Patricia Dunn, exenta de cargos en el caso por espionaje

Raymond Cunningham (superior tribunal de Santa Clara) también redujo cargos menores a otros tres procesados. Dunn y ellos –Kevin Hunter, ex letrado de la compañía, Rolando DeLia y Mattia DePante, detectives privados- habían sido inicialmente acusados de cuatro delitos penales. Eso derivó de su participación en investigaciones secretas dentro de la mayor fabricante mundial de computadoras. Todo empezó cuando Dunn y otros altos funcionarios intentaron obtener la identidad de directores que filtraban datos a ciertos medios.

Parte de las tareas recayó en detectives privados ajenos a la empresa, que fingieron ser funcionarios ante compañías telefónicas. Así, consiguieron registros de grabaciones que implicaban directivos de H-P y periodistas. El consiguiente escándalo acabó con Dunn, despertó interés en la táctica -eufemísticamente bautizada “pretextualizamiento”- y generó dudas sobre la privacidad en el sector privado.

El veredicto sobre Dunn –que sufre una enfermedad terminal- salió horas antes de la primera asamblea de accionistas presidida por Mark Hurd, director ejecutivo y, desde septiembre, presidente de junta. Por supuesto, el caso continúa desarrollándose, ahora en nivel federal.

El dictamen reivindica a los acusados, que –por un momento- parecieron encarnar el difícil equilibrio entre obligaciones empresarias y derechos individuales. Las cosas se encaminaron tras semanas de negociaciones entre los abogados defensores y el nuevo fiscal estadual de California, Jerry Brown.

Joseph Grundfest (derecho, universidad de Stanford) sostiene que un factor decisivo fue el cambio de clima político. El proceso lo abrió el ex fiscal, William Lockyer, luego elegido tesorero del estado, y lo cerró su sucesor, ya sin presiones electorales”. Ambos, la mayoría de los involucrado y los jerarcas de H-P, son republicanos.

La causa se originó en investigaciones internas abiertas por Dunn (2005), tendientes a ubicar las fuentes de filtraciones a periodistas desde el propio directorio. La primera fase terminó sin hallazgos, pero la caza se reinició en enero de 2006, después de aparecer más artículos que empleaban datos reservados a la junta. Cabe recordar que H-P acababa de pasar un trauma: la caída de Carleton Fiorina, hoy se sabe que innecesaria. Ahí aparecieron los audaces detectives privados.

Mientras tanto, los accionistas reeligieron a los ocho miembros de la junta, pero rechazaron una propuesta para permitirles presentar hasta dos candidatos al directorio. La idea obtuvo 39% de apoyo, pero fue duramente resistida por Hurd y la línea de la compañía. Sus proponente sostiene que esa medida hubiese impedido que H-P nombrase directores que representaran “intereses especiales” y reaccionaran ante escándalos como el de espionaje.

“Esta junta ha sido ejemplo de disfunciones”, sostuvieron dos poderosos fondos jubilatorios: el del personal estadual y municipal de California (Calpers), su equivalente neoyorquino y otros. Tarde o temprano, es posible que Hurd deba reconsiderar ese rechazo.

Raymond Cunningham (superior tribunal de Santa Clara) también redujo cargos menores a otros tres procesados. Dunn y ellos –Kevin Hunter, ex letrado de la compañía, Rolando DeLia y Mattia DePante, detectives privados- habían sido inicialmente acusados de cuatro delitos penales. Eso derivó de su participación en investigaciones secretas dentro de la mayor fabricante mundial de computadoras. Todo empezó cuando Dunn y otros altos funcionarios intentaron obtener la identidad de directores que filtraban datos a ciertos medios.

Parte de las tareas recayó en detectives privados ajenos a la empresa, que fingieron ser funcionarios ante compañías telefónicas. Así, consiguieron registros de grabaciones que implicaban directivos de H-P y periodistas. El consiguiente escándalo acabó con Dunn, despertó interés en la táctica -eufemísticamente bautizada “pretextualizamiento”- y generó dudas sobre la privacidad en el sector privado.

El veredicto sobre Dunn –que sufre una enfermedad terminal- salió horas antes de la primera asamblea de accionistas presidida por Mark Hurd, director ejecutivo y, desde septiembre, presidente de junta. Por supuesto, el caso continúa desarrollándose, ahora en nivel federal.

El dictamen reivindica a los acusados, que –por un momento- parecieron encarnar el difícil equilibrio entre obligaciones empresarias y derechos individuales. Las cosas se encaminaron tras semanas de negociaciones entre los abogados defensores y el nuevo fiscal estadual de California, Jerry Brown.

Joseph Grundfest (derecho, universidad de Stanford) sostiene que un factor decisivo fue el cambio de clima político. El proceso lo abrió el ex fiscal, William Lockyer, luego elegido tesorero del estado, y lo cerró su sucesor, ya sin presiones electorales”. Ambos, la mayoría de los involucrado y los jerarcas de H-P, son republicanos.

La causa se originó en investigaciones internas abiertas por Dunn (2005), tendientes a ubicar las fuentes de filtraciones a periodistas desde el propio directorio. La primera fase terminó sin hallazgos, pero la caza se reinició en enero de 2006, después de aparecer más artículos que empleaban datos reservados a la junta. Cabe recordar que H-P acababa de pasar un trauma: la caída de Carleton Fiorina, hoy se sabe que innecesaria. Ahí aparecieron los audaces detectives privados.

Mientras tanto, los accionistas reeligieron a los ocho miembros de la junta, pero rechazaron una propuesta para permitirles presentar hasta dos candidatos al directorio. La idea obtuvo 39% de apoyo, pero fue duramente resistida por Hurd y la línea de la compañía. Sus proponente sostiene que esa medida hubiese impedido que H-P nombrase directores que representaran “intereses especiales” y reaccionaran ante escándalos como el de espionaje.

“Esta junta ha sido ejemplo de disfunciones”, sostuvieron dos poderosos fondos jubilatorios: el del personal estadual y municipal de California (Calpers), su equivalente neoyorquino y otros. Tarde o temprano, es posible que Hurd deba reconsiderar ese rechazo.