En efecto, Sebastián Palla –subsecretario de Finanzas- está contestando consultas técnicas hechas por la Securities & Exchange Commission sobre la propuesta de canje con quita y la documentación adjunta. En rigor, la instancia inmediata en el proceso de canje es la SEC, no el Fondo Monetario Internacional, “cuyas funciones no incluyen la de agente recaudador para el sector privado” (basta examinar los estatutos originales del organismo).
El funcionario argentino está en Nueva York trabajando con el estudio jurídico que representa al país. Es obvio que, más allá de la suspensión de tratos con el Fondo, el proceso de restructuración prosigue, pese a una sostenida ola de pronósticos y versiones pesimistas en algunos medios.
No por casualidad, JP Morgan difundió un informe titulado “Argentina se distancia pero no se divorcia del FMI”, donde aparece el tema de la “no sumisión” como clave para entender las interferencias del organismo –vía sus máximos ejecutivos- en las negociaciones con “comités”, fondos buitres, etc.
En la versión actual, señala la banca, “la propuesta asegura 25% como piso de participación, pero es difícil prever más de 50%”. En otro tramo, el estudio aclara que se refiere a bonos en cese de pagos en manos de inversores institucionales; por ejemplo, fondos de pensión, bancos y –detalle extraño- “el Banco Central”. Los autores del informa no descartan una segunda fase de negociaciones, ya en 2005, y compara el eventual mecanismo al aplicado a lo largo de tres canjes de depósitos por bonos o efectivo, ofrecidos en 2002/3 a ahorristas e inversores argentinos para salir de los “corralitos”.
Por supuesto, Buenos Aires insiste en que espera una adhesión en torno de 70%. Pero también admite que, si fuese inferior a 60%, sería un fracaso.
En efecto, Sebastián Palla –subsecretario de Finanzas- está contestando consultas técnicas hechas por la Securities & Exchange Commission sobre la propuesta de canje con quita y la documentación adjunta. En rigor, la instancia inmediata en el proceso de canje es la SEC, no el Fondo Monetario Internacional, “cuyas funciones no incluyen la de agente recaudador para el sector privado” (basta examinar los estatutos originales del organismo).
El funcionario argentino está en Nueva York trabajando con el estudio jurídico que representa al país. Es obvio que, más allá de la suspensión de tratos con el Fondo, el proceso de restructuración prosigue, pese a una sostenida ola de pronósticos y versiones pesimistas en algunos medios.
No por casualidad, JP Morgan difundió un informe titulado “Argentina se distancia pero no se divorcia del FMI”, donde aparece el tema de la “no sumisión” como clave para entender las interferencias del organismo –vía sus máximos ejecutivos- en las negociaciones con “comités”, fondos buitres, etc.
En la versión actual, señala la banca, “la propuesta asegura 25% como piso de participación, pero es difícil prever más de 50%”. En otro tramo, el estudio aclara que se refiere a bonos en cese de pagos en manos de inversores institucionales; por ejemplo, fondos de pensión, bancos y –detalle extraño- “el Banco Central”. Los autores del informa no descartan una segunda fase de negociaciones, ya en 2005, y compara el eventual mecanismo al aplicado a lo largo de tres canjes de depósitos por bonos o efectivo, ofrecidos en 2002/3 a ahorristas e inversores argentinos para salir de los “corralitos”.
Por supuesto, Buenos Aires insiste en que espera una adhesión en torno de 70%. Pero también admite que, si fuese inferior a 60%, sería un fracaso.
