coronavirus, un déficit fiscal creciente para morigerar el impacto negativo en el entramado productivo y social del confinamiento financiado con emisión y una renegociación de la deuda pública que parece encauzada.
Como si todos estos inconvenientes no alcanzaran, – señala en su último informe la consultora Ecolatina-, por la creciente incertidumbre y el acotado retorno del ahorro en pesos, la brecha cambiaria se disparó en el último mes y medio alimentando las expectativas de devaluación del peso.
Para peor, la depreciación del Real brasileño, que acumula más de 35% en lo que va del año, redujo sensiblemente nuestra competitividad precio y dejó al tipo de cambio real multilateral por debajo de su promedio histórico.
Pese a las restricciones a la compra de divisas y el superávit comercial, la creciente incertidumbre desató un nuevo proceso de caída de reservas.
Para evitar que estas presiones depreciaran el Peso, el Banco Central vendió en el mercado cambiario oficial casi US$ 1.600 millones en el último mes y medio. Como resultado, las Reservas netas perforaron los US$ 10.000 millones a mediados de mayo, volviendo al alarmante nivel que forzó a la gestión anterior a endurecer el cepo tras las elecciones presidenciales.
El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) profundizaron los controles cambiarios ante la creciente presión. Primero, la CNV obligó a los Fondos Comunes de Inversión a tener un 75% de su cartera en pesos.
Luego, la autoridad monetaria impidió el acceso al mercado de cambios oficial a las firmas que hubieran vendido títulos valores en dólares en los últimos 30 días -es decir, realizado contado con liquidación- e introdujo un parking de 5 días a dichas operaciones. Por último, en la jornada del 28 de mayo, estiró de 30 a 90 días dicho plazo y prohibió la compra de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para importación de bienes a las firmas que tengan “activos líquidos” en moneda extranjera o hayan reducido deudas con el exterior en relación con el 1 de enero de 2020.
Si bien todas estas disposiciones son relevantes, creemos que la última es la más significativa, de modo que vale la pena detenerse en ella. En primer lugar, cabe destacar que tendrá un efecto sobre la inflación. Dado que el costo de reposición es una variable clave para determinar el precio de un producto, y que a partir de ahora muchas empresas tendrán que importar usando dólares ahorrados que valen más que los comprados en el MULC, es probable que sus productos suban de precio. En síntesis, las cotizaciones paralelas tendrán un impacto más significativo en la inflación.
Por otra parte, llevará a muchas firmas a desistir de algunas operaciones comerciales. En un país tan incierto y volátil como la Argentina, tener que desprenderse de divisas propias para importar conlleva un riesgo muy alto. Quienes no estén seguros de poder vender y obtener una ganancia de aquello que importen, posiblemente dejen de hacerlo. En este sentido, muchos bienes que son rentables a un precio de importación de 68 pesos por dólar no lo son a otro de $ 110 por dólar.
En consecuencia, se puede afirmar que esta última medida actuará como una suerte de “devaluación encubierta” sobre aquellas firmas que queden afuera del MULC. Pese al impacto negativo sobre el golpeado entramado productivo, el endurecimiento del cepo reducirá la demanda de divisas, permitiéndole al BCRA volver a comprar dólares (como sucedió el último viernes) y dándole al gobierno tiempo para lograr un acuerdo con los acreedores de Ley extranjera (el presidente del BCRA mencionó que los controles se flexibilizarían si hay canje) y para lanzar un programa para potenciar la recuperación post-cuarentena.
Nuevo funcionamiento económico
Si en las próximas semanas se cierra un canje exitoso con los acreedores ley extranjera, que destrabe la reestructuración de la deuda pública y se atraviesa el pico de contagios de COVID-19 en el AMBA estaremos empezando a transitar un período de recuperación.
La magnitud del rebote va a depender de los lineamientos de política económica. Entre ellos destacan: i) cuál será el sesgo de la política fiscal tras el período excepcional de la cuarentena; ii) qué política de esterilización implementará el BCRA para acomodar la liquidez tras la creciente emisión para financiar al Tesoro; iii) cuál será la competitividad del tipo de cambio real (¿se corregirá el atraso con Brasil?); iv) qué nivel de restricciones existirán en el MULC (¿no conviene desdoblamiento de jure?); v) ¿persistirán los precios máximos y el congelamiento de Regulados?; y vi) qué grado de intervención estatal sobre el sector privado dejará la “nueva normalidad”.
Este último punto es crucial, ya que en las últimas semanas se observó una creciente injerencia estatal que desincentiva la inversión y los negocios en nuestro país. El avance de medidas similares a las implementadas durante 2012-2015 preocupa, dado que estas iniciaron el período de “estanflación” que padecemos hace casi una década.
En el mejor de los casos, se puede argumentar que el cepo cambiario, las restricciones a las importaciones (DJAI) y los controles de precios de entonces sirvieron para preservar las condiciones socioeconómicas del 2011. Sin embargo, aplicar estas políticas defensivas no tiene sentido en la actualidad: no hay nada que rescatar de este momento.
De hecho, el 2020 debería ser el piso a partir del cual la economía argentina arranque un ciclo de expansión sostenible. Pese a algunas similitudes con el 2002, es improbable que se repita una recuperación a tasas chinas con baja inflación (pues el contexto internacional actual es complejo) en el corto plazo, pero es imperativo aprovechar la reducción de la carga de la deuda pública en moneda dura para crecer.
Para no dejar pasar otra oportunidad, el Gobierno tiene que implementar una política macroeconómica equilibrada (clave para reducir la incertidumbre) y generar condiciones propicias para que el sector productivo invierta. Ojalá esta vez sea diferente.
