La motosierra de Milei es sobre el futuro. Presupuesto 2026 en Educación

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de Javier Milei ha encendido todas las alarmas en la comunidad educativa, científica y técnica. Lejos de proponer una inversión estratégica para el desarrollo del capital humano —que el propio presidente dice priorizar—, la propuesta avanza en un ajuste histórico que amenaza con desmantelar pilares fundamentales del sistema educativo nacional.

Dramática reducción del financiamiento

El primer y más evidente punto de crítica es la drástica reducción del financiamiento educativo en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Las cifras oficiales proyectan que el gasto en la función Educación y Cultura se reduciría al 0,75% del PBI en 2026.

• Esto representa una caída alarmante respecto al 1,44% del PBI que se invertía en 2023.
• Implica destinar más recursos al pago de intereses de la deuda que a la educación, invirtiendo la lógica de prioridades de cualquier nación que aspire a un futuro de crecimiento.
• Esta cifra no solo es baja, sino que socava el compromiso de la Ley de Educación Nacional.

Derogación de leyes pilares y del financiamiento garantizado

El proyecto de presupuesto propone la derogación de artículos clave de leyes fundamentales que habían logrado amplio consenso político y social para garantizar un piso de inversión:

• Adiós al 6% del PBI: Se elimina el artículo de la Ley de Educación Nacional que establece que la inversión educativa consolidada de Nación, provincias y CABA no debe ser inferior al 6% del PBI.
• Ataque a la Ciencia y Técnica: Se derogan artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que exigían un aumento progresivo de la inversión.
• Desmantelamiento de la Educación Técnica: También se elimina el artículo de la Ley de Educación Técnico Profesional que garantizaba el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional (equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes).

Al eliminar estos pisos legales de inversión, el Gobierno no solo recorta fondos, sino que borra la previsibilidad y el compromiso de largo plazo con la educación, la formación técnica y la investigación.

Recorte selectivo de programas estratégicos

Por otra el ajuste se hace carne en la desaparición o reducción extrema de programas esenciales como

Programa / Actividad

Disminución Real (respecto a 2023)

Seguras consecuencias

Infraestructura y Equipamiento

-84,4%

Deterioro de edificios escolares y falta de tecnología.

Becas a Estudiantes

-77,4%

Aumento de la deserción escolar en sectores vulnerables.

Acciones para la Formación Docente

-71,2%

Impacto negativo en la calidad pedagógica y actualización.

INET (Educación Técnico Profesional)

-84,5%

Desfinanciamiento de la formación clave para el desarrollo productivo.

Conectar Igualdad

-90%

Desmantelamiento de un plan crucial de inclusión digital.

Si el Gobierno proyecta un aumento real del 8% en el gasto educativo total (como afirma el Ejecutivo), este aumento se licúa o se concentra en áreas marginales, mientras que la estructura y los programas esenciales sufren recortes brutales.

El ¿futuro? de las Universidades Nacionales

Aunque el presidente anunció un monto de $4,8 billones para las universidades nacionales con un supuesto aumento, los rectores y analistas advierten que esta cifra, en un contexto de altísima inflación proyectada (aunque las proyecciones oficiales sean irrealistas), significa un congelamiento o una fuerte reducción en términos reales a niveles ya de por sí bajos. Esto pone en riesgo el normal funcionamiento, la investigación y la extensión de las instituciones de educación superior.

¿Un presupuesto anti-desarrollo?

El Presupuesto 2026 en Educación es, en esencia, un presupuesto de “ajuste ciego” que prioriza un discutible equilibrio fiscal a corto plazo a expensas del futuro del país.

En el fondo, se trata de un ataque a la inversión social más rentable: la educación pública en todos sus niveles. La derogación de los pisos de inversión, sumada al desfinanciamiento de programas estratégicos, solo puede conducir a una profundización de las desigualdades educativas y a una pérdida de competitividad de la Argentina en el escenario global.

Si la verdadera prioridad de un gobierno es el capital humano, debe reflejarse en un aumento progresivo y sostenido de la inversión educativa. Este proyecto, en cambio, propone un camino de desinversión, deterioro y atraso.