Merck premiará a los culpables del escándalo Vioxx
En un gesto típico de cierta mentalidad, Merck & Co. planea jugosas indemnizaciones a unos doscientos ejecutivos superiores. Eso por si se ve forzada a una fusión o una venta, a raíz de la crisis que vive. Hay inquietud en la SEC.
El esquema incluye claúsulas extraordinariamente favorables a la cúpula gerencial, que el directorio pondría en cualquier acuerdo de relevancia sobre el futuro de la empresa. Merck (llamada Merck, Sharp & Dohme fuera de Estados Unidos) tuvo que reconocer la existencia del proyecto, pero sostiene que su objeto es “cubrir una brecha de competitividad” en remuneraciones. La firma dice que fue detectada a principios de año, pero los analistas sectoriales no le creen.
Resulta llamativamente sospechoso –coinciden el “Wall Street Journal”, el “New York Times” y otros medios- que las cláusulas aparezcan justo cuando la farmoquímica afronta acciones de la justicia federal, la Administración de Alimentos y Drogas y la Comisión de Valores, vinculadas al escándalo Vioxx. Tampoco se toma en serio un comunicado aclaratorio, según la cual no se plantean fusiones ni ventas de activos.
Menos plausible aún es otro párrafo del comnunicado: “la meta es retener y estimular a los empleados durante lapsos de incertidumbre”. Ocurre que los beneficios se limitan a los estamentos ejecutivos mejor pagados, no al grueso del personal. La última línea de justificación remite al “casi 90% de grandes compañías norteamericanas y la totalidad de nuestros rivales que tiene este tipo de salvaguardias”.
En realidad, la junta directiva aprobó el paquete el 23 de noviembre, cuando el escándalo ya estaba en los diarios. Pero los detalles recién trascendieron entre lunes y martes de esta semana. No por designio de la firma, sino porque el plan figura en una presentación ante la SEC, requerida para volver a cotizar en Wall Street. Entre los “gatillos” que activarían las claúsulas están la compra, por otra empresa, de más de 20% del paquete accionario con derecho a voto.
Pero el mecanismo también se aplicará en caso de colapso de la actual junta o su sucesora, si los cambios ponen en minoría a los directores de la empresa. Otra contigencia es una fusión que deje a los actuales accionistas controlantes 60% o menos del paquete con derecho a voto en la sociedad sucesora. El plan indemnizatorio abarca el comité ejecutivo, los vicepresidentes; en total, unos 230 mandos (púdicamente definidos como “empleados”).
En la actualidad, Raymond Gilmartin –máximo responsable de los desaguisados y ya candidato al despido- cobra US$ 2,96 millones anuales más opciones acciones por 527.000. Judy Lewent, directora financiera, embolsa US$ 1,34 millones más 137.000 en acciones. El resto oscila entre US$ 585.000 y 610.000 más 137.000 a 210.00 en opciones. Cabe preguntarse si, con semajantes paqueres, precisan planes especiales de indemnización, máxime si son responsables de haber llevado la firma al borde de la venta.
El esquema incluye claúsulas extraordinariamente favorables a la cúpula gerencial, que el directorio pondría en cualquier acuerdo de relevancia sobre el futuro de la empresa. Merck (llamada Merck, Sharp & Dohme fuera de Estados Unidos) tuvo que reconocer la existencia del proyecto, pero sostiene que su objeto es “cubrir una brecha de competitividad” en remuneraciones. La firma dice que fue detectada a principios de año, pero los analistas sectoriales no le creen.
Resulta llamativamente sospechoso –coinciden el “Wall Street Journal”, el “New York Times” y otros medios- que las cláusulas aparezcan justo cuando la farmoquímica afronta acciones de la justicia federal, la Administración de Alimentos y Drogas y la Comisión de Valores, vinculadas al escándalo Vioxx. Tampoco se toma en serio un comunicado aclaratorio, según la cual no se plantean fusiones ni ventas de activos.
Menos plausible aún es otro párrafo del comnunicado: “la meta es retener y estimular a los empleados durante lapsos de incertidumbre”. Ocurre que los beneficios se limitan a los estamentos ejecutivos mejor pagados, no al grueso del personal. La última línea de justificación remite al “casi 90% de grandes compañías norteamericanas y la totalidad de nuestros rivales que tiene este tipo de salvaguardias”.
En realidad, la junta directiva aprobó el paquete el 23 de noviembre, cuando el escándalo ya estaba en los diarios. Pero los detalles recién trascendieron entre lunes y martes de esta semana. No por designio de la firma, sino porque el plan figura en una presentación ante la SEC, requerida para volver a cotizar en Wall Street. Entre los “gatillos” que activarían las claúsulas están la compra, por otra empresa, de más de 20% del paquete accionario con derecho a voto.
Pero el mecanismo también se aplicará en caso de colapso de la actual junta o su sucesora, si los cambios ponen en minoría a los directores de la empresa. Otra contigencia es una fusión que deje a los actuales accionistas controlantes 60% o menos del paquete con derecho a voto en la sociedad sucesora. El plan indemnizatorio abarca el comité ejecutivo, los vicepresidentes; en total, unos 230 mandos (púdicamente definidos como “empleados”).
En la actualidad, Raymond Gilmartin –máximo responsable de los desaguisados y ya candidato al despido- cobra US$ 2,96 millones anuales más opciones acciones por 527.000. Judy Lewent, directora financiera, embolsa US$ 1,34 millones más 137.000 en acciones. El resto oscila entre US$ 585.000 y 610.000 más 137.000 a 210.00 en opciones. Cabe preguntarse si, con semajantes paqueres, precisan planes especiales de indemnización, máxime si son responsables de haber llevado la firma al borde de la venta.
