De los titulares a los tribunales: por qué ningún directorio debería ignorar un caso de corrupción del ámbito público

Cada vez que un nuevo caso de corrupción se apodera de la agenda, es frecuente que muchos directores, accionistas y gerentes lo lean como un problema ajeno; como algo que pertenece a una dimensión alejada de su microclima, de su organización.

Esa reacción revela un frecuente desconocimiento en materia de gestión de riesgos.

Los grandes esquemas de corrupción rara vez permanecen confinados dentro de una oficina pública. La contratación de bienes y servicios, la ejecución de obras, la adquisición de tecnología, de medicamentos, las concesiones, los permisos, las habilitaciones, las tercerizaciones, las consultorías, los fideicomisos y las estructuras societarias conforman un entramado en el que organismos públicos y organizaciones privadas interactúan de manera permanente. Precisamente por esa interdependencia, cuando un hecho de corrupción alcanza determinada complejidad, las investigaciones suelen extenderse naturalmente hacia empresas, proveedores, intermediarios, asesores, profesionales y operadores financieros que participaron -con distintos niveles de conocimiento o responsabilidad- en las operaciones bajo análisis. 

La otra cara de la moneda siempre se hace presente: el ámbito privado. Y estas organizaciones del sector privado podrían ser tus proveedores, tus contratistas, clientes, distribuidores, asesores, tu organización. Si, tu organización, incluso fuera de tu voluntad y conocimiento.

En otras palabras, los casos de corrupción de mayor impacto no describen únicamente una falla del Estado. Exponen la fragilidad de un ecosistema completo que como mínimo muestra dos lados de un mostrador.

Para desviar fondos hacen falta cuentas bancarias. Para justificar pagos hacen falta facturas. Para mover dinero hacen falta sociedades. Para ocultar beneficiarios finales hacen falta estructuras jurídicas. Para ejecutar contratos hacen falta proveedores. Para dar apariencia de legalidad hacen falta profesionales.

La sofisticación de los delitos económicos hace que la línea divisoria entre lo público y lo privado sea mucho más difusa de lo que habitualmente se cree.

Por esa razón, las organizaciones proactivas y responsables, no observan un escándalo de corrupción como una situación ajena. Se preguntan algo mucho más incómodo:

¿Qué organizaciones participaron de esa historia? Y, a continuación, algunas preguntas todavía más relevantes, ¿Tenemos algún grado de involucramiento? ¿Nuestras partes interesadas lo tienen? ¿Qué habría ocurrido si una investigación semejante comenzara dentro de nuestra organización?

Ese cambio de perspectiva modifica completamente el análisis del riesgo.

Muchas empresas consideran que cuentan con programas de integridad robustos porque poseen un Código de Ética, un canal de denuncias, políticas de integridad, incluyendo anticorrupción, y algunas capacitaciones anuales. Sin embargo, esos mecanismos representan apenas parte de la primera línea de defensa. Cuando un hecho irregular logra atravesarla, comienza una etapa mucho más exigente, que es el punto débil de la mayor cantidad de programas de compliance: la investigación.

Es precisamente allí donde aparecen las mayores falencias. La evidencia digital se altera antes de ser preservada. Los correos electrónicos se eliminan. Los teléfonos celulares se reemplazan. Los involucrados son advertidos informalmente. Las entrevistas se realizan sin metodología. Los responsables fabrican con tiempo sus versiones. Los conflictos de interés contaminan las decisiones. Y, cuando finalmente intervienen especialistas, gran parte de la evidencia crítica ya se ha perdido.

Desde la perspectiva forense, el problema ya no consiste únicamente en determinar si existió una conducta irregular. El verdadero desafío pasa a ser reconstruir hechos que la propia organización permitió deteriorar por no haber reaccionado con rapidez, independencia y metodología de investigaciones.

En investigaciones complejas, los primeros días suelen definir el resultado de todo el proceso.

Mientras la atención pública se concentra en declaraciones políticas, acalorados debates en el ámbito legislativo, allanamientos o resoluciones judiciales, los investigadores analizan otra clase de información: trazabilidad de pagos, comunicaciones electrónicas, vínculos societarios, beneficiarios finales, cronologías de decisiones, metadatos, registros de acceso, documentación contractual y movimientos patrimoniales.

Ese trabajo rara vez distingue entre un expediente estatal y una empresa privada. Sigue la evidencia de manera transversal.

Por ello, cada gran caso de corrupción debería ser interpretado por los directorios con crudo pragmatismo, y no porque todas las empresas participen de hechos ilícitos, sino porque cualquier organización puede convertirse, voluntaria o involuntariamente, en parte de una investigación de enorme complejidad.

En muchas oportunidades resulta complejo para una organización eliminar el riesgo de ser blanco de un delincuente. Tampoco pueden escoger cuándo serán investigadas. Pero pueden elegir si llegarán a ese momento menos vulnerables y con evidencia preservada, una metodología forense y especialistas capaces de reconstruir la verdad.